Domingo, 17 de Diciembre de 2017
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Colombia

«Que la implementación de los acuerdos no genere más daño del que hay»

El Gobierno de Colombia y los negociadores de las FARC, al término de la ronda número 40 de las conversaciones de paz que se adelantan en La Habana (Cuba) informaron que van por buen camino los diálogos y se han logrado significativos avances en los temas de justicia y fin del conflicto.

Sobre un acuerdo definitivo que estaría muy cerca de lograrse, la implementación de los acuerdos y decisiones de justicia transicional, DIARIO DE CUBA conversó con Hernando Cáceres Dueñas, experto en reconstrucción de Estados en Posconflicto y Derechos Humanos, y quien actualmente apoya el desarrollo de un plan de "Evaluación de Impacto en la Paz, Conflicto y la Reconciliación" para Colombia.

El académico inicialmente dio a conocer que la implementación de los acuerdos de paz se debe hacer por fases que componen temas de seguridad, refrendación por parte de los ciudadanos, desarrollo de obras de infraestructura prioritarias y puesta en marcha de procesos complementarios como reformas agrícolas.

Agregó que también es clave que en la mesa de conversaciones se defina un plan de seguimiento y monitoreo de los acuerdos.

Sobre el proceso de reconstrucción del tejido social, Cáceres, dijo que el paso a seguir es trabajar conjuntamente en la pedagogía de la reconciliación, comenzar por aceptar y entender en que "todos debemos renunciar a la violencia y a las venganzas para sacar el país adelante".

Desde su experiencia en procesos de posconflicto ¿qué mecanismos se consideran necesarios para la implementación de un acuerdo final entre el Gobierno de Colombia y las FARC?

A nivel internacional la experiencia nos demuestra que la implementación de un acuerdo de paz es un proceso que se hace por fases. Es imposible implementar un acuerdo de paz en el primer mes o en el primer año de ser firmado dada la amplitud de los contenidos.

Así, en la primera fase, que se ejecuta en el primer año, se comienza por proveer seguridad a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que participaron en las negociaciones y sus grupos. Se continuaría con la implementación de los acuerdos que hacen referencia a los procesos electorales, es decir que se llama a la población para que aprueben el acuerdo de paz (referendo) y a que elijan, cuándo y dónde sea determinado, a los nuevos alcaldes, gobernadores, diputados o parlamentarios. Esto es importante porque los ciudadanos, la administración pública, los comerciantes y la comunidad internacional necesitan tener interlocutores legítimos con reglas legítimas. Además de lo anterior, durante el primer año se implementan los "proyectos de impacto rápido" (PIR) los cuales tienen como finalidad (re)habilitar y (re)construir la infraestructura física más necesaria para la población civil, especialmente en los municipios y zonas más afectadas por el conflicto armado. Acueductos, puentes, sistemas de riego, pavimentación de vías, apertura de centros de salud, salones comunitarios, entre otros, son los principales ejemplos de estos proyectos. Además, los PIR tienen una función política y es demostrarle al ciudadano que la paz, o más bien, la construcción de la paz genera progresivamente saldos positivos para todos, lo cual se conoce como los "dividendos de la paz". En esta fase se realizan reformas legales y políticas más urgentes, la gran mayoría de ellas  acordadas ya en  la Habana el punto de "Participación política, Apertura democrática para Construir la Paz".

En la segunda fase se implementan proyectos que tienen un horizonte que puede ir entre tres y cinco años. En este paquete se incluyen las obras de infraestructura más grandes, como la construcción de carreteras intermunicipales o interdepartamentales, hospitales e inclusive aeropuertos y represas. Además la reforma rural integral pactada ya entre las FARC y el Gobierno se desarrollaría en su gran mayoría a lo largo de estos primeros cinco años.

En la tercera fase se implementan los acuerdos que requieren procesos a más largo plazo para complementarse, es decir aquellos proyectos y programas que toman entre siete y diez años para consolidarse. En este paquete van los procesos sociales que requieren muchas veces cambios y relevos generacionales, las grandes reformas agrícolas, como cambiar la vocación de una región pasando de ser cultivos de pancoger a cultivos tecnificados. La "Reforma Rural Integral" sería el punto que se desarrollaría en esta fase.

¿Qué condiciones de verificación se deben tener en cuenta, de acuerdo con las fases de implementación de un acuerdo de paz?

