"Lo peor ya pasó", aseguraba el presidente argentino Mauricio Macri en marzo pasado, durante el discurso de inauguración del año parlamentario, y prometía el comienzo de un periodo de bonanza económica.
Sin duda alguna, se sentía en posición de fuerza. Desde su llegada al poder, en diciembre de 2015, había sido celebrado por los mercados, pues su gestión suponía el fin del proteccionismo en vigor durante los años de los Kirchner.
Tal como destaca el semanario británico The Economist, en la primera etapa de su mandato, Macri revirtió la orientación económica de sus predecesores: liberó el tipo de cambio monetario, redujo los impuestos a las exportaciones, eliminó trabas a las importaciones y selló un largo contencioso con fondos de inversión, lo cual le permitió a Argentina acceder nuevamente a los mercados financieros internacionales.
Todo esto mientras se aplicaba a reducir ligeramente el déficit fiscal y la inflación y a eliminar gradualmente los subsidios a los transportes públicos y servicios básicos (luz, agua, gas, electricidad).
Un conjunto de medidas que se tradujo finalmente en un crecimiento económico del 2,9% en 2017, después de una dura recesión el año anterior.
Como broche de oro, Macri había logrado dividir la oposición y reforzar la presencia del oficialismo en el Congreso, gracias a una victoria arrolladora en las legislativas parciales de octubre pasado.
Todo esto le hacía augurar un futuro inmediato resplandeciente. No contaba, sin embargo, con la subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Una decisión de la Reserva Federal que ha puesto bajo presión las monedas de las economías emergentes, al atraer un enorme flujo de capitales hacia el dólar, pero que hasta el momento solo en el caso de Argentina ha desencadenado una crisis financiera.
En tan solo un día, el 4 de mayo, el peso argentino se devaluó un 9% —en lo que va de año su depreciación acumula ya un 20%—. Así, desde fines de abril, el Banco Central se ha visto obligado a deshacerse de más de cinco mil millones de dólares y a operar varias subidas consecutivas de la tasa de interés, que pasó del 27,25% al 40%, para defender (sin mucho éxito) su moneda.
Solución de urgencia
Ante la estampida de capitales, y para tranquilizar a los mercados, el Gobierno ha decidido solicitar de "manera preventiva" un rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, ha anunciado que buscará reducir el déficit fiscal este año hasta un 2,7% del PIB (cuando inicialmente se preveía una reducción que lo dejara en el 3,2%), mediante un amplio recorte de gastos (sobre todo en la obra pública) de más de 3 mil millones de dólares.
Por lo pronto, el acudir al FMI parece contar con el aval de los mercados, puesto que la Bolsa ha experimentado dos días consecutivos de alza después del anuncio del pedido de rescate.
Sin embargo, estas turbulencias financieras han dejado al descubierto la fragilidad del modelo económico implementado por Macri, que cuenta con dos agujeros negros: la inflación y el endeudamiento.
Si bien es cierto que el Gobierno argentino ha logrado contener la inflación, esta no deja de ser sumamente alta al rondar el 25%, siendo la segunda del continente después de Venezuela. Un dato poco reconfortante.
Por otra parte, en estos dos años, el país austral ha ido sufragando su gasto público mediante la deuda, a razón de 30 mil millones de dólares anuales. Algo que, siempre y cuando se mantenga la carestía del dólar, se vuelve inviable.
Consecuencias imprevisibles
De repente, el horizonte de Mauricio Macri se ve ensombrecido por nubarrones que amenazan con tornarse más densos en los próximos tiempos.
De firmarse el rescate, el Ejecutivo contará ciertamente con liquidez suficiente hasta fines de 2019 (año de elecciones presidenciales) para mantener los muebles a salvo. No obstante, en un país donde gran parte de la población asocia el FMI al default de 2001, resultando ello en la crisis económica más grave de la historia reciente de la nación, el acercamiento con el organismo internacional no se hará sin cierto costo político.
Sobre todo que queda por ver qué condiciones pondrá la instancia financiera a cambio del rescate.
Hasta ahora Macri se había esforzado en aplicar su plan de reformas paulatinamente, consciente de que no posee la baza social y política suficiente para ir más rápido. No es de descartar que un plan de ajustes draconianos se salde con un estallido social, si se tiene en consideración la fuerte resistencia que suscitó a fines de año la reforma del sistema de jubilaciones.
Por lo pronto, las negociaciones con el FMI han galvanizado a la oposición peronista, hasta ahora debilitada y dividida. La recriminación por parte del kirchnerismo era de esperar. En cambio, lo preocupante para el mandatario es la reprobación mostrada por los sectores del peronismo que le han permitido en estos años sacar adelante sus leyes en el Congreso.
Al no poseer el control de las dos cámaras del Legislativo, el Gobierno debe pactar continuamente con la bancada del peronismo no kirchnerista y con los gobernadores de las provincias –la mayoría de ellos también peronistas–. Con el drástico recorte anunciado en la obra pública, además de los ajustes que habrían de llegar de la mano del FMI, la capacidad de negociación de Macri se verá seguramente menguada.
Así, en apenas dos meses, el discurso inaugural de marzo parece una esperanza sepultada. ¿Lo peor está por pasar?