Viernes, 22 de Febrero de 2019
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PERÚ

Cae sobre Fujimori una acusación formal por esterilizaciones forzadas

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000). (EFE)

Una fiscal peruana formalizó una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus exministros de Salud por considerarlos "autores mediatos" (con dominio del hecho) de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante su régimen (1990-2000), informó hoy la organización civil DEMUS, reportó EFE.

Según la información, la denuncia fue realizada por la fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía, Marcelita Gutiérrez, ante el Primer Juzgado Penal Nacional y comprende a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

También al exasesor del sector Ulises Jorge Aguilar y al exdirector general de la Región Salud IV de la región norteña de Cajamarca Segundo Aliaga Pinedo, así como a otras dos personas identificadas como Octavio Marroquín y Magda González.

En abril pasado, el fiscal superior Luis Landa ordenó denunciar a Fujimori ante el Poder Judicial por este caso y dispuso que los exministros Aguinaga, Costa y Yong fueran procesados como coautores de lesiones graves en agravio de Victoria Vigo, Inés Condori y otras 2.164 mujeres que aparecen como víctimas.

En octubre de 2017, DEMUS dio por probadas las esterilizaciones masivas en Perú. En un comunicado publicado en su página oficial señaló que "de 1993 a 2000 hubo 211.000 mujeres esterilizadas que no recibieron información completa y 25.000 no fueron informadas sobre método irreversible, la mayoría quechuahablante, analfabeta, andina, indígena y en situación de pobreza".

Más tarde, la Defensoría del Pueblo constató que entre 1996 y 2001 se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías, pero desconocía cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.

De ese total de mujeres, 2.166 denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de afectadas era muy alto y por lo menos una de ellas murió por esas prácticas.

Hace 15 años, un grupo de presuntas víctimas presentó la primera denuncia ante la Fiscalía por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud que se perpetró como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1990-2000).