Para hacer seguimiento a estos acuerdos, en los países en posconflicto en que he trabajado hemos construido baterías de indicadores muy precisos, de todo tipo,  para determinar el grado de cumplimiento, responsables/dolientes, plazos, resultados esperados y mecanismos de corrección. En estos países, donde el capital humano no es tan desarrollado, esta tarea la hace el Departamento de Mantenimiento de Paz de la ONU, quien es más conocido por sus cascos azules.

En Colombia, dado al excelente capital humano que hay, esta función la puede realizar una comisión mixta compuesta por técnicos en posconflictos, universidades, representantes de la sociedad civil, del Gobierno y de los grupos que firmen el acuerdo de paz. Se trata de una entidad completamente técnica y libre de toda interferencia política que pueda acompañar, apadrinar  y facilitar el cumplimiento, más que limitarse a verificarlo solamente.

Con la firma del acuerdo de paz la cooperación internacional al igual que el Gobierno de Colombia han afirmado que vendrán grandes recursos para la reconstrucción del país y para la implementación de los acuerdos de paz. ¿Qué riesgos generan estos recursos para Colombia?

Las buenas intenciones no son suficientes: la inyección de grandes cantidades de recursos para la paz en Colombia es uno de los momentos más delicados del posconflicto. Generalmente la cooperación internacional en varios países inyecta de forma descoordinada recursos en los temas que más van afines con la  política de sus países de origen, preservando y satisfaciendo sus intereses geopolíticos. Esto se da principalmente cuando hay una débil o nula coordinación al interior del Estado y entre el Estado y la comunidad internacional.

Por fortuna, Colombia cuenta por un lado con el Fondo para la Justicia Transicional administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quien coordina gran parte de la oferta internacional en estos temas, y por el otro con serias entidades estatales como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional. Ahora bien, pudiendo Colombia contar con estas entidades, el siguiente punto a analizar son los impactos que tendrán en la paz, en el conflicto y en la reconciliación los multimillonarios y costosos programas, proyectos y actividades que se deriven de la implementación de los acuerdos de paz.

Lo que se busca en principio es que la implementación de los acuerdos no genere más daño e impacto negativo del que ya hay. Por ejemplo, apegándonos a la coyuntura, la restitución de tierras en Colombia es uno de los derechos de las víctimas y uno de los mecanismos de reparación más importantes que se ha desarrollado en el país. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, la restitución ha generado perjuicios e impactos negativos a sus beneficiados, como un aumento en los riesgos en materia de seguridad, división de las comunidades entre quienes si fueron y no fueron reparados, alteraciones en el tejido social, etc., lo cual se ha traducido en nuevas conflictividades que se están transformado cada vez más en conflictividades  violentas. En pocas palabras, si no se tiene un cuidado excesivo, el conflicto armado dara lugar a otros conflictos y conflictividades violentas, lo cual se conoce como las "fracturas de la paz".

Es por esto que es imperativo que toda fase, actividad y proyecto de implementación del acuerdo de paz tenga previamente una "Evaluación de Impacto en la Paz, Conflicto y la Reconciliación" (EIPC-R), la cual es una metodología que contribuye a prevenir y a mitigar la generación de nuevas conflictividades en la implementación de proyectos de desarrollo relacionados con la construcción de paz. Colombia ya cuenta con esta metodología, adaptada a nuestra realidad social, política y económica, inspirada de una que lleva 30 años funcionando en países en posconflicto y está lista para ser implementada.

Esta herramienta fue construida entre la Universidad Javeriana, la Universidad de York, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el DPS, y ha sido presentada en su versión más adelantada a diferentes agencias del Estado y a la cooperación internacional, para minimizar los riesgos y daños directos y colaterales de la implementación de los acuerdos de paz.

En La Habana también se discuten puntos claves relacionados con la justicia transicional. Revisando experiencias internacionales ¿qué tipo de justicia sería necesaria que se establezca en los acuerdos del proceso de paz en Colombia? ¿Algún tipo de justicia ‘comunitaria’ y restaurativa sería interesante evaluar?  

Aunque sería ideal y correcto que cada rebelde y combatiente, por ponerlo en términos genéricos, que ha cometido violaciones a los DDHH o infracciones al DIH responda judicialmente y sea sentenciado a largas penas, esto no sucede en la práctica en ningún país. Es de necios pensar que un grupo armado que decide abandonar la lucha armada y la violencia de forma voluntaria gracias a un acuerdo de paz, va a dejar las armas para ir directamente a  la cárcel a pagar sus deudas con la sociedad, especialmente cuando es un grupo que tiene control territorial, armas, fuentes de financiación y la capacidad efectiva de desestabilizar a un Estado por completo. Esta es la realidad para Colombia, y decenas de países sumidos en conflictos armados.  

