Jueves, 18 de Enero de 2018
21:54 CET.
VENEZUELA

Exfiscales del Gobierno de Chávez respaldan recurso contra la Constituyente de Maduro

Un grupo de exfiscales, abogados y jueces que sirvieron durante el Gobierno del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acudieron este viernes al Tribunal Supremo para adherirse al recurso de nulidad contra el proceso constituyente que introdujo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, reporta EFE.

El exfiscal general venezolano José Benigno Rojas dijo a los medios que este grupo de juristas decidió "aceptar" el llamado de Ortega a sumarse al recurso legal que pide se anulen las decisiones del Poder Electoral de convocar a elecciones para llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente.

"Quienes tuvimos durante muchos años la responsabilidad enorme e histórica de atender casos y de resolver muchas situaciones jurídicas, hemos decidido aceptar este llamado y nos hemos reunido en un conglomerado jurídico a nivel nacional", dijo Rojas, alegando la presencia de 43 fiscales que quieren "hacer parte como terceros interesados".

Rojas explicó que respaldan y comparten "plenamente" los criterios "esgrimidos" en la solicitud de Ortega Díaz sobre la Constituyente que, a su juicio, no resuelve la crisis del país y, por el contrario, "lo que hace es agravar la situación de tensión".

Asimismo, consideran que las bases comiciales, a través de las cuales se rige este proceso, "transgreden abiertamente el ordenamiento jurídico".

Aunque los juristas acudieron a la máxima corte, no pudieron consignar el documento.

Según dijo a los medios el abogado Carlos Prince, la Sala Electoral del máximo tribunal les explicó que "no van a dar despacho" este viernes, y los "invitaron" a ir el próximo lunes.

"Estaba totalmente bloqueado el acceso a las instalaciones del TSJ y las personas que vinieron tuvieron que devolverse; otros que venían a adherirse también tuvieron que regresarse", agregó Prince.

Esta situación fue advertida desde tempranas horas de la mañana por varios voceros de la oposición, quienes a través de las redes sociales denunciaron que los accesos a la alta corte estaban bloqueados por camiones de la Guardia Nacional (policía militarizada).

Por su parte, la diputada opositora del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Delsa Solórzano acudió también al Supremo para, en representación de su organización política, adherirse al recurso de la fiscal; pero, igualmente, no fue atendida por la Sala.

"Nosotros vamos a insistir en interponer el recurso de adhesión al que ha introducido ya la ciudadana fiscal general", aseguró.

Solórzano indicó que la oposición ha establecido un "operativo legal" para que todos los ciudadanos que quieran sumarse a este recurso puedan hacerlo.

En ese sentido, invitó a descargar el documento a través de las redes sociales, el cual solo debe ser firmado, al tiempo que aseguró que habrá abogados "disponibles", y de forma gratuita, para asesorar sobre este procedimiento desde el próximo lunes.

La fiscal general introdujo este jueves ante el Supremo un recurso de nulidad contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, por considerar que viola el principio de la soberanía y "para defender la Constitución".

'Y cuál, y cuál constituyente, si lo que queremos es un nuevo presidente'

Miles de opositores marcharon el viernes a la sede del ente regulador de las telecomunicaciones contra la censura, mientras la propuesta del presidente Nicolás Maduro de reformar la Constitución enfrenta un pedido de anulación de la fiscal general, reporta AP.

Al grito de "Y cuál, y cuál constituyente, si lo que queremos es un nuevo presidente", los manifestantes se movilizaron por varias avenidas del este de Caracas hasta llegar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones donde una comisión de universitarios se reunió con las autoridades para exigir el cese de la censura a algunos medios y que se detenga una propuesta del gobierno para regular las redes sociales.

Esta es la segunda vez en una semana que los opositores logran llegar sin problemas a un organismo estatal. El pasado 2 de junio miles de manifestantes marcharon hasta la estatal Venezolana de Televisión.

Por la mañana camiones antimotines de la Guardia Nacional bloquearon los accesos a una de las principales avenidas del centro de la capital donde está la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

El cierre de la vía se produjo un día después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz acudiera al máximo tribunal para introducir un recurso de nulidad contra la Asamblea Nacional Constituyente porque, aseguró, vulnera el derecho al sufragio y la participación política.

Los manifestantes llegaron a la sede de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en La Mercedes, en el este de Caracas, donde un grupo de nueve universitarios entregó un documento de peticiones a las autoridades, informa AFP.

"Han quitado medios porque no reproducen la matriz de opinión del gobierno. Venimos a pedir el cese de la persecución de periodistas", dijo Santiago Acosta, dirigente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Maduro acusa a un sector de la prensa de conspirar con una campaña de desprestigio en su contra para desestabilizar al Gobierno.

"¿Qué es libertad, solo reproducir lo que quiere Nicolás Maduro? ¡No, señor! Les exigimos responsabilidad", cuestionó el dirigente estudiantil Daniel Ascanio, de la Universidad Simón Bolívar, a una autoridad de Conatel, según un video de celular difundido por internet.

La ONG Espacio Público denunció que el Gobierno aplica una "política de censura" contra la prensa crítica, en tanto que el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado más de 200 agresiones a periodistas durante las protestas.

"Hoy exigimos libertad, y dentro de esto está la libertad de expresión", manifestó otro activista estudiantil.

A la marcha, por varias calles y avenidas del este de Caracas, se unieron otras personas para protestar por la severa crisis que afecta al país, exigir la salida del poder de Maduro y rechazar la Asamblea Constituyente convocada por el mandatario.

Los jóvenes que pedían ver al director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez, no pudieron entrar solo nueve de ellos fueron recibidos por un comité delegado, encabezado por el gerente de operaciones, Enrique Quintana, quien durante la reunión que sostuvieron con los estudiantes, alegó que el presidente del ente se encontraba fuera de Caracas cumpliendo con compromisos, según precisa EFE.

Tras el encuentro, el presidente de la Federación del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB), Daniel Ascanio, dijo a periodistas que "no hubo ningún acuerdo de parte de los estudiantes ni del gerente de operaciones de Conatel", pues según dijo, "para ellos no está pasando nada" en el país.

Indicó que el comité delegado de Conatel les explicó que el cierre de canales como Radio Caracas Televisión (RCTV), y el cese de transmisiones del canal colombiano NTN24, y el estadounidense CNN en Español han sido "porque se vencieron concesiones".

Para los estudiantes esta justificación no es válida pues alegan que están "usando eso como instrumento político para cercenar la libertad de expresión en Venezuela".

Ascanio reiteró que solicitaron a Conatel que "cese el cerco mediático, que existan sanciones para medios como (el canal estatal) VTV por difamar información respecto a la muerte" de venezolanos en las protestas.

Por su parte, el consejero universitario de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Santiago Acosta invitó a los medios de comunicación a que no se "autocensuren".

Acosta aseguró además que Conatel es el responsable de la censura en Venezuela, pues señaló "que tienen a personas puestas dentro de los canales de comunicación y no permiten que se transmita la información (por) más de 30 segundos, más de 20 segundos".

Esta marcha opositora, encabezada por el llamado Movimiento Estudiantil, forma parte de la agenda de manifestaciones que la oposición venezolana lleva a cabo contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La oposición lleva a cabo casi a diario desde el 1 de abril manifestaciones contra el Gobierno, que han dejado 67 muertos y cientos de heridos y detenidos, según la Fiscalía.

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