Lunes, 18 de Diciembre de 2017
10:04 CET.
América Latina

Tribunales de Guatemala y Honduras ponen en aprietos a altos funcionarios por casos de corrupción

Tribunales de Guatemala y Honduras pusieron este martes en aprietos a altos funcionarios por escándalos de corrupción que llevaron a ciudadanos de esos países a las calles para exigir la salida de autoridades involucradas en desvíos de recursos públicos, informa la AFP.

En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial, rechazó la impugnación que presentó el presidente, Otto Pérez, para dejar sin efecto el antejuicio en su contra por supuestos actos de corrupción.

Entretanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó orden de arresto contra la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, acusada de recibir fondos desviados del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Los dos reveses judiciales se producen en momentos que esos países centroamericanos son sacudidos por escándalos de malversación de recursos públicos por parte de sus autoridades.

El presidente guatemalteco Pérez presentó la noche del viernes al máximo tribunal constitucional un recurso de amparo para detener un proceso de antejuicio en su contra que ventila el Congreso para levantarle la inmunidad, avalado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el sistema judicial guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad está por encima de la CSJ.

La denuncia contra el mandatario fue presentada por el diputado opositor indígena Amílcar Pop, quien consideró que Pérez está involucrado en escándalos de corrupción en la Aduana y el Seguro Social que desde abril estremecen al país.

Pop argumenta que Pérez incurrió en los delitos de encubrimiento propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, toda vez que él nombró a las máximas autoridades de las entidades involucradas en los escándalos.

La Corte Constitucional mantiene en suspenso provisional el proceso de antejuicio desde el pasado 18 de junio, cuando aceptó un amparo presentado por la abogada Karen Fischer, una exfiscal que actúo a título personal.

Sin embargo, la analista Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, consideró que el presidente aún está resguardado por el fallo previo de la CC, que mantiene paralizado el antejuicio por el recurso de Fischer.

"No es un fallo que el presidente hubiese querido pero el proceso (de antejuicio) sigue suspendido por el otro amparo", recordó Escobar.

Honduras: 16 personas bajo orden de detención

En Honduras, el magistrado Jorge Rivera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que emitió órdenes de captura contra 16 personas, incluyendo a la diputada Lena Gutiérrez, su padre y dos hermanos, acusados de recibir dinero del seguro social procedente de una compra irregular de medicamentos a la empresa AstoPharma, de la que serían socios.

Rivera dijo en una rueda de prensa que la orden de arresto fue emitida para evitar que los involucrados puedan salir del país, reportó la AP.

Están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguridad Social y a la Secretaría de Salud.

La Fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al Gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados.

La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del Partido Nacional, en el gobierno. Gutiérrez también era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente, Juan Orlando Hernández, dirigía la cámara legislativa.

Gutiérrez ha rechazado haber cometido alguna irregularidad.

El arresto fue ordenado en momentos en que manifestantes que mantienen protestas callejeras contra la corrupción hacen llamados a la renuncia del presidente.

El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron el Instituto de Seguridad Social por más de 100 millones de dólares.

Una comisión legislativa divulgó a principios de mes un informe en el que se reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos. Además, se concluyó que un grupo de empresarios crearon empresas fachada y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Álvarez.

Parte del dinero financió la campaña que llevó a Hernández a la presidencia, aunque el mandatario ha negado cualquier participación en la trama.

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