Es por esto que nace la justicia transicional como una respuesta pragmática legal y social a la obligación de hacer justicia contra  quienes cometieron los peores y más atroces crímenes y comportamientos que puede sufrir una sociedad, muchos de estos comportamientos son imperdonables, como la violencia ejercida contra la población civil. Además de lo anterior, durante un conflicto armado son tantos los casos y tantas los criminales y personas responsables que sería impensable querer hacer una justicia total, detallada, caso por caso, pues los recursos, medios y capacidades del Estado no serian suficientes. Por esto cada país y cada sociedad determina en una transición cuál es su "justo comunitario", es decir, decidir qué es lo correcto y lo más aceptado para que se haga justicia y se satisfagan  los derechos de las victimas.

De esta forma, unos países prefieren juzgar a los más altos responsables únicamente, otros se inclinan por solo algunos temas, como desapariciones forzadas, dejando el resto de delitos por fuera de la justicia, Por ejemplo, en Ruanda después del genocidio las autoridades encarcelaron a la gran mayoría (120.000 personas) de quienes participaron en las matanzas (realizadas por hutus contra tutsis). Sin embargo el país no tenía ni los jueces, ni las cárceles, ni los abogados, ni el presupuesto  suficiente para realizar los juicios. En los escenarios más optimistas enjuiciar a estas personas les hubiera tomado más de 100 años. En pocas palabras, querer hacer justicia total en un posconflicto  significa en muchos casos no poderla hacer, siendo este uno de los dilemas más grandes de un posconflicto.

Ante esta realidad, y la necesidad y obligación de hacer justicia, los ruandeses decidieron que fuera la población misma quien realizara los juicios a estos "genocidiarios" basándose en sus propios sistemas tradicionales y ancestrales de resolución de conflictos. De esta forma se le dio facultades a los "sabios" y a la "elite moral" de cada comunidad para que en audiencias públicas, al aire libre, y con miles de participantes se determinara la suerte legal de cada persona acusada. Más allá de años en cárceles y penas privativas de la libertad, la conciencia de los ruandeses los llevó a preguntarse cómo se puede reconciliar al país haciendo justicia, con el fin de evitar ciclos generacionales de venganzas.

Para Colombia la forma como las comunidades  indígenas  realizan justicia (hecho que les permite la Constitución de 1991) es un digno ejemplo de cómo se pueden realizar juicios a miles de personas con el fin de terminar la violencia, la impunidad y los ciclos de venganzas.  Los Jueces de Paz, y otras figuras existentes en la Constitución pueden dar pistas creativas  que permitan ingeniosamente dar soluciones al tema jurídico.  Es importante recalcar que juicios  y sanciones sí debe haber para el caso colombiano. La pregunta del millón es a quiénes y por cuánto tiempo. 

Usted es uno de los pocos colombianos que ha acompañado varios procesos de posconflicto en el mundo, entre ellos Burundi, Camboya y el Congo. Según su experiencia, ¿cómo se debe preparar a la población civil, a las víctimas para la implementación de los acuerdos, y lograr la reconstrucción del tejido social en Colombia?

Deshacer lo que nos hicimos en tantos años de guerra es un proceso de largo aliento. Así, es impensable creer que tras la firma del acuerdo de paz los guerrilleros que causaron tanto daño estén tomando té y galletitas con sus víctimas. Esto toma años, y tal vez generaciones.  Nadie está obligado a volverse amigo de sus victimarios. Pero sí estamos en la obligación moral e intergeneracional de renunciar a matarnos y a odiarnos más. Punto. Si logramos esto podemos coexistir en tranquilidad y seguridad, y habremos salvado al país. Pero esto lo decidimos usted y yo, y no los negociadores en La Habana.  Esta renuncia a la venganza y al odio es lo mínimo que se espera de todo ciudadano. Y en algunos casos puede ser algo difícil, pues hay mucho dolor e injusticias acumuladas. 

