Venezuela ha perdido temporalmente su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU a causa del impago de sus aportaciones, indicó este lunes la organización, reportó EFE.
El Gobierno venezolano ya se vio en la misma situación el año pasado y posteriormente recuperó el derecho a votar en ese órgano tras abonar parte de su deuda.
Las normas de la ONU establecen la pérdida del derecho de voto en la Asamblea General para los Estados miembros que tienen pendientes pagos al presupuesto de la organización por una cantidad igual o superior a las contribuciones que les correspondían durante los dos años anteriores.
Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, dijo este lunes que, a fecha 29 de enero, ocho países estaban en esa situación.
Además de Venezuela, se trata de la República Centroafricana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Libia, Surinam y el Yemen.
Las reglas de la ONU permiten excepciones para Estados miembros que se enfrentan situaciones extraordinarias.
Así, la Asamblea General determinó el pasado octubre que Comoras, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Somalia puedan votar durante el actual periodo de sesiones, a pesar de no haber abonado las cantidades correspondientes al presupuesto de la organización.
La CIDH insta a la comunidad internacional a usar su informe sobre Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este lunes a la comunidad internacional a que use su informe sobre Venezuela en sus "esfuerzos jurídicos y políticos" para buscar una salida a la crisis y pidió presionar para que el Gobierno chavista le deje visitar el país, señaló otro reporte de EFE.
Así lo manifestó el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en la presentación del documento en la sede del organismo en Washington, después de entregar el texto tanto al Ejecutivo de Venezuela como al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La Comisión considera que su análisis puede servir de "contexto" para los casos individuales que la Secretaría General de la OEA estudia remitir a la Corte Penal Internacional (CPI), en función de un informe de un panel de expertos nombrado por Almagro y que debería haber visto la luz a finales de enero.
No obstante, el presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren, dejó claro que cada instancia tiene "su competencia" y que la de esta comisión es "determinar la responsabilidad internacional en el marco de los Estados del Sistema Interamericano, no individuales de autoridades o gobiernos de tipo penal".
"No podemos anticipar una evaluación de los casos concretos, pero el informe habla claramente de que identificamos graves violaciones de derechos humanos, así que a buen entendedor...", apuntó Abrão.
Prosiguió que, "de alguna manera, sí construye caminos para la caracterización, a partir de casos concretos, sobre si se cumplen o no los requisitos" para hacer una denuncia ante la CPI sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
En su extenso informe, la CIDH documenta el "alarmante debilitamiento" de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, que se ha "intensificado" en los últimos dos años.
En este análisis, centrado sobre todo en 2017, la CIDH considera que "las graves injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial en el poder Legislativo" son uno de los factores claves de la crisis venezolana.
Además, señala los "altos niveles de corrupción", la "existencia de un patrón de represalias" a quienes se manifiestan contra el Gobierno, "severas restricciones a la libertad de expresión", "el aumento de la violencia y la criminalidad" y el "desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumos médicos".
El Gobierno chavista no permite a la Comisión entrar al país desde su visita de 2002, a partir de la cual el organismo elaboró un informe crítico sobre derechos humanos y democracia publicado al año siguiente.
Por eso, la CIDH tuvo que redactar este informe con la información que recibió en los últimos dos años y con la que solicitó al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil con este fin.