Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
21:45 CET.
VENEZUELA

El Gobierno venezolano acude a los militares para combatir la escasez

El ministro de Defensa asumió nuevas competencias en Venezuela, que enfrenta graves problemas de escasez e intenta contener las protestas callejeras por falta de alimentos, reporta la AP.

[La crisis venezolana en DIARIO DE CUBA]

El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes por la noche la creación de una nueva iniciativa del gobierno con el fin de aumentar la producción y garantizar la distribución de los alimentos para combatir la escasez, que según las autoridades es consecuencia de una "guerra económica" promovida por sectores opositores locales e internacionales.

En declaraciones en cadena de radio y televisión, Maduro dijo que la denominada "Gran Misión de Abastecimiento Soberano" estará bajo su mando y del ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, quien se encargará de coordinar las labores de todos los ministerios e instituciones estatales en materia de abastecimiento.

El mandatario indicó que la nueva iniciativa se enmarca dentro del decreto de emergencia económica y estado de excepción que acordó en mayo, y que autorizó a las fuerzas militares y demás cuerpos de seguridad para apoyar al Ejecutivo y garantizar la distribución y comercialización de los alimentos y otros productos básicos.

Ese ese sentido, el gobernante destacó que, en su primer día de vigencia, la "Gran Misión de Abastecimiento" abordó 30 objetivos estratégicos, entre ellos los cinco principales puertos marítimos del país y "25 grandes empresas", que no mencionó, para supervisar y agilizar la distribución de artículos básicos.

"Hoy tomamos cinco puertos fundamentales del país, los puertos de La Guaira, Puerto Cabello, Guanta, Maracaibo y el de la isla de Margarita (y) he decidido... nombrar una autoridad única para cada uno de estos cinco puertos, como primera medida reorganizadora, y he decidido nombrar nuevo presidente de Bolipuerto (el organismo gubernamental que los administra) al mayor general del Ejército (Efraín) Velasco Lugo", anunció el martes el gobernante en su programa semanal de radio y televisión En contacto con Maduro.

La medida busca llevar adelante "una restructuración total del funcionamiento de los puertos para ejercer 'control total'" de sus operaciones porque "hemos encontrado un caos, un desorden" que Maduro atribuyó a la corrupción.

No está claro si las acciones que el Gobierno ha desplegado en los últimos meses están funcionando.

En junio hubo un promedio de 24 protestas diarias, según un estudio que difundió el martes la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Aproximadamente un tercio de esas protestas fueron desencadenadas por la grave escasez de alimentos.

"No es un asunto de militarizar... No me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar, pero esto es un asunto de seguridad y defensa de la patria", dijo el martes Padrino López en alusión a los señalamientos de algunos opositores y analistas, quienes afirmaron que las nuevas atribuciones que recibió la fuerza armada a través de la nueva misión le dan a los militares un mayor control de la economía.

El jefe militar indicó, durante un encuentro del Consejo Nacional de Economía, que con las nuevas atribuciones que recibió la fuerza armada se busca "poner un poco de disciplina" en todo el proceso de distribución de alimentos y otros bienes básicos, lo que llevará a los uniformados a intervenir en tareas de supervisión, fiscalización y verificación.

Los militares iniciaron el martes actividades de supervisión en algunos puertos del país, empresas públicas y privadas y almacenes, precisó el ministro.

Padrino López descartó que estas nuevas funciones impliquen acciones de intervención, aunque sostuvo que el estado tiene atribuciones para actuar en ese sentido.

El funcionario, uno de los pocos oficiales del ejército capacitados en Estados Unidos que sigue ocupando altos cargos en la fuerza armada, ha sido durante mucho tiempo uno de los más estrechos colaboradores militares del mandatario venezolano.

Maduro carece de los antecedentes militares de su predecesor y mentor, el difunto Hugo Chávez, y desde que asumió el cargo en 2013 ha cortejado el apoyo de la fuerza armada al ampliar enormemente sus funciones en la economía, que es altamente dependiente del petróleo.

Además de dar a oficiales activos y retirados puestos clave en el gabinete ministerial, Maduro ha adjudicado a las tropas algunos aumentos salariales para tratar de hacer frente a la desbordada inflación, y también les ha permitido operar un canal de televisión y un banco.

