Jueves, 14 de Diciembre de 2017
15:56 CET.
Colombia

Consejo de Estado en Colombia pide que tema de medio ambiente sea discutido en La Habana

La solicitud del Alto Tribunal se presenta en un momento en el que en el país latinoamericano se debate y rechazan losatentados presentados en las últimas semanas contra la infraestructura petrolera, que han dejado daños irreversibles contra el medio ambiente y afectando las normales actividades de diferentes comunidades campesinas de los departamentos de Nariño y Putumayo, en el sur de Colombia. Los ataques contra oleoductos han sido cometidos por la guerrilla de las FARC .

El Consejo de Estado le solicitó al Gobierno Nacional incluir la protección del ambiente, los bienes ambientales, recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad y la naturaleza en las agendas para la paz que están en curso en La Habana, y que se tengan en cuenta en cualquier negociación con grupos insurgentes.

Además, el Alto Tribunal le pidió a la Unidad de Delitos Ecológicos o Ambientales de la Fiscalía General que evalúe si es procedente investigar a las FARC y a "aquellos miembros que hayan participado en la comisión de presuntas violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosión y vertido de hidrocarburos del oleoducto transandino ocurrido el 15 de abril de 1996, en jurisdicción del municipio de Puerres (Nariño), para lo que se le pide a las autoridades ambientales y territoriales enviar los respectivos informes que se hayan elaborado por esos hechos".

Según los informes escritos del Comité de Atención de Desastres, las explosiones ocasionadas produjeron daños ambientales, definidos como las afectaciones a las actividades de las personas que se surtían de bienes ambientales (pesca), y daños ecológicos, referidos a la degradación o modificación del medio natural, derivados de la contaminación en los bienes ambientales de la zona.

Se trata de un hecho que, si bien se registró en el pasado, presenta características similares a los atentados recientemente ocurridos en varias regiones del país.

El Consejo de Estado colombiano señaló que los bienes ambientales están protegidos convencional y constitucionalmente, por lo que tales situaciones representaron la violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que regula los conflictos armados internacionales y establece que "en la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo así la salud o supervivencia de la población".

El pronunciamiento del Alto Tribunal fue aplaudido por diversas organizaciones defensoras del medio ambiente. Pero también criticada, pues se cuestiona que por qué dichas decisiones cruciales para el país no se hayan realizado antes, cuando el origen del conflicto tiene una relación cercana a la explotación del medio ambiente y la distribución de la tierra.

"El Consejo de Estado está haciendo un llamamiento inmediatista y coyuntural sobre un tema que es de crucial importancia para los y las colombianas que cada vez nos vemos más abocados a ser usuarios y consumidores de nuestro propio patrimonio, cediendo derechos fundamentales como consecuencias de prácticas de terror y miedo. Vale la pena recordar que el paramilitarismo impulsó algunos monocultivos a sangre y fuego, y que la insurgencia ha hecho lo propio con el tema del narcotráfico, explotación de la minería ilegal y daño en los parques nacionales naturales", dijo a DIARIO DE CUBA Jorge Rocxo Martínez Díaz, docente investigador en temas de desarrollo rural y medio ambiente.

Martínez consideró importante que se realice un proceso de veeduría de ambientalistas independientes en la recuperación de las zonas afectadas por ataques guerrilleros.

"Este tipo de veedurías son fundamentales, pero se les deben dar las herramientas para garantizar su razón de ser, y para que no sean calladas, amenazadas o simplemente anuladas".

Agregó que en el mundo hay distintos modelos, donde los cuerpos de policía o ejército tienen un "verdadero papel" de defensores y protectores de los recursos naturales.

El investigador también fue enfático al manifestar que el "Estado no debe evadir su responsabilidad y delegarle tal función a la sociedad civil, que no puede combatir ni a la delincuencia común, ni organizada, y mucho menos a grupos al margen de la ley que explotan la biodiversidad para su enriquecimiento particular a cualquier precio. Debe existir una gobernabilidad real sobre el territorio colombiano", dijo.

En Cuba, las FARC y el Gobierno de Colombia, desde 2012, adelantan negociaciones para poner fin a más de 50 años de confrontaciones.

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Comentarios [ 1 ]

Imagen de Anónimo

Y quien negocia para que se vaya Fidel y su parentela del gobierno?Eso significaria mejorar notablemente el medio ambiente en la isla y en toda la region.