Viernes, 19 de Enero de 2018
22:18 CET.
Venezuela

La oficina de Derechos Humanos de la ONU, preocupada por la violencia en Venezuela

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó el viernes su preocupación por el riesgo del aumento de la violencia en Venezuela. La nación sudamericana celebrará el domingo elecciones a una Asamblea Constituyente convocadas por el Gobierno, que ha prohibido realizar protestas de carácter político hasta el martes, reporta la AP.

La oposición venezolana ha instado a la población a boicotear los comicios del domingo, de los que saldrán los delegados que conformarán la Constituyente, cuya tarea será reescribir la Constitución.

"El deseo del pueblo venezolano de participar o no en esta elección tiene que ser respetado", dijo el viernes en Ginebra Liz Throssell, portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La vocera pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que gestione las protestas "en línea con las normas y estándares internacionales sobre derechos humanos", y que quienes se opongan a la votación lo hagan de forma pacífica.

El viernes murió otro joven al recibir un disparo en una manifestación en la ciudad de San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, lo que eleva a 109 la cifra de muertes en casi cuatro meses de protestas, según la Fiscalía, informa EFE.

Gustavo Villamizar, de 18 años, "recibió un disparo por arma de fuego cuando se encontraba en una manifestación en las inmediaciones del Liceo Alberto Adriani", informó en su cuenta de Twitter la Fiscalía General de Venezuela al anunciar una investigación sobre el caso.

Las muertes se han producido en todo el país en episodios violentos y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los últimos meses, especialmente durante el paro general de 48 horas convocado por la oposición y varios sectores sociales en los últimos días para exigir al Gobierno la retirada de la elección de la Constituyente.

Cientos de personas fueron detenidas durante esta nueva acción de protesta, que consistió en el cierre de empresas y estuvo acompañada por una huelga de trabajadores y el corte masivo de calles.

Agentes de la Policía y la Guardia Nacional (Policía militarizada) intentaron disolver en varios puntos del país con bombas lacrimógenas y perdigones a quienes cortaban las calles, que en algunos casos respondieron con piedras y otros objetos.

La Fiscalía ha imputado a responsables de las fuerzas del orden por presuntas violaciones de los derechos humanos durante la contención de las protestas y la fiscal general, Luisa Ortega, ha calificado de "excesiva" la represión contra los manifestantes.

Varios guardias nacionales han sido detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de manifestantes.

Más de 4.500 personas, en su mayoría estudiantes, han sido detenidas desde el 1 de abril, cuando se desató la actual ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro.

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