Domingo, 17 de Diciembre de 2017
14:49 CET.
Venezuela

El árbitro electoral intenta frenar los planes opositores para revocar el mandato de Maduro

El árbitro electoral venezolano, controlado por el oficialismo, advirtió que es el único órgano con potestad para elaborar una ley de referéndum en el país, oponiéndose a que el legislativo, de mayoría opositora, apruebe una norma que le permita acelerar el proceso con el que busca recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, informa Reuters.

La Asamblea Nacional aprobó en marzo en primera discusión un proyecto de Ley Orgánica de Referendos para reglamentar los procesos consultivos.

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo que el proyecto opositor "se encuentra siendo tramitado fuera del marco constitucional", según una misiva divulgada el martes de la presidenta del árbitro, la oficialista Tibisay Lucena, al jefe del legislativo, Henry Ramos.

La Constitución venezolana permite la revocatoria de todos los cargos de elección popular transcurrida la mitad de su mandato que, en el caso de Maduro, se cumplió en enero del 2016.

La oposición venezolana dijo en marzo que iniciará una serie de procedimientos constitucionales para adelantar la salida de Maduro, entre ellos, un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional, una asamblea constituyente y masivas protestas para obligarlo a renunciar.

Pero el camino está minado de escollos legales que pueden dilatar el proceso e, incluso, frenarlo. Para convocar a un revocatorio, entre otros requisitos, la oposición debe reunir al menos 3,9 millones de firmas en tres días en puntos determinados por el CNE y supervisados por sus funcionarios designados.

"Cuando Tibisay manda un oficio diciendo que solo ellos (CNE) pueden legislar en esa materia, es anticipándose porque vamos a aprobar la ley de referéndums", dijo Ramos.

"Necesitamos esa ley para acortar los tiempos porque si se deja en manos del CNE, donde hay cuatro agentes del Gobierno, van a tirar ese referéndum para más nunca", agregó en referencia a la norma que estipula que si el revocatorio se realiza luego del 10 de enero de 2017, será el vicepresidente quien asuma el cargo hasta concluir el período, en el 2019.

Si la Asamblea Nacional aprueba esta ley, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la máxima instancia judicial, deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Desde que la oposición retomó el control del Parlamento, a fines del año pasado, el TSJ ha decidido a favor del Gobierno enfrentando al Legislativo, lo que es criticado por la oposición como un uso politizado de la justicia.

Este martes, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, acusó al Gobierno de intentar promover una "guerra entre poderes", informa EFE.

"El Gobierno ha optado por el peor de los caminos. Nicolás Maduro, su Gobierno y el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), han optado por una guerra entre poderes que carece de todo sentido", dijo en rueda de prensa Márquez.

Rechazó los argumentos de Tibisay Lucena recordando que la ley orgánica que regula procesos electorales en Venezuela fue elaborada en 2009 por el Parlamento, entonces controlado por el oficialismo.

"Es decir la propia ley que regula todo los procesos electorales que está vigente el día de hoy fue aprobada por la AN y no precisamente por la iniciativa del Poder Electoral, sino del PSUV", recordó.

Asimismo señaló que el CNE, cuando aprobó el reglamento de referendo, indicó, en el segundo "considerando" de la norma, que "está desarrollando el reglamento porque la AN no ha aprobado la ley de referendos que tenía que aprobar".

Es decir que, "la ley de referendo es una deuda que tenía que aprobar la AN", subrayó.

El parlamentario aseguró que el CNE "se está poniendo al margen de la Constitución", pero que el Parlamento igualmente llevará, en los próximos días, el proyecto de ley a la segunda discusión para su aprobación, lo que sería el último requisito para que la AN solicite su promulgación.

Asimismo, pidió la celeridad del órgano electoral para atender la solicitud de los opositores de emitir la plantilla necesaria para recolectar las firmas de los electores para activar el referendo, una petición que, dijo, lleva ya una demora de tres semanas.

Luego de que hace menos de una semana el Tribunal Supremo de Justicia declarara "inconstitucional" y por tanto inaplicable la reforma de la ley del Banco Central hecha por los opositores, Márquez aseguró que esto es producto de una concertación de Maduro junto a los demás poderes públicos para bloquear las iniciativas legislativas.

"El Gobierno busca, a través del agavillamiento (asociación indebida) con el resto de los poderes que le son afines (...) detener las actividades de la Asamblea Nacional", afirmó.

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