La suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador prohibió este martes la salida del país del vicepresidente Jorge Glas, vinculado a una investigación penal por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, informó la Fiscalía.
El vicepresidente respondió, reporta AFP, que no pensaba salir del país y aseguró que, "a pesar de que no hay una sola prueba" en su contra, la vinculación "es una oportunidad para demostrar" su inocencia.
"No tengo problema con esa medida cautelar, porque igual no he pensado jamás en irme a ningún lado. Sé que esa medida puede deberse a la presión política y mediática, pues hace rato que la piden a gritos, pero no era necesario", agregó el vicepresidente poco después de conocer la decisión de la Corte Nacional.
El fiscal general de Ecuador, Carlos Baca, dijo que esta prohibición fue presentada "por considerarla que es una medida justa, correcta y, sobre todo, aplicable al caso".
Glas está bajo sospecha por el presunto delito de asociación ilícita para obtener beneficios en contratos.
Jose Conceicao Filho, exdirector de Odebrecht en Ecuador, confesó haber pagado al menos 14,1 millones de dólares a Glas a cambio de contratos con el Gobierno.
Sin embargo, el vicepresidente sostiene que las reuniones con funcionarios de la empresa brasileña fueron para exigir la reparación de obras y niega cualquier vinculación en la trama de sobornos.
Además de Glas hay otra decena de acusados en esta causa, entre ellos exfuncionarios de la constructora, de la petrolera estatal venezolana PDVSA, de la ecuatoriana Petroecuador y Carlos Pólit, excontralor de Ecuador que fue destituido por el Congreso de mayoría oficialista.
El Parlamento retiró la inmunidad a Glas para que eventualmente pudiera ser enjuiciado, aunque todavía no enfrenta una acusación formal dentro del proceso, por el cual su tío Ricardo Rivera ya cumple arresto domiciliario (por tener más de 65 años).
Entre los otros sindicados en este proceso aparecen algunos extranjeros exdirectivos de Odebrecht y Pdvsa que están fuera de Ecuador. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para seis de ellos, incluido Pólit, quien está refugiado en Estados Unidos, porque "existen elementos de convicción que determinan su participación en la asociación delictiva, esencialmente el haber recibido dinero por los actos de corrupción".
El magistrado Miguel Jurado también aceptó ese pedido de prisión preventiva y solicitó a la Interpol la localización y captura de los involucrados.
El juez "aceptó no adoptar ninguna medida cautelar en contra" de los cuatro exfuncionarios de Odebrecht vinculados al caso debido a un acuerdo de cooperación entre la firma brasileña y la Fiscalía, añadió la entidad ecuatoriana.
Glas, acusado por la oposición de estar en envuelto en otros casos de corrupción, fue responsable de sectores estratégicos de Ecuador desde 2007 y a partir de 2013 es vicepresidente.
El caso Odebrecht se destapó en Ecuador en diciembre pasado luego de la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de que la firma pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.
Desde entonces, hay una decena de detenidos en el país, entre ellos Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad del Gobierno del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), el gran aliado de Glas y quien está radicado temporalmente en Bélgica.
El proceso de Glas en el caso Odebrecht se entremezcla en Ecuador con la lucha de poder en el oficialismo, entre los partidarios del presidente Lenín Moreno y los de su antecesor Correa.
Moreno, que le retiró las funciones a Glas en represalia por sus duras críticas, está empeñado en hacer una "cirugía mayor" a la corrupción "venga de donde venga", mientras que los correístas acusan al gobernante de aliarse con la oposición, que pide la cabeza del vicepresidente.
A principios de agosto Correa comparó las advertencias del mandatario Lenín Moreno sobre las crecientes acusaciones de corrupción contra su vicepresidente Jorge Glas con el "caso de Dilma Rousseff" en Brasil.
Varios expresidentes de América Latina están acusados de recibir coimas de Odebrecht y su trama corrupta se extiende a casi toda América Latina incluyendo países como Venezuela, Brasil y Cuba.