La ciudad natal del héroe nacional de Nicaragua y referencia sandinista, Augusto C. Sandino, concentró el sábado a centenares de personas que se manifestaron para pedir justicia por los al menos 45 muertos que dejaron los enfrentamientos en este país desde el 18 de abril pasado, reportó EFE.
"Hacemos presencia hoy en Niquinohomo para pedir libertad, justicia y democracia", dijo un activista antigubernamental durante un improvisado acto.
Los manifestantes exigieron, además, la renuncia del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Niquinohomo, ubicado a 43 kilómetros al sur de Managua, se pintó el sábado con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua, que era cargada por una multitud de personas que se sumó a medida que avanzaba el recorrido.
Hombres, mujeres y niños en la manifestación gritaban "Justicia", "Eran estudiantes no eran delincuentes" o "Que se rinda tu madre", mientras otra multitud de personas al margen del recorrido levantaba sus puños en señal de apoyo o victoria.
Al menos pobladores de tres municipios vecinos se unieron al recorrido que terminó en el parque central de Niquinohomo.
A raíz de la muerte de al menos 45 personas en las manifestaciones contra el Gobierno, muchos nicaragüenses han separado el "sandinismo" de la figura de Ortega, a quien ahora comparan con el dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado en 1979 por la revolución popular sandinista.
Niquinohomo era considerado un santuario del sandinismo, sin embargo, desde que empezó la crisis sus pobladores afirman que son "sandinistas, pero no orteguistas".
Nicaragua atraviesa una crisis que cumple este domingo 19 días debido a multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, iniciadas por reclamos a la reforma de la seguridad social y que continuaron a pesar de que el mandatario revocó su decisión debido a las múltiples muertes causadas por la represión.
Desde que comenzaron las protestas, los enfrentamientos violentos que se produjeron en Nicaragua dejaron al menos 45 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 los fallecidos.
Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
Persecución policial y laboral a estudiantes y empleados públicos
Mientras, la prensa local advierte que los 13 días que el Gobierno de Ortega ha dejado de reprimir las manifestaciones ciudadanas han sido utilizados para dar persecución penal y laboral a estudiantes y empleados públicos en general, que participaron de alguna manera en la protesta.
"Estamos ante la segunda etapa de la represión, esta vez no es con antimotines, bombas lacrimógenas ni balas de parte de la Juventud Sandinista, sino es una represión disfrazada de legalidad, porque utilizan a la Fiscalía, la Policía y el poder judicial como órganos de persecución y represión judicial", dijo el abogado penalista Nelson Cortez citado por el diario La Prensa.
El también miembro de la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, señaló que el Gobierno lo que quiere lograr con su persecución y amenazas es que la gente se desmovilice y deje de participar en las diferentes protestas del país.
Pobladores de Ticuantepe, Managua, Bluefields y Jinotega han denunciado allanamientos de moradas sin orden judicial, detenciones ilegales de jóvenes que participaron en la marcha y acusaciones por asesinato y motín en Jinotega.
En Ticuantepe la población denuncia que autoridades de la Alcaldía y el mercado municipal, junto a la Policía se han dedicado a amenazar con quitar tramos a los comerciantes que tienen empleados como dependientes a muchachos que participaron en plantones.
Según el medio nicaragüense, los funcionarios llegan a visitar los barrios a los jóvenes y les advierten que se los llevarán presos si los encuentran en las protestas.
El ambiente de tensión y persecución invade el ambiente laboral de diferentes instituciones del Estado, entre estas el Poder Judicial. Afectados han denunciado despedidos en la Portuaria Nacional, en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Educación. "Solo dicen que son órdenes superiores", dijo una de las despedidas.
"A la par de las jornadas de persecución y cacería de brujas de manifestantes y trabajadores del Estado, el régimen orteguista ha montado una campaña de descrédito y desprestigio en las redes sociales, a través de sus seguidores de la Juventud Sandinista y trabajadores informáticos de las instituciones estatales", añade La Prensa.