En pocas palabras, los acuerdos de paz son solo el comienzo de la construcción de la paz. El resto de pasos dependen mucho de usted y de mí, de los ciudadanos de a pie. Es difícil. Sin embargo, Colombia tiene una ventaja y es que en el país llevamos 60 años en guerra y al mismo tiempo unos 25 de construcción de paz. La sociedad civil colombiana, especialmente la más afectada por el conflicto,  aunque puede  estar ampliamente desinformada sobre el proceso de paz y  sus alcances, tiene gran madurez en acciones de construcción de paz, de "noviolencia" y de reconciliación. Esto significa que en Colombia llevamos unos grandes puntos ganados en el proceso de reconstrucción del tejido social.

Ahora bien, la forma de preparar a la población es involucrándola directamente en la reconstrucción del país, y esto se hace como primer paso con la "pedagogía de la reconciliación", lo cual es una tarea titánica. Lastimosamente, he escuchado a muchas personas de diferentes regiones, con diferentes oficios y profesiones, y de diferentes edades decir que jamás darían un trabajo o que jamás perdonarían lo que hizo un desmovilizado de las AUC, de las FARC o del ELN. Esta realidad hace que los desmovilizados se conviertan poco a poco en personas excluidas. Pocos quieren tenerlos de vecinos, de colegas, de compañeros de estudio, o de amantes. Sin embargo, las consecuencias prácticas del rechazo sistematizado hacia el desmovilizado generan que las oportunidades de convertirse en ciudadanos de bien se les vean cerradas.  En un país como Colombia esto sería equivalente a abrirles la puerta de la reincidencia en la criminalidad, es decir sería un "autogol", una realidad que viven países como Congo o Sudán donde a pesar de varios acuerdos de paz, los conflictos  resurgieron en parte, por el rechazo, venganzas y odio.

Llevamos décadas en guerra y como sociedad hemos intentado casi todo para ponerle fin. Es momento de darle una gran oportunidad a la paz, a la reconciliación, a la reconstrucción del país, pues el viento sopla a favor del proceso. Como colombianos y como sociedad podemos dejar pasar esta oportunidad si es que lo pactado en La Habana no nos convence del todo. Sin embargo una nueva ventana de oportunidad no llegará en al menos diez o 15 años, tiempo en el cual la violencia habrá acabado con miles de vidas, empresas y sueños. Usted y yo decidimos.


Hernando Cáceres Dueñas es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en reconstrucción de Estados en Posconflicto de la Université Aix-Marseille, en Francia, y otra en Derechos humanos de la misma universidad. Asimismo es especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tiene una experiencia de más de 12 años en justicia transicional, acuerdos de paz. Trabajó entre otros en Camboya en la creación del Tribunal que juzga actualmente a las guerrillas Jemer Rojos, en Burundi y en el Congo con la Misión de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, donde trabajó como oficial de Derechos humanos y de Justicia Transicional, y asesorando la implementación de los acuerdos de paz. Es consultor de diferentes entidades de cooperación internacional, y ha sido profesor de diferentes universidades en Colombia y Francia.

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Comentarios [ 9 ]

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donde salen mas articulos de estos?

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Buen artículo del Académico. Necesitamos a gente preparada como el Señor Caceres que no polariza opiniones y propone métodos y procesos previamente desarrollados y aplicados en otras zonas de  posconflicto. Además con la ventaja de conocer el contexto colombiano el académico tiene unas herramientas adicionales que puede ejecutar en Colombia con alta probabilidad de mejores resultados. Felicitaciones por el artículo Señor Caceres. 

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Excelente articulo. Persona muy preparada y es un aliado para el proceso de paz. Gracias por este maravilloso artículo.  

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Es verdad si rechazamos a quienes nos jodieron, podemos meternos un autogol pero sr Caceres como dejar de odiar a quienes nos mataron a nuestros padres?

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Por qué esta información no nos la comparten en Colombia. Esto debería estar publicado en los diarios de Colombia  y no en Cuba

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Los colochos hablando de paz y trifulcando a venezuela

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Excelente articulo. Hernando es ua persona que deberia estar alla representandonos a todos los Colombianos para asi el gobierno inexperto en estos temas involucre gente experta para esta labor que tiene tan esperanzados a los Colombianos.DGTN

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Este señor debería estar en La Habana y no en África

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Que falta hace un especialista de post conflicto en Cuba, pues  aunque no ha existido guerra en el sentido estricto de palabra, si  ha existido mucho odio, egendrado y cultivado por el regimen en los actos de repudio, muchos muertos en el estrecho de la Florida, muchos fusilados, mucha separaciones de familias por conflictos ideologicos,y muchas frustraciones, despues de discursos y promesas de que el "futuro seria luminoso".