Lunes, 18 de Diciembre de 2017
00:36 CET.
VENEZUELA

Miembros de la policía judicial serán investigados por el caso de los mineros masacrados

Miembros de la policía judicial de Venezuela serán sometidos a una investigación interna por su posible relación con los asesinatos de 17 mineros cuyos cuerpos fueron localizados a principios de la semana en una fosa común en el estado suroriental de Bolívar, reportó la AP.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó el miércoles que algunos funcionarios de la policía judicial en ese estado van a ser sacados del organismo y sometidos a averiguación interna como parte de las investigaciones del caso.

Rico dijo que no se descarta que el Ministerio Público emprenda una investigación penal contra funcionarios de la policía judicial, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (la policía política) o algún organismo militar.

La organización activista local Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de 1989 (COFAVIC), una de las principales del país, difundió esta semana en su página de internet un comunicado en el cual señala que, de acuerdo a informaciones aportadas por sobrevivientes, los asesinatos habrían sido realizados por un grupo de hombres fuertemente armados entre los que había algunos con "chalecos presuntamente del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)".

La COFAVIC instó al Estado venezolano a realizar una investigación independiente y bajo estándares internacionales para determinar la verdad y capturar, enjuiciar y castigar a todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, "especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales".

Las autoridades concluyeron con la identificación plena de los cuerpos de 14 de los 17 mineros que fueron encontrados en una fosa común en las cercanías de la localidad de Nuevo Callao, estado Bolívar, anunció la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Aún quedan pendientes por identificar otros tres cadáveres, a los cuales les practicarán estudios de ADN para determinar su identidad, precisó.

De acuerdo con los estudios realizados a los cuerpos se determinó que 16 fueron ejecutados con disparos en la cabeza y uno recibió un balazo en el tórax.

"Esta investigación apenas está comenzando", dijo la fiscal general, al tiempo que descartó que con la identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares se vaya a cerrar el caso.

Como parte del proceso las autoridades detuvieron a Rosa Gil Salazar, quien estaría vinculada con los asesinatos. Los cuerpos de seguridad buscan a otras tres personas, entre ellas Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias "El Topo", de nacionalidad ecuatoriana, quien se presume sería el líder de la banda que realizó la masacre.

Los familiares de los asesinados comienzan a recibir los restos

Un reporte de la AFP informó que los restos de los 17 mineros venezolanos asesinados comenzaron a ser entregados el miércoles. Los familiares lograron que las autoridades sacaran de su comunidad a policías señalados de haber participado en la masacre.

En un acto en la apartada población de Tumeremo —en el estado minero de Bolívar— la fiscal general Luisa Ortega dirigió la entrega de los cuerpos de 14 de las víctimas que fueron "plenamente identificadas".

Todos fueron hallados el pasado lunes en una fosa a 30 km del casco urbano de Tumeremo, tras ser baleados el 4 de marzo por una banda dedicada a la minería ilegal liderada por el ecuatoriano Jamilton Ulloa, alias 'El Topo', según la Fiscalía.

Los parientes fueron mantenidos lejos de las cámaras, al hallarse bajo protección de las autoridades, que aseguran estar tras los pasos de al menos cuatro pistoleros a quienes dicen haber identificado.

"Queda totalmente descartado que son más de 17 víctimas" o "que sean 21 los desaparecidos" sostuvo la fiscal en rueda de prensa.

Sin embargo, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, declaró a periodistas el miércoles que "no se descarta que pudieran existir otras fosas comunes" con más cadáveres.

Las investigaciones se iniciaron sobre la presunción de 28 desaparecidos, tras denuncias de pobladores citadas entre otros por el diputado Américo de Grazia. El opositor se refirió este miércoles a amenazas de muerte en su contra luego de haber promovido un debate en el Parlamento sobre la incursión armada.

"Todos fueron ejecutados con disparos de arma de fuego", dijo Ortega, señalando que 16 de los mineros recibieron tiros en la cabeza y uno en el pecho.

También detalló que los cuerpos estaban con ropa y "no presentan ninguna mutilación, estaban enteros", contradiciendo versiones de autoridades locales.

"La cantidad de tierra que les echaron era de modo tal para que nunca los encontraran", relató la fiscal.

Aunque Ortega no se refirió a los móviles de la matanza, el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel, reiteró que al parecer se debió a disputas por el control de minas de oro sometidas a explotación ilegal.

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