Once países de América Latina pidieron al Gobierno de Nicolás Maduro que acepte ayuda humanitaria para "descomprimir" la crisis que originó un éxodo masivo de venezolanos, según una resolución firmada en Quito este martes, reportó la AFP.
Los delegados de los gobiernos reunidos durante dos días en Ecuador "hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados", señala la declaración, que no fue rubricada por Bolivia.
La declaración de intenciones fue suscrita por parte de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
De acuerdo con otro reporte de EFE, el documento contiene la voluntad de los Estados participantes "en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen", anunció al concluir la reunión el representante peruano, César Bustamante.
Según Bustamante, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, se continuará prestando asistencia a aquellos que "buscan encontrar la acogida de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, en términos de hermandad y solidaridad".
En la sesión de cierre, señaló: "Todos hemos cumplido con nuestra labor, todos (..) hemos aportado y nos vamos seguro de haber evaluado adecuadamente la situación, de haber diseñado líneas de acción para poder gobernar esta migración masiva hacia el sur y, finalmente, esta grave situación humanitaria".
La declaración difundida también "exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales".
Menciona entre ellas la concesión regularizada de "cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de la carencia de tales documentos que se ha generado".
Se trata de una exigencia destinada a garantizar la seguridad de los emigrantes, evitar el tráfico de personas, la violencia sexual contra ellos y la xenofobia, pero también dirigida a garantizar la seguridad de las propias sociedades de acogida.
El representante chileno, Raul Sanuhueza, reconoció que le habría gustado "ir un poco más allá" en la declaración y "en reconocer que esto no vino del cielo".
"No es que los venezolanos se pusieron en la mente un buen día salir a caminar y recorrer América Latina. Esta no es una situación de turismo. Lejos de eso, esta es una situación humanitaria grave generada en una crisis", recalcó en su intervención de cierre.
Por ello, consideró imprescindible "apoyar a esos migrantes y apoyar a la comunidad de acogida", dando seguridad a ambos.
Se cumple "plenamente el objetivo fijado que es dar a cada uno lo que es suyo: al migrante venezolano darle tranquilidad y esperanza, y a la comunidad de acogida darle seguridad y confort", sentenció.
Por su parte, José Javier Samaniego, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), opinó que los resultados de la reunión "constituyen una verdadera hoja de ruta" y expresó la plena disposición de su organización a "seguir trabajando con los Estados" y apoyar "las diferentes iniciativas que se han presentado en esta declaración".