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Política

Túnez, el lento aprendizaje de la democracia

Persiste el engranaje que vinculaba los intereses del antiguo régimen con los de la élite económica.

Madrid

Uno de los grandes retos que ha de superar toda democracia en ciernes es lograr cierta estabilidad socio-política. Los últimos acontecimientos en Túnez son prueba de ello.

A comienzos de año, justo en los días que precedían el séptimo aniversario del derrocamiento de la dictadura de Ben Alí, una oleada de manifestaciones sacudió más de una veintena de ciudades tunecinas, dejando al menos un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.

A semejanza de Irán, el origen de las protestas radica en la entrada en vigor de un presupuesto nacional que contempla un alza de los impuestos y de las tasas sobre los productos alimenticios, los servicios de telefonía y el carburante.

El Gobierno prevé además la aplicación de un plan de austeridad destinado a reducir la deuda y el déficit públicos, que representan respectivamente el 70% y el 9% del PIB. Tales recortes en los gastos públicos se ciñen a los acuerdos pactados con el FMI a cambio de un préstamo de 2.600 millones de dólares.

Esta serie de medidas encajan mal con una población asediada en los últimos años por el estancamiento económico. Según las estadísticas oficiales, la inflación en 2017 ascendió al 6% y la tasa de desempleo alcanza al 15% de la población activa (y al 30% de los jóvenes).

Sin embargo, analistas independientes consideran que estas cifras están por debajo de la realidad, ya que no reflejan, por ejemplo, la ingente proporción del subempleo. Sin contar con la deficiente cobertura social.

Lo cierto es que la corrupción, la falta de oportunidades económicas y la carestía de la vida lastran el cotidiano de la ciudadanía.

Situación delicada

La fragilidad económica se explica en cierta medida por la inestabilidad que ha caracterizado a la vida política tunecina desde la instauración de la democracia.

Pese a una transición democrática relativamente pacífica, en 2015 el país sufrió varios atentados yihadistas que dejaron decenas de muertos –buena parte de ellos, turistas–. El último, perpetrado en noviembre de ese año, dio pie a la instauración del estado de emergencia aún vigente.

Antes, en 2013, una serie de asesinatos de líderes opositores de izquierda enrareció el ambiente político, al suscitar en la opinión pública la sospecha de que detrás de los crímenes estaba el partido islamista moderado en el poder, Ennahda (Renacimiento), y no el islamismo radical como pretendiera el Gobierno de entonces.  

Una situación que repercutió en la caída del turismo y de las inversiones extranjeras, afectando el desempeño de la economía nacional.

Pero otros factores contribuyen al marasmo económico. Ante todo, el hecho de que el engranaje clientelista que vinculaba los intereses de la familia de Ben Alí con los del empresariado no haya sido desmantelado y sustituido por otro modelo de creación de riquezas, transparente y abierto. La privanza y la estrechez de miras sigue así lastrando la economía tunecina.

Clase política ensimismada

En este contexto, el descrédito en que ha caído la clase política en su conjunto constituye un agravante de peso. Ya que esta parece enfrascada en la politiquería en lugar de buscar soluciones para los problemas que enfrenta la sociedad.

Semejante percepción se debe a que la pluralidad de fuerzas en pugna, propia de un escenario democrático, aún no se ha sedimentado institucionalmente. El actual Gobierno de unión nacional, el séptimo desde 2011, es un ejemplo de ello. Un conglomerado de seis partidos, siete hasta diciembre pasado, donde predominan el islamista moderado Ennhada y el heterogéneo Nidaa Tunis (El llamado por Túnez), secular y de centro.

Pero también es determinante el hecho de que las altas esferas han reciclado a no pocas personalidades del antiguo régimen. Sin ir más lejos, el presidente en funciones, Beji Caid Essebi, es un nonagenario que cumplió cargos ministeriales tanto bajo la presidencia de Habib Burguiba como la de su sucesor, Ben Alí, donde también fue presidente del Parlamento.

No en balde, la plataforma que le prendió mecha a las protestas, Fesh Nestanneu? (¿Qué estamos esperando?), emerge de la sociedad civil y ha logrado convocar a amplios sectores de la sociedad con una reivindicación tajante: la retirada de la Ley de Presupuestos de 2018.

La amplia campaña de arrestos, combinada con la falta de enraizamiento y liderazgo políticos, ha hecho que las protestas se hayan prácticamente apagado en los últimos días.

Además, para apaciguar las tensiones, el Gobierno ha anunciado una batería de medidas sociales: impulsar el acceso de los pobres a la propiedad, asegurar una cobertura médica para todos, incrementar las ayudas mensuales para las familias más necesitadas. Un plan que costaría unos 23 millones de euros y beneficiaría a unos 120.000 núcleos familiares.

Aún así, es poco probable que estos parches logren aplacar el profundo malestar que atraviesa la sociedad tunecina. Tal como apunta Béligh Nabli, director de investigaciones en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) de París, el descontento continuará siempre y cuando persista la ausencia de correspondencia "entre adelantos democráticos y progreso social".

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