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Entrevista

En Bolivia 'es un secreto a voces la asistencia cubana en labores de inteligencia'

Gonzalo Rojas Ortuste, politólogo y autor de 'Cultura política de las élites en Bolivia', conversa con DIARIO DE CUBA.

Madrid

Miles de bolivianos se han manifestado en ciudades de todo el país para reclamar al mandatario Evo Morales que respete el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que la mayoría de los votantes rechazó una modificación de la Constitución que le permitiese al actual jefe de Estado postularse a un cuarto mandato consecutivo.

Coincidiendo con el paro cívico convocado el miércoles pasado por numerosas organizaciones de la sociedad civil boliviana y dado que ahora, con miras a las elecciones presidenciales del año próximo, se inicia una fase decisiva en la defensa de las instituciones democráticas del país andino, DIARIO DE CUBA ha contactado al analista Gonzalo Rojas Ortuste para que nos propicie un mayor entendimiento de la situación política en Bolivia.

Profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, Gonzalo Rojas Ortuste ha centrado sus investigaciones en democracia, procesos de descentralización e interculturalidad, así como en el pensamiento político latinoamericano y boliviano. Entre otros libros, es autor de Cultura política de las élites en Bolivia, una obra imprescindible para entender el desarrollo de la política boliviana contemporánea.

En términos de libertades y derechos, ¿cuál ha sido la evolución en Bolivia desde la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder?

Luego de una gran expectativa por las características de esta irrupción política en 2006, que implicó ciertos avances sociales y económicos y el generoso catálogo de derechos en la nueva Constitución, desde 2011 (con el inicio del conflicto por el proyecto de construcción de una carretera en un territorio indígena protegido, el TIPNIS) es evidente un endurecimiento y descalificación de todo actor social y político que no se alinea a su política y discurso, cada vez más pomposo y distante de las acciones concretas.

El ápice de esto es el intento cada vez más temerario de desconocer el referéndum popular que rechazó, el 21 de febrero de 2016, la pretensión de una nueva reelección del presidente Evo Morales Ayma y del vicepresidente Álvaro García Linera a los más altos cargos del Estado boliviano.

Desde entonces, desde el oficialismo se pretende atribuir dicho rechazo a una conspiración, que incluiría el escándalo desatado por la supuesta existencia de un hijo que Morales habría tenido con la joven Gabriela Zapata, quien acumuló una fortuna gracias a contratos del Estado con una empresa china. Este hecho sirvió para acosar a los medios no oficialistas ni paraoficialistas tildándoles de "cartel de la mentira", agravando la situación de la prensa independiente, que ya estaba bajo presión, debido al manejo discrecional del amplísimo presupuesto publicitario estatal.

Además, se mantiene la represión selectiva por la vía judicial (hay refugiados políticos en varios países, principalmente Brasil): todos los jefes de partido sean nacionales, departamentales o locales tienen procesos y medidas que restringen sus desplazamientos.

Los índices macroeconómicos sugieren la emergencia de una nueva clase media durante la última década. ¿Se debe esto a las políticas económicas y sociales implementadas por el MAS? ¿Son estas mejoras sostenibles?

En efecto, hay evidencia empírica de esa emergencia. Principalmente en un estudio del PNUD de hace unos años, donde se identifica a los bonos [de ayuda social] –los principales se habían iniciado en los gobiernos anteriores al MAS– y que establece su impacto, el cual permitió que las franjas de extrema pobreza fuesen deslizándose hacia el rango de pobreza moderada. Y se produjo cierto efecto ascendente desde allí. Pero los montos sociales son relativamente modestos en relación, por ejemplo, a los destinados a un programa de claros contornos prebendales y clientelistas como es "Evo Cumple", dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Aunque hay en curso un debate ideológico alimentado desde la arrogancia de García Linera, las cifras no están fácilmente disponibles y el trabajo del PNUD citado ya tiene unos años. Allí se establecen recaudos metodológicos para ese denominativo de "clase media"; y, los más importante, se establece que al depender de esos bonos, que son parte de las rentas gasíferas principalmente, es una clase frágil porque está sujeta a esos flujos. Por otra parte, estudios parciales en su cobertura, puesto que llevados a cabo por trabajadores de ONG y fundaciones independientes, reportan la persistencia de empleos precarios y el crecimiento de la informalidad laboral, que es un rasgo persistente de la economía boliviana.