La fuerza armada ayudó al Gobierno a contener la ola de las protestas que se dio en el 2014, y también ha hecho frente a últimos disturbios callejeros que se han registrado en el país, los cuales han sido protagonizados principalmente por los sectores pobres que en el pasado respaldaron mayoritariamente a Chávez.

Al menos cinco personas fallecieron el mes pasado en el país durante unas protestas por alimentos que hicieron recordar a muchos venezolanos los violentos saqueos, conocidos como el Caracazo, que ocurrieron entre el 27 y 28 febrero de 1989 en la capital venezolana y zonas aledañas, y que dejaron más de 300 muertos. Por los fallecimientos de junio pasado fueron detenidos dos policías y un guardia nacional.

El Parlamento venezolano aprueba rechazar un plan de Maduro para combatir el crimen

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó el martes rechazar el plan estatal para combatir el crimen denominado Operación de Liberación del Pueblo (OLP) por presuntamente poner en práctica ajusticiamientos extrajudiciales y detenciones arbitrarias, entre otras acciones ilegales, reportó EFE.

El "Acuerdo en rechazo a la inefectividad en el combate del crimen y las graves violaciones de los derechos humanos presentadas en el marco de la denominada Operación de la Liberación del Pueblo OLP" fue aprobado en la sesión ordinaria del martes después de que un grupo de madres contaran que sus hijos fueron ajusticiados bajo este plan.

El acuerdo toma en cuenta un informe de la ONG venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) que indica que a un año de ejecución de la OLP se han producido al menos 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales, cerca de 14.000 detenciones arbitrarias, miles de desalojos ilegales y cientos de humildes viviendas destruidas.

La Asamblea Nacional venezolana acordó "exhortar al presidente de la república (Nicolás Maduro) al cese de las OLP en todo el territorio nacional".

También se exhorta al jefe de Estado al diseño y ejecución "de un verdadero plan de seguridad ciudadana que garantice de manera efectiva la integridad física y los bienes de los venezolanos".

Asimismo se solicita a la fiscal general, Luisa Ortega, la apertura de las investigaciones penales correspondientes y la determinación de las responsabilidades de los casos de violación de derechos humanos ocurridas en el marco de la OLP.

Además se insta a los organismos del Estado al resarcimiento efectivo e inmediato de todas las víctimas de la OLP.

Un grupo de mujeres de sectores populares en los que se ha aplicado la OLP que tuvo derecho de palabra en la sesión parlamentaria aseguró que sus hijos fueron ajusticiados sin haber sido sometidos a procesos judiciales.

También denunciaron que les robaron sus enseres, les tumbaron sus casas y a algunas, incluso, las privaron de libertad por varias semanas.

"Soy una víctima más tanto del hampa uniformada como del hampa común", dijo Brigitte Duarte. Narró que su hijo de 17 años murió en mayo pasado presuntamente por causa de disparos de funcionarios policiales en el marco de la OLP.

"La mal llamada Policía Nacional Bolivariana le arrebata la vida a mi hijo por solamente ayudar a otro ciudadano que venía herido de un tiroteo", contó.

Y agregó: "No basta con que nos los maten de hambre, no basta con que nos los maten a tiros, sino que ya no sé en quien confiar", dijo.

La diputada chavista Nora Delgado aseguró que "el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro no está dando ningunas órdenes como Gobierno para matar a su pueblo".

Comentó que "es bastante malintencionado y poco serio políticamente" traer al seno del Parlamento "un dolor tan profundo como es la pérdida de un familiar para confundir a la opinión pública de que Nicolás está dando órdenes para matar a su pueblo".

"La justicia demostrará cuál es la verdad y sea quien sea, lo ha dicho el presidente, caiga quien caiga, el Gobierno no será cómplice de ningún hecho delictivo", aseguró.

Por su parte, el diputado opositor Carlos Michelangeli dijo que el Gobierno ha puesto en marcha 24 planes de seguridad "y todos han fracasado".

La parlamentaria Delsa Solórzano agregó que "un operativo que mata inocentes no es un plan de seguridad ciudadana" y pidió que se suspenda.

Según cifras oficiales, Venezuela tiene una tasa de homicidios de 58,1 por cada 100.000 habitantes, lo que en 2015 se tradujo en 17.778 muertos en casos de homicidio intencional o doloso.

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, por su parte, contabilizó en 2015 la cifra récord de 27.875 muertes violentas, lo que sube la tasa de criminalidad a 90 por cada 100.000 habitantes.

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