El caso parece salido de un guion de Hollywood. El 25 de septiembre, poco después de aterrizar en China, Meng Hongwei, el entonces presidente de Interpol, le envía un mensaje de WhatsApp a su esposa: "Espera mi llamada". Unos minutos más tarde esta recibe por la misma vía un dibujo de un cuchillo. Será la última comunicación entre ambos.
Alertada sobre la desaparición de Meng, la Policía de Francia, país sede del organismo internacional, abrió una investigación. Por su parte, Interpol exigió a China explicaciones sobre el paradero de su presidente.
Finalmente, al cabo de días de dilación, Pekín reconoció el domingo pasado que Meng se hallaba bajo su custodia por haber recibido sobornos. Horas antes el órgano de cooperación policial había recibido la carta de dimisión del alto funcionario.
El mismo domingo, Grace Meng apareció en una rueda de prensa con el rostro cubierto, por temor a represalias, y aseguró temer por la vida de su marido. Desde entonces los hijos y la esposa de Meng se encuentran bajo protección policial francesa.
Hasta ahora las autoridades chinas han brindado pocos detalles sobre la detención. El comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad Pública precisa que la investigación en curso contra Meng por aceptar sobornos es "absolutamente correcta" y "demuestra que no hay privilegios ni excepciones frente a la ley y cualquiera que la viole debe ser severamente castigado".
Un peso pesado
El arresto de Meng Hongwei es por lo menos sorprendente. Su elección en 2016 a la presidencia del órgano de cooperación policial más importante del mundo constituyó un hito en el avance del gigante asiático en el tablero internacional, pues era la primera vez que un chino dirigía un organismo internacional de semejante envergadura.
Además, Meng es un peso pesado de la política china. Viceministro de Seguridad Pública desde 2004, también se desempeñaba como jefe de varias ramas de la Guardia Costera y tenía voz y voto en las operaciones policiales chinas en el extranjero, en particular la Operación Caza de Zorros, cuyo objetivo es repatriar a centenares de funcionarios y empresarios chinos que han huido del país acusados de corrupción.
No obstante, de modo retrospectivo, la no renovación en abril de su puesto en el comité del partido encargado de supervisar el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública se percibe como un indicio de su pérdida de influencia.
El arresto por soborno marca definitivamente su caída en desgracia. Y es que este tipo de denuncia se enmarca en la campaña anticorrupción, lanzada por Xi Jinping desde su llegada al poder en 2013, para disciplinar el partido único y afianzar su control como secretario general.
Una purga en la que han caído más de un millón de cuadros del partido, entre ellos centenares de altos funcionarios y oficiales del Ejército.
¿Recrudecimiento de la lucha de facciones?
En el caso de Meng la corrupción sería pues un pretexto para zanjar diferendos políticos. Prueba de ello es la mención que hace el comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de la necesidad de "eliminar por completo y con determinación la venenosa influencia de Zhou y promover la limpieza de los órganos de seguridad".
Zhou Yongkang fue el jefe directo de Meng hasta 2007 y quien lo nombró viceministro. También era miembro del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista, el más alto órgano de poder en China.
En 2015 Zhou fue condenado a cadena perpetua por corrupción y abuso de poder. Pero, en 2016, Xi afirmó que Zhou y otros altos dignatarios del partido habían estado involucrados en "conspiraciones políticas".
La detención de Meng apuntaría entonces a duros encontronazos en las altas esferas del poder chino y que rebasarían el entorno de Zhou Yongkang. Pues, de haber sido la conexión con este la causa de la caída en desgracia de Meng, ¿cómo se explica que el Gobierno chino lo haya aupado a la presidencia de Interpol después del encarcelamiento de su antiguo mentor?
En todo caso, el asunto ha de ser de máxima urgencia, pues el arresto de Meng hipoteca seriamente las posibilidades de China de hacerse en un futuro inmediato con el liderazgo de otro organismo internacional de peso, una de las constantes de la política exterior china desde comienzos de siglo.
Sin embargo, la opacidad inherente a las relaciones de fuerza en los altos estamentos del régimen hace difícil determinar qué hay detrás de todo esto.
Bien podría ser un recrudecimiento de la lucha de facciones o que Meng empezaba a actuar con peligrosa autonomía –"su insistencia en hacer las cosas a su manera significa que solo debe culparse a sí mismo por encontrarse bajo investigación", reza el comunicado del ministerio de Seguridad Pública–.
Lo que sí queda claro es que las rencillas de poder se imponen aún a la propia proyección internacional del país.
A la oposición de los grupos defensores de derechos humanos que, tras la elección de Meng a la presidencia de la corporación policial en 2016, expresaron el temor de que este aplicara una agenda de acción politizada, en particular contra los opositores del régimen comunista, se suma ahora la duda respecto a la capacidad de China para asumir un rol de mayor relevancia en los asuntos globales.
Por lo pronto, el expresidente de Interpol se encuentra en manos de la Comisión Nacional de Supervisión, un órgano creado en marzo para intensificar la campaña anticorrupción en el seno de la administración. Las atribuciones especiales de la Comisión permiten retener a Meng durante seis meses en un lugar secreto e incomunicado mientras lo investiga.
"A partir de ahora, dejo la tristeza y el miedo para alcanzar la verdad y la justicia", dijo Grace Meng en la rueda de prensa del domingo pasado. La cuestión es si posee informaciones suficientemente útiles para negociar con las autoridades chinas cierta indulgencia hacia su marido.