Sábado, 18 de Noviembre de 2017
23:50 CET.
VENEZUELA

Amnistía Internacional denuncia detenciones arbitrarias para 'acallar' a la oposición venezolana

Amnistía Internacional (AI) denuncia la proliferación de detenciones arbitrarias en Venezuela para "acallar a la disidencia política", según recoge el informe Silencio a la fuerza que la ONG difundió el martes en México.

AI recoge varios casos que muestran "las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en cuestiones de las detenciones arbitrarias por motivos políticos", explica en una entrevista con EFE la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas.

Especialmente, aquellos casos en los que se afecta la integridad de las personas o se viola el debido proceso de diversas formas, demostrando que no hay independencia entre el sistema de justicia y el poder Ejecutivo.

Guevara-Rosas asegura que "es muy preocupante que las autoridades no estén tomando medidas para garantizar la protección de todos, sin distinción de sus opiniones políticas".

La organización pretende mostrar una visión "más integral" de lo que está ocurriendo en el país caribeño, lo que cobra una mayor relevancia estos días por las protestas que se están celebrando desde hace tres semanas.

Estas manifestaciones cargan contra el Gobierno de Nicolás Maduro por las sentencias del Supremo que le restan competencias al Parlamento —de mayoría opositora— y piden elecciones generales y la liberación de presos políticos, entre otras demandas.

En este marco, 1.289 personas han sido detenidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía venezolana. "Sabemos que siguen en situación de detención al menos 800, no sabemos en qué condiciones" por el secretismo de la información, porque se les atribuyen delitos del fuero militar, señala Guevara-Rosas.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó el martes, sin embargo, que solo permanecían bajo arresto 65.

Según AI, los civiles en Venezuela están siendo presentados ante tribunales militares, dado que se les acusa de delitos de este ámbito, "y se trata en muchos casos" de personas que se oponen abiertamente al régimen de Maduro".

Amnistía considera "preocupante" el empleo "sistemático" del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que depende directamente del vicepresidente y tiene como mandato "la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado venezolano".

Este mecanismo, afirma Guevara-Rosas, "está deteniendo por motivos políticos a las personas de forma arbitraria", sin tener facultades para ello y, en la mayoría de los casos, sin orden de detención dictada por un juez.

Entre las historias que recoge el informe en torno al SEBIN se encuentra la de la activista de Voluntad Popular Steyci Escalona y el diputado Gilber Caro, en cuyas detenciones "se violaron todos los principios del debido proceso" y ni siquiera se respetó el principio de inmunidad parlamentaria de Caro.

Otros casos, como el del concejal opositor José Vicente García, muestran cómo algunas personas continúan encarceladas incluso después de que un juez presente una orden de liberación oficial.

Además, la organización manifiesta su inquietud por si estas detenciones llevan a otras violaciones "graves" de derechos humanos, como la tortura o la desaparición, ya que han registrado casos en los que las personas detenidas quedan incomunicadas, sin poder establecer contacto con sus familias o representantes legales.

Como una de las recomendaciones, Amnistía pide al poder Ejecutivo que retire la denuncia que interpuso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepte la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "para que la gente pueda buscar justicia", apunta Guevara-Rosas.

El informe, concluye la directora regional, es un llamado a que las autoridades, "en vez de reprimir a la gente, empiecen a buscar soluciones duraderas y efectivas a la crisis humanitaria que atraviesa el país" y que desencadena las violaciones a los derechos humanos.

Tamara Sujú: 'La CPI tiene suficientes pruebas de torturas en Venezuela'

La abogada Tamara Sujú, promotora de una demanda por torturas presentada contra el Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), manifestó el martes su convicción de que ya existen "suficientes pruebas" para que la acción prospere.

"Confío en que todo el material presentado a la CPI en La Haya demostrará que en Venezuela se ejerce desde años un tipo de control social a través de la tortura y el terror", dijo la abogada en una entrevista con EFE durante una visita a Brasil, donde fue recibida por autoridades del Parlamento y el Gobierno de Michel Temer.

Sujú, nacida en Caracas, reside desde 2014 en Praga, donde obtuvo protección diplomática ante las "amenazas" que recibía en su país natal, y dirige el Instituto checo de Estudios sobre América Latina, CASLA, que ha denunciado cientos de casos de tortura presuntamente ocurridos en Venezuela entre 2002 y "las últimas semanas".

Según explicó, las denuncias formuladas ante la Corte de La Haya, que aún no ha decidido si serán aceptadas, aunque pudiera hacerlo este mismo año, se refieren a "61 incidencias" que representan unos 600 casos de torturas por parte de "todos los organismos de seguridad" del Estado venezolano.

Unos 200 de esos casos ocurrieron a partir de 2014 y una veintena de ellos, informados a la corte la semana pasada, se registraron en los últimos 20 días en el marco de las protestas.

La abogada afirmó que, por testimonios recogidos en Venezuela, la mayoría de los heridos fue víctima de perdigones de goma, usados por las fuerzas de seguridad y disparados a corta distancia, o de balas utilizadas por los llamados "colectivos", que definió como "grupos paramilitares, civiles sicarios armados por el Gobierno".

Sujú sostuvo que la documentación que ha dado lugar a la demanda y la que ha recibido en los últimos días demuestra que la tortura en Venezuela es "sistemática" y que tiene como objetivo desde "obtener información" sobre los opositores, hasta "intimidar" a adversarios del Gobierno o "simplemente castigar" a quienes protestan.

Tanto el presidente Maduro como otros miembros del Gobierno han negado la práctica de torturas, las han vinculado a una supuesta trama internacional contra la "revolución" iniciada por el fallecido Hugo Chávez y han descalificado a los denunciantes.

Sujú, sin embargo, garantiza la veracidad de las denuncias que ha presentado en La Haya, que han sido apoyadas en testimonios de las propias víctimas, muchos de cuyos nombres mantiene en reserva por cuestiones de "seguridad".

El abogado brasileño Fernando Tiburcio, que trabaja en el área de derechos humanos y promocionó la visita de Sujú a Brasil, dijo a Efe que "en la actual coyuntura, las presiones que pueda ejercer toda la comunidad internacional son cruciales" para atajar la violencia en las calles de Venezuela y buscar una solución política al conflicto.

Según Sujú, en el país caribeño hay actualmente "un solo grupo armado", que "está en el Gobierno" y es el "único responsable" de la violencia desatada en las protestas y de las violaciones a "todas las convenciones sobre derechos humanos que existen en el mundo".

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