Lunes, 5 de Diciembre de 2016
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Venezuela

El Parlamento exige a Maduro destituir a su representante en la ONU por implicación en la corrupción de PDVSA

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), de mayoría opositora al Gobierno, señaló este miércoles la responsabilidad política del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez por su supuesta implicación en casos de corrupción, reporta EFE.

La moción fue aprobada con el voto de la mayoría opositora, pese a la ausencia de la facción chavista, y pidió al presidente del país, Nicolás Maduro, que destituya a Ramírez, quien actualmente es el representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Cámara también aprobó la determinación de responsabilidad política de Javier Alvarado Ochoa "en función de las irregularidades cometidas en detrimento del patrimonio de la República durante el ejercicio de su cargo como presidente de Bariven (una filial de PDVSA)".

Estas decisiones se adoptaron en el marco de una investigación, también aprobada por el Legislativo, que expone 10 casos de supuesta corrupción en PDVSA que implica una cifra superior a los 11.000 millones de dólares.

El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, presentó el informe ante un pleno al que acudió con 10 cajas que, según dijo, contienen diez casos de los que han "conseguido pruebas", en el incidente "más grande de toda la historia de Venezuela y buena parte del continente".

Este informe incluye casos de supuesto desfalco ocurridos entre 2004 y 2013, tiempo en el que Ramírez ejerció ininterrumpidamente como titular de PDVSA y del Ministerio de Energía y Petróleo.

Guevara aseguró que en un informe de la Contraloría General de la República (CGR), colgado en su página web, se evidencian "más de 1.500 millones de dólares que no se pueden justificar del manejo" de Ramírez en PDVSA.

Entre los casos citados por el opositor está la compra de unos "taladros chinos" para la que el Gobierno —siempre según Guevara— usó intermediarios para justificar un sobreprecio de 43 millones de dólares "y hoy día nadie sabe dónde están los taladros chinos".

También citó la denuncia de supuesto blanqueo de dinero de PDVSA en la Banca Privada de Andorra (BPA), un caso que involucraría a Diego Salazar, un primo de Ramírez que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después liberado.

Guevara dijo, además, que PDVSA alquiló en 2008 una gabarra —que se hundió por un fallo en 2010— por un monto de 730.000 dólares diarios, o al menos así lo reseñó la estatal en uno de sus informes anuales.

Sin embargo, continuó el parlamentario, la empresa que dio en alquiler la gabarra informó en 2010 de que el coste diario era de 286.000 dólares diarios, lo que arrojaría una diferencia de 444.000 dólares diarios durante dos años.

Los parlamentarios opositores acordaron enviar una copia del expediente a la ONU, a la Contraloría, a la Fiscalía venezolana y demás órganos competentes para las actuaciones respectivas.

El Supremo venezolano ha declarado en desacato al Parlamento por incumplir una sentencia y, por tanto, la nulidad de los actos de la Cámara.

Esta semana, como uno de los resultados del diálogo entablado entre el Gobierno venezolano y la oposición política, el Legislativo acató dicha decisión del Supremo, por lo que resta ver el desenlace que tendrá las responsabilidades políticas determinadas por el pleno.

Ramírez, por su parte, ha desestimado estas averiguaciones y en octubre aseguró en un comunicado que el informe de la Asamblea es "falso" y que se "fundamenta en mentiras y difamaciones".

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