Lunes, 18 de Diciembre de 2017
13:21 CET.
Brasil

El Senado brasileño conforma la comisión especial que analizará la destitución de Rousseff

El Senado brasileño conformó este lunes la comisión especial que analizará el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, inicio de una deliberación que podría apartarla del cargo en pocas semanas, reporta la AFP.

Tras una derrota apabullante en la Cámara de Diputados el 17 de abril, la eventual continuidad del impeachment será analizada por una comisión de 21 senadores que empezarán a trabajar este martes y tendrán hasta diez días útiles para llegar a una conclusión y recomendarla al pleno del Senado.

Si la mayoría de los senadores ratifica la decisión de los Diputados —en una votación prevista para mediados de mayo— Rousseff perderá la presidencia transitoriamente por hasta 180 días, a la espera de una sentencia definitiva, mientras se desarrolla el juicio propiamente dicho.

Quien asumiría la jefatura del Estado es el vicepresidente Michel Temer, acusado por la propia Rousseff de haberla traicionado y de conspirar en su contra articulando entre bastidores el Gabinete de un eventual nuevo Gobierno.

Reelecta en 2014 por un estrecho margen, Rousseff debería concluir su mandato en 2018, pero su desgaste político, la recesión económica y el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras, dieron forma a una crisis que terminó paralizando su segundo Gobierno, iniciado hace 15 meses.

Sus detractores la acusan de maquillar las cuentas públicas en año electoral, algo que ella desmiente alegando que incurrió en prácticas contables legales y utilizadas por sus antecesores.

Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) sostienen que son víctimas de un "golpe" parlamentario orquestado por la oposición y el centrista PMDB, exaliado clave de Rousseff durante los últimos cinco años, pero que en marzo decidió abandonar la coalición de Gobierno y precipitó una desbandada de otros partidos en el Congreso.

La primera mujer presidenta de Brasil defiende que no existe ninguna investigación por corrupción en su contra, al tiempo que numerosos legisladores favorables a destituirla enfrentan procesos legales ante la Corte Suprema.

Al menos 45 de los 81 senadores que ahora deberán analizar las denuncias contra la presidenta enfrentan una o más demandas judiciales fuera del área privada en algún tribunal de Brasil, según la ONG Transparencia Brasil.

Doce de ellos son investigados por la Suprema Corte vinculados al megafraude en Petrobras, incluidos el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el expresidente de Brasil y actual senador Fernando Collor de Melo, de acuerdo con informes del sitio Congresso Em Foco, especializado en el poder legislativo brasileño.

Este lunes, la Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de otras dos investigaciones por corrupción contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, otro de los detractores de Rousseff, contra quien ya hay tres procesos en marcha en la máxima corte del país, informaron fuentes oficiales, informa EFE.

El inicio de las dos nuevas investigaciones fue ordenado por el magistrado Teori Zavascki, quien es el instructor en el Supremo Tribunal Federal de todos los procesos vinculados con el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, según informó la propia corte.

El tribunal se abstuvo de dar detalles sobre las dos nuevas investigaciones por respeto a su sigilo pero al parecer también están vinculadas a los desvíos en Petrobras.

Como presidente de la Cámara de Diputados, Cunha es el segundo en la línea de sucesión de la presidencia de Brasil y fue el encargado de iniciar los trámites para el juicio político contra Rousseff.

Al menos tres delatores que colaboran en la investigación de los desvíos en Petrobras han entregado pruebas que muestran que Cunha recibió 5,1 millones de dólares por haber intermediado un contrato ilegal de la petrolera.

Dicho soborno formaba parte de un total de 40 millones de dólares que el empresario Julio Camargo aceptó pagar a cambio de adjudicarse un contrato de 1.200 millones de dólares para construir dos navíos de explotación de petróleo en aguas marinas para Petrobras.

Además de los procesos en la Corte Suprema, el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados investiga si el presidente de la Cámara mintió al Congreso al declarar que no tiene cuantas bancarias en el exterior ni vínculos con las corruptelas en Petrobras.

Tal falta constituye una violación al Código de Ética de la Cámara de Diputados y, de comprobarse, puede ser sancionada hasta con la pérdida del mandato del legislador.

Pese a que el congresista niega, la Justicia de Suiza, que colabora con tribunales brasileños, ya confirmó que Cunha posee cuentas en ese país.

El presidente de los Diputados ha aprovechado su cargo para, mediante numerosos recursos y maniobras, dilatar al máximo el proceso que le abrió en octubre pasado el Consejo de Ética.

En diciembre pasado, cuando solicitó la tercera investigación contra Cunha ante la Corte Suprema, el Procurador General de la República (Fiscal), Rodrigo Janot, pidió que el tribunal despoje a Cunha de su mandato como presidente de la Cámara Baja para impedirle que siga utilizando el cargo para dificultar las investigaciones en su contra por corrupción.

El procurador alegó que el legislador utiliza su cargo para intimidar a otros parlamentarios y dificultar las investigaciones, así como para defender "intereses propios y fines ilícitos".

En su petición, el procurador hizo una lista de once actos que supuestamente demuestran que Cunha utiliza el mandato de diputado y el cargo de presidente de la Cámara para "intimidar parlamentarios, reos que colaboran con la justicia, abogados y agentes públicos, con el objetivo de dificultar y atrasar las investigaciones en su contra".

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