Desde que Argentina y Brasil experimentaron un cambio de rumbo político, ¿cuáles son las relaciones con estos socios comerciales de primer orden?

Evidentemente, las relaciones con Argentina y Brasil se han enfriado en comparación a la existente cuando gobernaban allí regímenes afines ideológicamente. Sin embargo, siendo los principales mercados para el gas boliviano, esa relación comercial se mantiene vigente, a momentos con cierta tensión puesto que las reservas del energético no se han incrementado y las respectivas empresas estatales de los socios lo saben de primera mano.

Por otra parte, más allá de la colaboración económica y profesional, ¿desempeña Cuba algún papel en la política boliviana?

La presencia cubana está oficialmente en programas de salud y en el pasado cercano fue apreciada porque los rasgos de solidaridad eran inequívocos. Recientemente, circuló insistentemente la versión de que profesionales cubanos reemplazarían a los médicos y trabajadores de la salud, que protestaban porque un artículo del recién aprobado Código Penal criminalizaba la práctica médica. Las formas de dicho Código fueron muy poco publicitadas y aprobadas con tal apresuramiento, cerca de las fiestas de fin de año, que hubo importantes movilizaciones ciudadanas y se logró la abrogación del conjunto de la normativa, implicando una evidente derrota del oficialismo. Por ello, esa versión del uso de personal cubano para reemplazar contingentes íntegros de un sector tan importante ha mellado su legitimidad social, además del nulo tacto negociador de la ministra de Salud, formada en Cuba.

Por otra parte, es un secreto a voces la asistencia cubana en labores de inteligencia, o, para ser más expeditos, de policía política. Por supuesto, las fuentes de esto son opacas. Pero es conocida, por ejemplo, una clínica, gestionada por cubanos, en una zona residencial de La Paz, donde se atiende exclusivamente la nomenclatura del actual régimen.

¿Cuáles son las perspectivas políticas en un futuro inmediato?

Estamos literalmente en los días del segundo aniversario del 21F. Ya hace un año, plataformas y colectivos ciudadanos autoconvocados en las principales ciudades del país le recordaron al régimen que en una democracia la mayoría del pueblo, convocada oficialmente en urnas, es la voz determinante. Ese referéndum de 2016 era de carácter vinculante y rechazó modificar la restricción a periodos de mandato establecida en la Constitución de 2009 –en la inmensa mayoría de la constituciones bolivianas solo era permitida la nueva elección de exmandatarios pasado un periodo– en su Artículo 168.

Hoy el MAS trata de hacer valer la sentencia mediante la cual el Tribunal Constitucional, a pocas semanas de dejar su cargo, aplicó una norma internacional redactada para garantizar derechos ciudadanos, favoreciendo así una interpretación sesgada para habilitar que los máximos representantes del Estado boliviano puedan ser reelectos contra lo dispuesto en la propia Constitución boliviana vigente. Los seis miembros que firmaron esa sentencia no inspiran ningún respeto.

Por si fuera poco, estos días el constitucionalista Carlos Alarcón detectó graves irregularidades en tal sentencia, puesto que menciona otras todavía no vigentes, lo que habla del apresuramiento y desaliño, por no decir lo que denuncian los abogados: fraude procesal.

Entre los especialistas en Derecho constitucional del país, está claro el uso arbitrario del Pacto de San José [Convención Americana sobre Derechos Humanos] para justificar el derecho a la reelección de Evo Morales. Sin grandes detalles jurídicos, la gente percibe que los votos de los millones que participaron en el referéndum, con una diferencia a favor del rechazo de más de 136.000 votos es, desde luego, más valiosa que la disposición de los cuestionados tribunos, quienes muy difícilmente dan una imagen de probidad.

Como el régimen está decidido a quedarse, hay riesgos de violencia que no pueden descartarse en esta fase declinante de un proceso ya francamente desgastado en términos morales. La historia boliviana registra mucha inestabilidad política y eso ha perfilado una idiosincrasia rebelde donde las tiranías han sido de muy corto plazo en comparación a otras de la región.

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