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Política

México, los primeros pasos de López Obrador

El modo en que el futuro mandatario ha manejado el cese de la construcción del nuevo aeropuerto internacional hace pensar que tendrá una relación tensa con las instituciones.

Madrid

"Se acabó el predominio de una minoría; la decisión la tomaron los ciudadanos: es racional, democrática y eficaz", declaró el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, avalando los resultados de la consulta popular, organizada a petición suya la semana pasada, que rechazó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Desde sus inicios en 2015, las obras del NAIM han sido objeto de polémica. 

Así, las poblaciones afectadas por el proyecto no fueron consultadas. El proceso de licitación pecó de falta de transparencia y existen fuertes sospechas de corrupción. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación, el órgano del Congreso que supervisa el gasto público, ha detectado irregularidades en el desembolso de al menos 55 millones de dólares.

Además, el costo previsto parecía excesivo (13.000 millones de dólares) para un país con graves carencias en los servicios públicos.

En este sentido, no pocos expertos cuestionaban la viabilidad de la construcción en el lecho del antiguo lago de Texcoco, es decir, un terreno poco propicio para soportar adecuadamente las pistas y la terminal, augurando altos costes de mantención a largo plazo.

Por si fuera poco, la zona concentra el sistema de drenaje de la capital y los municipios conurbanos, por lo tanto la construcción del NAIM implicaba a la vez hallar soluciones alternativas para prevenir problemas relacionados con inundaciones en el área metropolitana. 

Por último, la región es destino de varias especies de aves migratorias y no está descartado que sea el abrigo de yacimientos arqueológicos.

No es de sorprender pues la fuerte oposición que levantara el NAIM. Al querer frenar su construcción, López Obrador se hace eco de los sectores sociales que hasta ahora veían sus objeciones ignoradas.

Una consulta controvertida 

Ahora bien el modo de proceder del nuevo mandatario en este asunto deja que desear. En primer lugar, resalta la organización deficiente de la consulta. La participación de solo un millón de votantes, en un Estado que cuenta con un padrón electoral de 90 millones de personas, pone en entredicho la representatividad del referendo.

Más problemático es que las 1.073 mesas de votación se situaran en tan solo 538 municipios de los 2.463 del país y que los flojos mecanismos de control permitiesen a quienes quisieran votar más de una vez.

Tomando esto en consideración, resulta excesiva la afirmación de López Obrador de que el resultado de las urnas emergiera de un proceso racional, democrático y eficaz.

Igual de preocupante resulta la ligereza con la que el futuro mandatario se ha referido a los problemas que supone el cese de una obra de semejantes dimensiones y ya completada en casi un tercio.

No se trata de que la construcción, una vez lanzada, sea irreversible, sino más bien de poner francamente sobre el tapete que habrá demoras y pérdidas en la inversión, mientras se estudia la concretización de la otra alternativa, y que el interés general así lo exige. Algo que no se ha hecho.

Al sugerir López Obrador que los contratistas pueden trasladar sus trabajos a la obra de la base militar de Santa Lucía –donde ahora se prevé llevar a cabo la construcción de las nuevas pistas– está hablando como si se pudiese pasar por alto el debido proceso de licitación y concesión.

¿Golpe de efecto?

Queda la pregunta sobre la pertinencia de organizar, a poco más de un mes de la toma de posesión, un plebiscito no vinculante, ya que no se inscribe en el marco institucional, cuando en México existe el dispositivo jurídico para montar en toda regla un referendo –y en este caso con altísimas probabilidades de ceñirse a la voluntad del futuro mandatario–.

López Obrador tenía pues la posibilidad de negociar una moratoria de la construcción con la actual Administración o bien esperar la llegada al poder para anunciar el cese oficial de las obras.

Según la analista mexicana Gabriela Warkentin, lo que en realidad estaba en juego en todo este asunto era "mandar la señal de que viene otra forma de hacer política y de ratificar ante los poderes establecidos que la voz de mando había cambiado".

Ciertamente, la elección de Andrés Manuel López Obrador corresponde a un deseo legítimo de amplias capas de la sociedad mexicana de acabar con la corrupción, la violencia y las profundas desigualdades socioeconómicas que lastran al país.

Pero para que el cambio prometido por el presidente electo sea viable más allá del sexenio que le espera rigiendo los destinos de la nación, es necesario justamente fortalecer las instituciones y hacer que las políticas públicas se inscriban en el marco constitucional.

La manera en que López Obrador ha manejado el fin del NAIM no va en ese sentido. Ojalá sea solo un golpe de efecto y no el anuncio del modo de gobernar que viene. 

 

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