"El Gobierno de Ecuador está frustrado por la falta de voluntad política del Gobierno de Venezuela para abrir las puertas a una solución democrática a través de un diálogo nacional genuino", declaró la semana pasada el canciller ecuatoriano José Valencia al anunciar la retirada de su país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).
La medida pretende ser un modo de presión para que el Gobierno de Caracas explore realmente vías de diálogo con la oposición con el fin de encontrar una solución a la crisis interna que ha desatado un éxodo masivo de venezolanos en los últimos meses.
El gesto de Quito dista de ser anodino, ya que supone el abandono de la plataforma que ha servido de caja resonancia al régimen venezolano.
Desde su fundación, en diciembre de 2004 en La Habana, el ALBA ha intentado fomentar la integración regional, bajo los auspicios de Venezuela y de Cuba, acudiendo a los ingentes ingresos del petróleo venezolano. Pero la caída del precio del crudo y la crisis venezolana han significado el declive del proyecto.
Ecuador se desmarca así del eje que respalda incondicionalmente al Gobierno de Nicolás Maduro, constituido esencialmente en torno a Cuba, Bolivia y Nicaragua.
Para el país andino es también una manera de encontrar, en la escena internacional, un posicionamiento más en sintonía con el reforzamiento de los mecanismos democráticos implementado por el presidente Lenín Moreno desde su llegada al poder en mayo de 2017.
Ruptura con el legado correísta
La salida del ALBA marca sin dudas una profundización de la ruptura de Moreno con su predecesor Rafael Correa.
En sus 15 meses de mandato Moreno ha ido desmantelando el entramado institucional destinado en un principio a apuntalar la influencia del expresidente.
Esto se ha traducido en una reforma constitucional, mediante consulta popular, que ha eliminado la reelección indefinida de los cargos electos por sufragio popular –lo cual deja a Correa sin chance de volver a postularse a la presidencia del país–. O bien en la purga del Ejecutivo y de las altas instancias del Estado de los fieles correístas.
El Gobierno de Moreno ha dado también curso libre a las investigaciones judiciales por corrupción que actualmente enfrentan no pocos allegados al poder en la época de Correa, al igual que a la acusación contra el exmandatario de estar detrás del secuestro de un opositor.
A esto se suma la reforma en curso de uno de los dispositivos clave del correísmo para presionar a la prensa, la Ley de Comunicación. O incluso el giro en ciertas políticas económicas de peso. Así, a diferencia del anterior, el Gobierno actual ha hecho del freno del endeudamiento una prioridad.
No obstante, hasta ahora, respecto a Caracas Quito había mantenido una actitud de cautela. Sin hacer gala de entusiasmo bolivariano seguía la línea trazada en tiempos de Rafael Correa, apelando a la no injerencia en los asuntos internos venezolanos.
Las declaraciones del canciller José Valencia, la semana pasada, constituyen pues una recriminación al régimen venezolano por su cierre autoritario.
Situación de emergencia
El portazo al ALBA tiene como detonante la crisis migratoria regional en la que ha desembocado la situación venezolana.
Se estima que desde 2014 más de dos millones de personas han abandonado Venezuela. Tan solo por Ecuador, en lo que va de año, han transitado cerca de medio millón de venezolanos. Y actualmente en la frontera ecuatoriana se registran 4.000 llegadas al día. La mayoría de los migrantes se dirige a Chile y a Perú. Pero 72.000 se han quedado en el pequeño país andino.
Una situación que las autoridades locales temen no poder controlar y que coincide con un momento delicado para las finanzas del Estado.
Hace apenas unos días, en efecto, el Ejecutivo ecuatoriano anunció una nueva serie de ajustes para frenar el déficit fiscal, entre los cuales se contempla la eliminación de subsidios a ciertos combustibles y la reestructuración de la administración estatal.
Esto se debe a que el crecimiento económico muestra síntomas de desaceleración y la deuda ecuatoriana ronda los 60.000 millones de dólares.
Por tanto, como consecuencia de los planes de austeridad en el empleo público que han marcado la gestión de Moreno, aproximadamente 40.000 trabajadores han sido separados de sus puestos.
En este contexto, y dadas las dimensiones regionales que ha cobrado la crisis migratoria venezolana, Quito ha convocado para septiembre una cumbre con 13 países del continente, incluido Venezuela, insistiendo en que el problema no puede ser encarado de manera aislada.
Mientras tanto, intentando frenar el flujo de migrantes, Ecuador comenzó este sábado a exigir a los venezolanos que se presentaran en la frontera con un pasaporte válido.
Una restricción migratoria que ha sido inmediatamente suspendida, y ello por un periodo de 45 días, luego de que la jueza Judith Naranjo aceptara las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, alegando las dificultades que encuentran los venezolanos para obtener cualquier documento oficial –la emisión de pasaportes, por ejemplo, ha sido contratada por el Gobierno venezolano a una empresa estatal cubana–.
Este incidente deja en evidencia las dificultades que enfrentan los países de la región para gestionar la fuga masiva de venezolanos sin dejar de atender los derechos de los migrantes.
No por gusto, el canciller ecuatoriano ha insistido en la responsabilidad del régimen de Caracas: "solo una estabilidad democrática producirá una estabilidad económica que evite la continuación del éxodo masivo de sus ciudadanos".