Sábado, 18 de Noviembre de 2017
23:50 CET.
Venezuela

Magistrados perseguidos por Maduro quieren trabajar con Luisa Ortega para exponer la corrupción

Los magistrados que se declaran perseguidos por el presidente Nicolás Maduro investigarán casos de corrupción de su Gobierno en coordinación con la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció el jueves el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras reunirse con nueve de ellos en Washington, informa la AFP.

Estos juristas son parte de un grupo de magistrados designados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, para integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a quienes Maduro prometió encarcelar y huyeron a varios países, entre ellos Estados Unidos.

"Nos vamos a acercar a la fiscal (destituida) para tratar junto con ella todas esas pruebas que dice tener y preparar las respectivas denuncias a presentar en los organismos internacionales contra cada funcionario y contra el Estado (...) si es el caso", dijo el magistrado Pedro Troconis, luego de la cita con Almagro.

La exfiscal, un figura del chavismo que rompió con el Gobierno de Maduro a finales de marzo, aseguró el miércoles que dispone de "muchas pruebas" que involucran a Maduro y sus principales aliados en millonarios casos de corrupción.

Troconis dijo que los magistrados aún no han conversado con Ortega, destituida por la Asamblea Constituyente instalada por Maduro y quien huyó de Venezuela denunciando una "persecución política".

"Al igual que la fiscal, vamos a luchar porque en Venezuela se restablezca el hilo constitucional", aseveró por su parte a periodistas el magistrado Antonio Marval.

Los juristas expresaron su "contundente" rechazo a la Constituyente que actúa en Venezuela desde el 4 de agosto con poderes absolutos, aseverando que "no va a resolver los problemas del país", como afirma Maduro.

En una declaración, anunciaron que desde el exilio lucharán contra la corrupción y trabajarán con la justicia internacional "para detener los actos hostiles que amenazan el ejercicio democrático del poder del Estado".

El 21 de julio pasado, el Parlamento venezolano juramentó a 33 magistrados de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo, alegando que los jueces de esa corte fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría chavista y están al servicio del Gobierno de Maduro.

Uno de los magistrados, Ángel Zerpa, fue detenido por los servicios de inteligencia. Los otros están en la clandestinidad, refugiados en diferentes embajadas en Caracas, o en países como Panamá, Chile o Colombia. Diez se encuentran en Estados Unidos.

"Somos magistrados perseguidos", dijo Miguel Ángel Martín, otro de los juristas presentes.

Entretanto, la exfiscal Luisa Ortega, retornó el jueves a Bogotá tras lanzar las graves acusaciones de corrupción contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Brasilia.

Ortega arribó "en un vuelo comercial en compañía de su esposo, el diputado Germán Ferrer", dijo Migración Colombia en un escueto comunicado.

La exfuncionaria está bajo protección del Gobierno colombiano, que le ofreció asilo tras huir de Venezuela.

Ortega participó en Brasilia en un encuentro de fiscales del grupo de países del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Allí, aseguró que dispone de pruebas que vinculan a Maduro y altos dirigentes del oficialismo en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

 

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