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Venezuela

Detenidos por corrupción 23 fiscales que el Gobierno de Maduro vincula a Luisa Ortega

El fiscal general dice que han sido arrestados 1.000 funcionarios del Ministerio Público por 'favorecer la corrupción' en PDVSA.

Caracas

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el arresto de 23 fiscales por su presunta implicación en actos de corrupción, informa Europa Press.

La estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN) publicó que estos 23 detenidos formarían parte de la "red de extorsión" supuestamente creada por la exfiscal general Luisa Ortega Díaz para "favorecer la corrupción en el sector petrolero", por lo que ya han sido detenidos 1.000 .

Ortega Díaz se enfrentó abiertamente al Gobierno de Nicolás Maduro el año pasado y escapó del país para convertirse en una crítica peligrosa, dada la cantidad de información que posee.

"Creían que podían seguir haciendo lo que se hizo en los años en los que estuvo la extitular (Ortega Díaz), implosionando este Ministerio Público, convirtiendo esto en un cartel de extorsión", dijo Saab en una entrevista concedida el lunes por la noche a Venezolana de Televisión (VTV). "Pero aquí no hay intocables", añadió.

Saab, designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, anunció que otras 20 personas han sido detenidas por su presunto vínculo con "las mafias" que han desviado los dólares preferenciales concedidos por el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) "para comprar alimentos y medicinas al pueblo".

"La corrupción es un flagelo que puede hacer mucho daño", afirmó el funcionario. "El fin último de la corrupción es crear un desfalco a la nación y esto golpea no solo al pueblo, sino a los empresarios", agregó.

Para diputados opositores, economistas y observadores, la crisis económica en Venezuela, en un contexto de inflación descontrolada y escasez, guarda relación directa con los descomunales niveles de corrupción gestados en los órganos de administración de divisas y la petrolera estatal PDVSA. Buena parte de estos abusos han sido estudiados y determinados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que domina la oposición.

El Gobierno de Maduro se niega a responder a estas acusaciones y no ha introducido ninguna modificación de su política económica.

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