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EEUU

El Gobierno de EEUU, paralizado ante la falta de acuerdo de gasto

El Congreso convoca una sesión extraordinaria para este sábado para empezar a estudiar una versión de la medida de gasto a corto plazo para tres semanas.

Washington

El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos entró en vigor a medianoche del viernes, suspendiendo todas las operaciones a excepción de las esenciales y empañando el primer aniversario de la toma de posesión del presidente Donald Trump en una sorprendente muestra de la disfunción de Washington, informa la agencia AP.

Las negociaciones de último minuto fracasaron cuando los senadores demócratas bloquearon una extensión de cuatro semanas en una votación a última hora, causando el cuarto cierre del Gobierno en 25 años.

La situación que derivó en el cierre gubernamental careció de drama: La votación del Senado era previsible y, dado que comienzo de las medidas excepcionales coinciden con el inicio del fin de semana, muchos de sus efectos inmediatos pasarán desapercibidos para la mayoría de los estadounidenses.

El Congreso convocó una sesión extraordinaria para este sábado para empezar a estudiar una versión de la medida de gasto a corto plazo para tres semanas, y de paso transmitir que están trabajando mientras comienza el cierre. Parece que ambos bandos intentarán forzar votaciones dirigidas a hacer que el otro partido parezca el responsable del impasse en las agencias federales.

La entrada en vigor del cierre gubernamental no está exenta de vergüenza para el presidente ni de riesgos políticos para ambos partidos, que apuestan porque los votantes castiguen al otro en la cita con las urnas de noviembre.

La Seguridad Social y la mayor parte de los programas de bienestar social no se verán afectados por la paralización de las autoridades federales. Las funciones críticas del ejecutivo se mantendrán, y los miembros de los servicios uniformados, inspectores sanitarios y agentes de la ley trabajarán sin sueldo. Pero si no se alcanza un acuerdo antes del lunes, cientos de miles de empleados federales quedarán temporalmente sin trabajo.

Tras horas de reuniones a puerta cerrada y llamadas telefónicas, el Senado votó a última hora de la noche el plan aprobado previamente por la Cámara de Representantes. Se emitieron 50 votos a favor y 48 en contra, pero se necesitaban 60 para romper el bloqueo de los demócratas. Un puñado de demócratas cambiaron el sentido de su voto y respaldaron la medida en lugar de asumir un posible costo político, mientras que cuatro republicanos votaron en contra.

Incluso antes de la votación, Trump se mostró pesimista sobre el resultado y tuiteó "No tiene buena pinta". El dirigente echó la culpa de la situación a los demócratas, quienes según dijo querían que el cierre "ayudase a reducir el éxito" de la reforma fiscal que él y los republicanos sacaron adelante el mes pasado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó más tarde a los demócratas de "perdedores obstruccionistas".

Los demócratas rechazaron la ley de gasto en un esfuerzo por presionar a la Casa Blanca para lograr un acuerdo que proteja a los inmigrantes "dreamers", que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños y no tienen los papeles en regla, antes de que el programa que los ampara ahora expire en marzo.

El presidente siguió los resultados de la votación desde su residencia en la Casa Blanca, hablando con sus aliados y reafirmando su idea de que se culpará a los demócratas por el cierre, según una persona familiarizada con las conversaciones pero que no estaba autorizada a hablar de ellas en público.

Como era de esperar, ambos partidos se apresuraron para culparse mutuamente de la situación. Los demócratas echaron la culpa a los republicanos, que controlan las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca y han tenido problemas para lograr un consenso interno. Los republicanos, por su parte, declararon que la responsabilidad recae en los demócratas tras negarse a proporcionar los votos necesarios para superar el bloqueo en el Senado por su deseo de forzar la aprobación de una ley para proteger a unos 700.000 jóvenes inmigrantes de la deportación.

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