Martes, 12 de Diciembre de 2017
01:53 CET.
Brasil

La comisión del juicio a Rousseff se enfrasca en un debate previo a la votación

La comisión parlamentaria que decidirá si prosigue el trámite para un juicio político contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff se enfrascó el viernes en un debate previo a una votación que el próximo lunes comenzará a definir el futuro de la mandataria, informa EFE. 

Sobre la mesa de la comisión está el informe preparado por el diputado instructor, Jovair Arantes, quien consideró que existen méritos jurídicos para avanzar hacia la destitución de Rousseff por unas maniobras fiscales consideradas ilegales. 

Esta sesión precede a la que será celebrada el próximo lunes, en la que la comisión votará ese informe, que en caso de ser aprobado será remitido al plenario de la Cámara de Diputados. 

La última sesión de debates de esta comisión especial de la Cámara de Diputados, que tiene 65 miembros titulares y otros 65 suplentes, comenzó con un total de 150 inscritos para tomar la palabra, pues cualquiera de los 513 diputados, aún sin pertenecer a ese colegiado, puede invocar ese derecho.

Ante esa cantidad de inscritos, el presidente de la comisión, Rogério Rosso, decidió que la sesión proseguirá durante la madrugada y calculó que podría concluir ya casi con el sol del sábado.

Una de las primeras en pronunciarse fue la diputada Jandira Feghali, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que hizo una encendida defensa de Rousseff y descalificó por completo el informe elaborado por el relator.

"Es un informe ilegal, que introduce cuestiones ajenas a la acusación y páginas y más páginas de análisis político", declaró Feghali, quien aseguró que citar asuntos que no forman parte de la acusación "cercena el derecho a la defensa" de la presidenta.

"Aquí no estamos analizando la crisis económica ni la popularidad de la presidenta", dijo la diputada citando algunos párrafos del informe, y aseguró que "en esas condiciones, si finalmente se llega a una destitución, el Gobierno que surja será totalmente ilegítimo". 

Por el arco opositor, uno de los discursos más inflamados lo pronunció el diputado Wanderlei Macris, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien no solo aseguró que la acusación contra Rousseff está "probada", sino que agregó que "la sociedad en las calles pide que se ponga fin a este Gobierno malandro".

Afirmó que Rousseff tiene "un nivel de rechazo nunca visto en la historia del país", en alusión a la tasa de aprobación del 10% que le adjudican todas las encuestas, y garantizó que eso no se debe sólo a las maniobras fiscales que justifican la acusación, sino a una "corrupción desbocada" que "asusta" a los brasileños.

Macris concluyó sus palabras con una afirmación recibida con ovaciones por la oposición y abucheos por parte del oficialismo: "Lo peor que le puede pasar al país es que Rousseff siga en el poder".

De acuerdo a las normas establecidas por la Corte Suprema para el proceso, si el informe del instructor es aprobado por mayoría simple en esa comisión, será remitido al pleno de la Cámara de Diputados. 

En esa instancia, para que el trámite prosiga, deberá ser aprobado por 342 votos, número que representa una mayoría calificada de dos tercios de los diputados y que, de no alcanzarse, llevará a que la causa sea inmediatamente archivada. 

Si los diputados se inclinan por avanzar en el proceso, tomará la palabra el Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político.

De llegarse a ese extremo, Rousseff debería separarse del cargo por un período de 180 días, que será el plazo que tendrá el Senado para la celebración del proceso.

Mientras se celebre el eventual juicio político, Rousseff sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si el Senado se inclinase por la destitución de la mandataria.

Rousseff ha sido acusada de incurrir en unas maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015; modificar los presupuestos mediante decretos y acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

El Gobierno niega esos cargos a rajatabla, sostiene que las acusaciones no tienen "ningún fundamento" y ha calificado todo el proceso, al igual que la propia Rousseff, como un intento de "golpe de Estado".

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Comentarios [ 1 ]

Imagen de Anónimo

Cuando ellos ponen bombas y asaltan bancos (como la Rouseff en sus buenos tiempos) son "actos revolucionarios". Pero cuando el Congreso, apoyado en la Constitución, los llama a contar, es un "golpe de estado". Lo mismo del sombrerudo Zelaya en Honduras. En realidad, la "reacción en cadena" de América Latina contra los "populismos" comenzó en Honduras: honor a los hondureños.