Viernes, 14 de Diciembre de 2018
Última actualización: 14:07 CET
Política

Sudáfrica, el legado del apartheid sigue vivo

Cyril Ramaphosa durante su investidura como presidente de Sudáfrica. (AP / Mike Hutchings)

Esta semana el flamante presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, presentó el nuevo Gobierno del país austral, compuesto por una treintena de ministros, después de la renuncia forzada de Jacob Zuma el 14 de febrero pasado.

Las nominaciones más destacadas son las de Nhlanhla Nene, como ministro de Finanzas, y de Pravin Gordhan, quien dirigirá el Ministerio de Empresas Públicas. Ambas figuras, apreciadas por los círculos económicos, habían sido cesadas por Zuma.

Otras, sin embargo, suscitan dudas respecto al margen de maniobra real con que contará el nuevo mandatario para emprender el prometido plan de reformas: lucha contra la corrupción, saneamiento de las instituciones, enderezamiento económico.

En efecto, no ha pasado inadvertida la presencia en el gabinete de Nkosazana Dlamini-Zuma –exposa del antiguo jefe de Estado y derrotada por Ramaphosa en la contienda de diciembre pasado para dirigir el Congreso Nacional Africano (CNA)–, la cual ocupará el Ministerio de la Planificación, o de Malusi Gigaba, hasta hace poco un aliado de Zuma, quien deja la cartera de Finanzas para asumir la de Interior. 

La vicepresidencia, por su parte, cae en manos de David Mabuza, el tenebroso número dos del CNA, cuyo nombre ha sido implicado en casos de cohecho y de asesinatos políticos.

Como explicara Cyril Ramaphosa, aquí la pretensión es crear un equilibrio entre, por un lado, "la continuidad y la estabilidad" y, por el otro, "la renovación y la reactivación económica". Una manera apenas velada de reconocer la intensa lucha de facciones que sigue desgarrando al oficialismo.

En cierta medida, el traspaso de poder en Sudáfrica simboliza las dificultades del CNA para zanjar las tensiones entre el corporativismo político, propio de una organización que vivió durante décadas asediada por el aparato represivo del apartheid, y los intereses del Estado.

La persistencia del apartheid

Justamente, es el secuestro del Estado, como lo definiera la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, lo que originó la caída de Jacob Zuma, quien tiene pendiente una infinidad de juicios por corrupción y tráfico de influencias.

Todo esto mientras seguía profundizándose el deterioro económico del país: la tasa de desempleo alcanza el 35% (si se toma en consideración a los que ya no buscan trabajo), la deuda pública supera el 50% del PIB y el crecimiento económico está estancado alrededor del 1%.

No es de sorprender que en las últimas elecciones municipales, en 2016, el partido opositor Alianza Democrática se impusiera en las principales ciudades del país: Ciudad del Cabo, Johannesburgo, Pretoria y Nelson Mandela Bay.

La cercanía de las elecciones generales, en 2019, convierte este año en un periodo decisivo para el CNA con vistas a recuperar parte del electorado o, por lo menos, frenar el descalabro. De ahí que el partido decidiera finalmente terminar con la era de Zuma.

Pero los retos en realidad van más de la última gestión presidencial, por desastrosa que haya sido, y conciernen las estructuras socio-económicas que han moldeado al país desde la instauración de la democracia.

Sin dudas, el CNA ha conducido con notable éxito la implementación del Estado de Derecho o bien de una estrategia política que evitara el revanchismo contra la población blanca, a la vez que ha sabido atenuar las rivalidades étnicas entre xhosas y zulúes y propiciado el auge de una importante clase media negra.

Sin embargo, como señalara de modo tajante Peter Goodman, en The New York Times, "en lo esencial el apartheid ha persistido de forma económica".

Así, el 10% de los sudafricanos (en su gran mayoría blancos) posee más del 90% de las riquezas, mientras que casi el 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza. El 15% sigue sin acceso a la electricidad. La carencia de recursos lastra los sistemas públicos de sanidad y educación, en un país en que el 12% de los habitantes es portador de VIH y el nivel de formación es por lo general escaso. Por si fuera poco, la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo.

Todos estos males afectan ante todo a la población negra, que ve postergadas indefinidamente sus aspiraciones de mejora económica e igualdad social.

En esta persistencia de las diferencias ha incidido, por una parte, la política de reconstrucción de los townships, las barriadas pobres y periféricas en las que se concentraba buena parte de la población no blanca (negros, indios, mestizos), iniciada bajo la presidencia de Mandela.

Un esfuerzo considerable que, al no ser acompañado por políticas más sostenidas de inclusión socio-económica, ha mantenido paradójicamente la segregación espacial heredada del apartheid.

Una corrupción letal

Por otra parte, la corrupción endémica, que plaga las instituciones, frena el alcance de muchos de los planes establecidos por el Gobierno central para combatir la pobreza, ya que los desvíos de fondos constituyen la norma.

Además, fuera de las redes clientelares tejidas por los partidos políticos y, principalmente, por el CNA, el desempeño de las pequeñas y medianas empresas está condenado al fracaso –soborno, tráfico de influencias y cohecho son prácticas ineludibles–. Algo que indiscutiblemente repercute en las posibilidades de movilidad y ascenso social.

En tales circunstancias, el acceso a los empleos y bienes públicos se vuelve una cuestión de supervivencia. En un reportaje, del semanario Jeune Afrique, Pierre Boisselet lo explica así: "En las provincias desfavorecidas, la carrera política es uno de los pocos medios para prosperar. Permite dar trabajo a los allegados, pero también cobrar comisiones, tan jugosas como ilegales, cuando se adjudican contratos públicos. Y de haber litigios, estos no se arreglan ante los tribunales."

Los litigios en cuestión se refieren a la pugna continua y feroz, por el manejo de los fondos públicos, entre empresarios locales y ediles, los cuales acuden sistemáticamente a asesinos a sueldo para liquidar a sus rivales.

Tan solo en la provincia de la que es originario Jacob Zuma, el Kwazulu-Natal, ha habido una treintena de políticos asesinados en los dos últimos años, la mayoría pertenecientes al CNA. Si bien parte de estos crímenes tiene como causa la lucha entre facciones, no menos cierto es que las corruptelas son el trasfondo predominante. Algo bien resumido por un titular del diario suizo Le Temps: "En Sudáfrica la corrupción mata".

Por último, cabe destacar que el CNA se ha visto, en un sistema global caracterizado por la desregulación de los mercados y el predominio del sector financiero, atenazado a la hora de implementar políticas redistributivas de mayor calado.

Según señala Peter Goodman, tras el fin del apartheid "el Gobierno dejó la tierra y demás recursos en manos de una élite predominantemente blanca. Esa reticencia del Gobierno a efectuar grandes transferencias de tierras reflejaba su temor de inquietar los inversionistas extranjeros."

Así, tanto la reforma agraria como el conjunto de las políticas destinadas a compensar los desequilibrios socio-económicos avanzan desde entonces con suma cautela. Demasiada, quizás, para el abismo que divide a la sociedad sudafricana.

 

1 comentario

Imagen de Anónimo

Excelente para los envidiosos q somos muchos y q en 50 tendremos las secuelas del fascismo tropical del hitler en la piedra

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