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Política

'Existe una relación intrínseca entre corrupción y violación de los derechos humanos'

La corrupción impide a los gobiernos cumplir con el uso eficaz de los recursos disponibles.

Madrid

Una simple lista de las principales figuras políticas salpicadas por la trama Odebrecht da idea de la magnitud de la corrupción en un país como Perú: los últimos cuatro mandatarios (Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo); Keiko Fujimori, líder de la principal fuerza de oposición; la izquierdista Susana Villarán, exalcaldesa de Lima.

Estos casos son apenas la punta del iceberg. No en balde, un estudio del Barómetro de las Américas muestra que solo el 7,5% de los peruanos confía en los partidos políticos.

Un país donde, por lo visto, la prevaricación y el cohecho son monedas corrientes, parece un escenario controvertido para un encuentro como la reciente VIII Cumbre de las Américas, que tuvo como eje principal la "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción". 

Con el fin de tener una mejor comprensión del asunto, DIARIO DE CUBA entrevista a Javier Mujica, presidente de Equidad, una asociación civil especializada en políticas públicas y derechos humanos.

A su juicio, ¿cuáles son las principales causas de la corrupción en Perú?

La corrupción es un fenómeno multicausal: debilidades institucionales, predominancia de bajos estándares morales, incentivos sesgados, falta de aplicación de la Ley, elevada discrecionalidad de los funcionarios y alta tolerancia con las puertas giratorias, alto grado de monopolización y oligopolización de la economía, etc.

¿Cómo cree que incide este fenómeno en la democracia peruana?

Las corrupción no solo vulnera el patrimonio público, que es de todos, sino que también impide a los gobiernos cumplir con su obligación de maximizar sus recursos disponibles para alcanzar la completa realización de derechos fundamentales, como el derecho a la educación, la salud y la alimentación de la población sujeta a su jurisdicción. 

Igualmente, excluye a la mayoría de una participación política igualitaria en un escenario de gestión de lo público capturado por parte de una minoría corrupta. Afecta, asimismo, la esfera de la Justicia y el derecho ciudadano de acceder a una Justicia independiente e imparcial. 

Y compromete desproporcionadamente a los más pobres, así como a las personas que en nuestro país (y en toda la región) han estado y siguen expuestas histórica y estructuralmente a diversos tipos de discriminación y exclusión en el ejercicio de sus derechos. Existe además una correlación intrínseca entre la corrupción y la impunidad y, por ende, entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

¿Cuáles serían las medidas más urgentes para luchar contra la corrupción el país?

En el corto plazo, la participación, la transparencia, el acceso a la información y los mecanismos de rendición de cuentas resultan indispensables para encarar la corrupción. 

Y para ello es indispensable que los estados garanticen de manera efectiva el libre y pleno ejercicio de las libertades de asociación y de expresión, el derecho de acceso a la información pública y la obligación estatal de proteger los derechos de los individuos y grupos, así como de proveerles un recurso efectivo si sus derechos son negados.

En el medio plazo, se necesita cambiar un modelo de organización social que eleva al nivel de valor supremo el individualismo, la codicia, el lucro desmedido y la insolidaridad, para remplazarlos por valores inspirados en los derechos humanos y que guían la noción de un desarrollo sostenible, fundado en el respeto a la persona humana y la naturaleza, tanto para las generaciones presentes como futuras.

¿Cree que el nuevo Gobierno tenga algún margen (y la voluntad) para aplicarlas?

Solo si está dispuesto a fortalecer la acción de la Justicia y rompe su dependencia de los poderes fácticos que, dentro y fuera del Congreso de la República, presionan para que se imponga la impunidad y prosiga el festín de corrupción al que asistimos actualmente. Lamentablemente, no parecen haber suficientes visos de que ello vaya a ocurrir.

¿Puede tener la Cumbre recién terminada alguna incidencia en la política peruana?

Ninguna en términos sustantivos. La participación de la sociedad civil —y sus propuestas y consigna central "¡Paren de robar!"— ha sido apenas una referencia casi decorativa. Y los acuerdos finales de los jefes de Gobierno asistentes se han labrado sobre un consenso que, más allá de la retórica, no anuncia medidas concretas significativas.

A lo que se suma la incongruencia de que muchos de los asistentes están involucrados en serias acusaciones de corrupción y que la Cumbre ha estado conducida por alguien como el secretario general de la OEA, señor (Luis) Almagro, que no solo ha hecho notables esfuerzos para descarrilar los trabajos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), sino que ha avalado públicamente el indulto a un expresidente (Alberto Fujimori), condenado por corrupto y autor de crímenes de lesa humanidad, así como hecho lobby para impedir la vacancia de otro expresidente (Pedro Pablo Kuczynski), también acusado de graves delitos de corrupción.

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