Viernes, 14 de Diciembre de 2018
Última actualización: 13:50 CET
Política

Colombia, el peligro de ser periodista

En 2018 se han registrado 121 casos de amenazas de muerte a periodistas en Colombia. (COLPRENSA)

"Esta señora debe ser violada, escupida, cortada con una motosierra y colgada en la plaza", exhortaba a mediados de julio un tuit dirigido a María Jimena Duzán, periodista de la revista Semana.

Minutos después del envío del mensaje, la cuenta y la dirección IP fueron cerradas.

Por esos mismos días un panfleto firmado por Las Águilas Negras, un grupo paramilitar, había amenazado de muerte a decenas de defensores de derechos humanos, así como a la editora del diario El Tiempo, Jineth Bedoya, y al medio de investigación La Silla Vacía, declarando que eran "objetivos militares".

Y en una llamada a RCN Radio, alguien que dijo ser del Ejército de Liberación Nacional (ELN), amenazó a la directora, Yolanda Ruiz, y a los periodistas Jorge Espinosa y Juan Pablo Latorre. 

Una oleada de amenazas que causó gran revuelo mediático en Colombia, haciendo que tanto el presidente saliente, Juan Manuel Santos, como su sucesor, Iván Duque, se pronunciaran en contra de las intimidaciones.

Contactada por DIARIO DE CUBA, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señala que en lo que va de año "ha registrado 121 casos de amenazas de muerte a periodistas. Esto representa un incremento del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De hecho, si se tiene en cuenta que en todo el 2017 la FLP documentó 129 casos de amenazas, la cifra se hace alarmante".

Un fenómeno cotidiano

Este hostigamiento a la prensa suele pasar inadvertido, ya que, a diferencia de las sonadas bravatas del mes pasado, concierne a periodistas y a medios con menor visibilidad. 

Como lo explica Juan Esteban Lewin, en La Silla Vacía, "esas amenazas responden generalmente a varios patrones". 

Con frecuencia las amenazas están dirigidas a reporteros que alternan su labor periodística con el activismo social, enfocando sus investigaciones en temas puntuales como la trata de personas o la defensa del medio ambiente.

O bien atañen a periodistas de poblaciones pequeñas o medianas que trabajan sobre la corrupción o delincuencia local. Según Lewin, en ese contexto "es más fácil que los afectados [por las investigaciones] conozcan a los periodistas" y, por tanto, "las amenazas son particularmente graves y efectivas".

Por último, la prensa se ve sistemáticamente acosada en los territorios con presencia de grupos armados ilegales.

Arremetida contra la libertad de expresión

Esta arremetida contra los periodistas coincide con la situación crítica de los defensores de derechos humanos en Colombia.

Tal como lo precisa la FLIP, el incremento de las intimidaciones a la prensa "sucede en paralelo al aumento de asesinatos de líderes sociales en el país", que ya suman más de un centenar en lo que va de año. 

La violencia contra los líderes sociales ha sido una constante desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016. 

Esto se debe, en primer lugar, a que el retiro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –convertidas ahora en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común– ha dejado un vacío de poder que propicia la disputa por el control de sus antiguos territorios entre narcotraficantes y grupos armados, ya sea pertenecientes al ELN, la otra guerrilla de importancia que opera en Colombia, o bien a sectores disidentes de las FARC.

Quienes se oponen a los tejemanejes de estas bandas ponen en riesgo sus vidas.

Por otra parte, durante la guerra civil aproximadamente seis millones de hectáreas fueron despojadas a campesinos y pequeños propietarios. Parte considerable de estas han pasado a manos de exparamilitares, que a la vez poseen todo un entramado de negocios y no pocos lazos con el mundo empresarial.

Se supone que estos sean los instigadores de una parte significativa de los asesinatos de reclamantes de tierra.

No menos determinante es cierta connivencia entre el crimen organizado y las instituciones. Un informe de Programa Somos Defensores, una ONG que rastrea la violencia contra los activistas de derechos humanos, señala que "los poderes ilegales tienen tal alcance que no solo tocan a funcionarios de bajo rango sino que enlodan las más altas esferas de la principal institución investigadora [la Fiscalía] del Estado".

En un comunicado reciente, la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) señala que "el cubrimiento de temas judiciales, de medio ambiente, corrupción, economías ilegales (micro-tráfico, narcotráfico, minería), control territorial de estructuras armadas ilegales y los posibles vínculos de estas con elites de poder local y regional" representa riesgos para los periodistas. 

El incremento del hostigamiento a la prensa y al activismo social no es pues una simple coincidencia, sino que participa de dinámicas que remiten a disfunciones estructurales del Estado colombiano.

En este sentido, la FLIP deplora que la Unidad Nacional de Protección (UNP) –un organismo adscrito al Ministerio del Interior y que maneja la protección de los periodistas– haya desmontado "esquemas de protección de periodistas que se encuentran amenazados". 

Otro elemento que apunta a las carencias institucionales es la impunidad de que gozan los responsables de estas amenazas. 

Según la FLIP, "hasta la fecha no existe ninguna condena o avance procesal significativo por los delitos de amenazas. Esto ocurre, en gran medida, porque los fiscales asignados deciden archivar los procesos, argumentando el problema de tipificación de este delito".

No es de sorprender que Colombia figure en el puesto 130, de 180, en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras.

Remediar esta situación será otro de los retos del nuevo mandatario, Iván Duque.