Viernes, 15 de Diciembre de 2017
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Venezuela

El Tribunal Supremo admite una demanda opositora contra la Asamblea Nacional presentada en 2011

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela admitió este viernes un recurso solicitado por diputados opositores en 2011, cuando eran minoría, que pedía limitar los poderes de la directiva de la Asamblea Nacional en las normas que regulan los debates de la Cámara, reporta EFE.

La Sala Constitucional del máximo tribunal venezolano "dando expresa respuesta a la solicitud de los accionantes, acordó suspender en forma provisional varias disposiciones del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", informó el TSJ en un comunicado.

La demanda interpuesta por un grupo de diputados de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), entre ellos Juan Carlos Caldera, Eduardo Gómez Sigala y María Corina Machado, solicitaba que se declarara "la nulidad por inconstitucionalidad" de una reforma del Reglamento Interior y de Debates de la AN, hecho en 2010 por el chavismo, que para entonces controlaba la Cámara.

La demanda de los opositores, presentada ante la Sala Constitucional una decena de veces entre 2011 y 2012, reclamaba que se limitara el poder que ejerce la directiva junto a la principal mayoría sobre las decisiones del Legislativo, cuando para entonces los opositores ocupaban menos de 70 de los 165 escaños del Parlamento.

Tras la amplia victoria de la oposición en las legislativas del pasado diciembre, estos pasaron a ocupar 109 de los 163 escaños.

El TSJ, que desde que la oposición ganó las elecciones legislativas ha fallado siempre ha favor del Gobierno de Nicolás Maduro, afirmó que "consideró su interés procesal en la resolución de la causa", aunque no precisó qué artículos del reglamento fueron suspendidos.

Asimismo publicó una medida cautelar que establece el cumplimiento de varias condiciones para que la AN pueda elaborar la leyes.

En esta sentencia, la Sala Constitucional ordenó "la incorporación —a nivel nacional— de la consulta popular obligatoria en la formación de las leyes".

También, en consideración de "las limitaciones financieras del país", el Legislativo debe solicitar la autorización del Ejecutivo para los proyectos de ley "a los fines de determinar su viabilidad económica".

El fallo del tribunal se dio a conocer justo cuando los opositores esperan la aprobación de una ley que establece un bono para alimentación y medicinas para personas de la tercera edad, sancionado hace varias semanas por la Cámara y a la espera de la firma de Maduro.

El mandatario ha dicho en varias ocasiones que el Parlamento no consultó al Ejecutivo sobre si habría fondos disponibles para pagar este beneficio.

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