Jueves, 14 de Diciembre de 2017
01:56 CET.
Venezuela

Autogolpe de Estado

Imaginemos por un instante que, por motivos de salud, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, no se hubiera presentado ante el Congreso de la Unión, el 1 de diciembre, para tomar posesión de su cargo, como lo exige el artículo 87 de la Constitución. Los diputados y los senadores habrían designado inmediatamente a un presidente interino "por mayoría absoluta de votos". Y si la ausencia temporal se hubiera convertido en absoluta, entonces el Congreso habría convocado a nuevas elecciones (artículos 84 y 85).

La Constitución venezolana tiene disposiciones similares y, sin embargo, el Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia han decidido ignorar que Hugo Chávez, hospitalizado en La Habana desde el 10 de diciembre, no está en condiciones de asumir la presidencia y le han eximido de la obligación de juramentar el cargo ante la Asamblea Nacional. Mantienen así la ficción de que sigue gobernando, cuando ni siquiera se sabe si está vivo. Antes de someterse a su cuarta operación por un cáncer detectado en Cuba en 2011, el propio Chávez había designado heredero político a su vicepresidente, Nicolás Maduro, que sería el candidato en unas nuevas elecciones.

¿Y entonces por qué, ante la ausencia de Chávez, no siguieron las pautas constitucionales, que obligaban a convocar a las urnas en un plazo de treinta días? Porque ni la cúpula chavista ni sus aliados cubanos querían tomar el más mínimo riesgo de perderlas. Si bien es cierto que Maduro se hubiera beneficiado de la popularidad del caudillo bolivariano y de la emoción provocada por su desaparición, también es verdad que no tiene ni el carisma ni el arrastre de su mentor, que ganó los comicios del pasado octubre con el 55% de los votos.

Todo se decidió en La Habana, que recibe una ayuda generosa de Caracas y se ha convertido en uno de los principales actores en el escenario político venezolano. Allí se reunieron la semana pasada Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y otros altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Llegaron a un acuerdo, que legitimó unos días después el Tribunal Supremo de Justicia, previamente purgado de sus jueces más independientes. El fallo del Supremo no tiene desperdicio: "A pesar de que el 10 de enero se inicia un nuevo periodo constitucional no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente Hugo Chávez en su condición de presidente reelecto". Agrega que el Gobierno podrá continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que el mandatario jure formalmente el cargo, pero no pone ninguna fecha límite. Y como colofón, el Supremo no "encuentra méritos" para convocar a una junta médica que certifique el verdadero estado de salud de Chávez, tal y como lo exigía la oposición.

Ese galimatías jurídico no logra tapar el hecho de que estamos ante una violación de la letra y del espíritu de la Constitución, redactada por los propios chavistas en 1999. Para la oposición, la prórroga del mandato del Gobierno anterior constituye una "usurpación de autoridad". Se trata a todas luces de un autogolpe por parte de los que están en el poder. Lo justifican con el argumento de que la salud del presidente Chávez no puede servir de "pretexto para atentar contra las instituciones democráticas" y la "revolución" bolivariana.

Como era de esperarse, esos argumentos han sido bien acogidos por los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que reciben de Venezuela todo tipo de donaciones, créditos blandos y petróleo muy por debajo del precio internacional. Todos mandaron a altos cargos para asistir en Caracas al paripé de la toma de posesión virtual de Chávez. Estuvieron allí también el canciller argentino y el presidente de Uruguay, el exguerrillero José Mujica. Los mismos que criticaron duramente en 2009 y 2012 las destituciones, jurídicamente razonadas, de los presidentes Manuel Zelaya (Honduras) y Fernando Lugo (Paraguay), apoyan ahora el autogolpe chavista.

Y no solo ellos. También Brasil, que se presenta como la gran democracia del continente, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que "respeta cabalmente, como no podía ser de otra forma, la decisión tomada por los poderes constitucionales de Venezuela". Y los hay que guardan silencio o dicen generalidades, como Estados Unidos, que no tiene ninguna simpatía por el régimen chavista, pero antepone la estabilidad regional a cualquier otra consideración, incluyendo los derechos democráticos de los venezolanos.

Síguenos en Twitter, Facebook o Instagram. Si resides en Cuba, suscríbete a nuestro boletín con una selección de los contenidos más destacados del día. Si vives en cualquier otro punto del planeta, recibe en tu buzón de correos enlaces a lo más relevante del día.