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VENEZUELA

Un nuevo motín de 'presos políticos' en Venezuela cumple dos días sin respuestas

El instituto checo de derechos humanos CASLA pide a la CPI enviar una misión a Venezuela para investigar torturas.

Caracas

Un nuevo motín de "presos políticos" en Venezuela cumplió el lunes dos días en medio de la ausencia de pronunciamientos oficiales del Gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro y de la preocupación de la Iglesia Católica local, que esa misma jornada pidió la liberación de todos, reportó EFE.

La diputada de oposición Delsa Solórzano difundió un vídeo en el que se observa una veintena de personas y se escucha la voz del preso Manuel Chacín asegurar que los amotinados tienen "total control" de los calabozos de la sede del Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebin) en Caracas, más conocida como El Helicoide.

"Tenemos una sola petición clara e irrevocable: queremos que se traslade, que se presente la Comisión de la Verdad", dice Chacín en referencia a un órgano de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que revisa los casos de los detenidos en el marco del "plan de reconciliación" con la oposición que lleva a cabo el Gobierno.

Chacín fue detenido en octubre del año pasado acusado por el Gobierno de estar implicado en una explosión que causó heridas a siete policías durante las protestas violentas de 2017, que se saldaron con más de 120 muertos y cientos de heridos.

Los presos aseguraron, además, que en los calabozos del Sebin hay detenidos que tienen notificación de excarcelación y personas a las que urge atención médica.

En ese sentido, Chacín exigió que los detenidos en los calabozos del Sebin notificados de excarcelación "sean liberados inmediatamente", que los extranjeros sean trasladados a sus países de origen y que los presos que necesitan atención médica sean llevados a hospitales.

El motín estalló el lunes en un intento de los presos por denunciar los presuntos malos tratos que sufren en su reclusión y demandar la mediación de la Fiscalía.

Es la segunda revuelta por el mismo motivo que se declara en El Helicoide en lo que va de año después de la que se registró entre el 16 y el 18 de mayo pasado, tras la cual varios detenidos fueron liberados.

Algunos familiares de los internos y diputados de oposición permanecen en las afueras de El Helicoide para buscar información sobre el estado de salud de los presos que permanecen amotinados.

Desde allí, la opositora Lilian Tintori, que acompaña a los familiares de los detenidos, reiteró su petición de "libertad plena" para "todos los presos políticos".

"Nadie quiere confrontación, nadie quiere violencia, no creemos en eso, creemos en la libertad, creemos en que los presos políticos deben salir todos libres", dijo, al tiempo que también solicitó la presencia de especialistas de la Cruz Roja para que examinen a los detenidos.

El diputado de oposición Renzo Prieto, quien estuvo recluido en estos mismos calabozos y fue liberado recientemente después de que se revisara su caso, afirmó desde la sede del Parlamento que el grupo de presos mantiene "tomada" la mitad del penal.

En tanto que la Iglesia católica venezolana dijo estar preocupada por la situación de los "presos políticos", que consideró como una de las cosas "más graves que han pasado en este Gobierno".

"En este momento en Venezuela se está atropellando esa esencia del ser humano que es la libertad (...), estamos preocupados por esta situación", dijo el arzobispo Roberto Luckert, representante de la Conferencia Episcopal de Venezuela en declaraciones a los periodistas en las cercanías del Sebin.

El jerarca religioso criticó que no se respeten los documentos de excarcelación que abogados y detenidos aseguran existen sobre algunos de los considerados "presos políticos".

Añadió que el hecho de que no se respete esto significa que en Venezuela no hay democracia.

Estos sucesos ocurren en medio del silencio del Gobierno venezolano, cuyos responsables de los asuntos carcelarios y de seguridad no se han pronunciado acerca de la revuelta.

Por su parte, el abogado Alfredo Romero, director de la organización que lidera la defensa de los "presos políticos", indicó a través de Twitter que dentro del Servicio de Inteligencia hay diez personas recluidas por disentir con el Gobierno que llevan 55 días "incomunicados".

Sin embargo, diputados de la oposición venezolana aseguran que son 18 los "presos políticos" en la sede del Sebin.

Instituto checo pide a la CPI enviar una misión a Venezuela para investigar torturas

El instituto checo de derechos humanos CASLA, que ha presentado varias denuncias por torturas contra el Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), ha pedido el martes a ese tribunal que envíe una "misión sobre el terreno" para recabar datos para su investigación, reportó EFE.

La directora de ese centro especializado en América Latina, la venezolana Tamara Sujú, explicó a la agencia española que la solicitud de esa misión se debe a que las torturas "han sido reincidentes" en el caso de algunas personas.

Este procedimiento es algo permitido en el examen preliminar que realiza el CPI para "las consultas necesarias con autoridades competentes y partes interesadas (familiares y ONG)", añadió la abogada.

La venezolana, actualmente con asilo político en la República Checa, lleva presentados desde mayo de 2016 cuatro pliegos con denuncias de tortura presuntamente sufridas por más de 600 personas.

Sujú ha entregado el martes en el CPI un quinto pliego con 16 nuevas incidencias de tortura que afectan a 44 víctimas directas, sobre todo militares y algunos civiles relacionados con ellos.

Recordó que en este momento hay en Venezuela 82 militares encarcelados y aseguró que la mitad de ellos han sido torturados.

Sobre el nuevo pliego, Sujú precisó que "en varias incidencias prevalece el crimen de violencia sexual, con una violación y varios intentos de violación".

Esta violencia, que consiste en poner alfileres y otros objetos de metal en pezones o testículos de los detenidos o rajarles las plantas de los pies, se utiliza "para obtener acusaciones falsas contra militares y líderes de la oposición", señaló la venezolana.

También se han entregado tres denuncias sobre desaparición forzada de personas, así como contra la "nueva cadena de mando" responsable de torturas durante 2018.

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