Lunes, 21 de Agosto de 2017
17:49 CEST.
Opinión

Aviso de tormenta en España

Las desgracias nunca llegan solas, se lamentan los españoles. A la profunda crisis económica, que mantiene casi al 25 por ciento de la población en el desempleo, se agrega ahora el desafío lanzado por los nacionalistas catalanes, que están empeñados en organizar un referéndum de autodeterminación para separarse de España y crear un nuevo Estado. Es poco probable que lo logren, pero es un motivo más de preocupación para un país que vive momentos excepcionalmente difíciles.

El artífice de esa jugada política, Artur Mas, preside la Generalitat (Gobierno catalán) y pertenece a un partido, Convergencia y Unión (CiU), que había mantenido desde su creación en 1978 una relación pragmática con el poder central en Madrid. Es el partido de la burguesía empresarial, claramente de derechas, nacionalista pero reacio a tomar el riesgo que implica la creación de un Estado independiente. En suma, querían una Cataluña fuerte dentro de una España fuerte. Y ahora que España está débil, CiU amenaza con el divorcio, con la esperanza de sacar provecho político al desmarcarse del Partido Popular (PP) y del Gobierno central, cuya estrategia económica contra la crisis es muy impopular y, hasta ahora, ineficaz.

Con la decisión de organizar elecciones anticipadas en Cataluña el 25 de noviembre, CiU espera obtener la mayoría absoluta que no tiene por el momento, lo que le obligaba a pactar con el PP para gobernar. Artur Mas, que no lleva dos años en la presidencia, se presentará de nuevo al cargo. Antes de anunciar las elecciones, Mas escenificó su ruptura con el PP como colofón de un encuentro con el jefe del Gobierno español. Mariano Rajoy rechazó, por inconstitucional, la exigencia de Cataluña de recaudar los impuestos en su territorio. En cambio, Rajoy le ofreció buscar una mejora de la financiación dentro de un acuerdo negociado con todas las comunidades autónomas. Artur Mas lo tomó muy mal: "Cataluña no puede renunciar a su futuro. Si fuese así, sería una inmolación e incluso una traición".

Esas palabras pueden parecer altisonantes y excesivas, pero revelan al mismo tiempo una verdadera angustia de los catalanes ante la crisis financiera que les afecta y amenaza el funcionamiento de sus instituciones. Madrid lo ha entendido así y ha anunciado una transferencia inmediata de 500 millones de euros para que Cataluña pueda pagar sus facturas pendientes y las nóminas de sus funcionarios. Insuficiente, dicen los catalanes, que se quejan de pagar demasiados impuestos al Gobierno central. Sin embargo, los datos cuentan otra historia. Como todas las comunidades autónomas ricas, Cataluña contribuye al desarrollo de las regiones menos favorecidas del país, como Andalucía. En promedio, Cataluña se queda con el 60 por ciento de los impuestos pagados por los particulares y las empresas que están en su territorio (unos 16.000 millones de euros sobre un total de 27.000 millones). Puede parecer poco, pero la comunidad autónoma de Madrid recibe menos del 18 por ciento de los impuestos pagados por sus contribuyentes (11.500 millones de un total de 66.000 millones de euros).

A lo sumo esos datos podrían indicar un gasto excesivo en las provincias pobres, pero en ningún caso un trato discriminatorio con Cataluña. Los independentistas catalanes están convencidos, sin embargo, de que les iría mucho mejor si tuvieran su propio Estado, pero no aportan cifras que lo demuestren. En cambio, hay indicios de que los avances del nacionalismo en los últimos diez años, especialmente las leyes para imponer el idioma catalán, han contribuido a alejar los inversores. Barcelona ya no es la capital económica y cultural de España, como lo fue en los siglos XIX y XX. Madrid se le ha adelantado gracias a sus políticas mucho más atractivas para los extranjeros.

Con su conversión repentina al independentismo, sin duda por motivos electorales (y, según algunos, para desviar la atención de su mala gestión), Artur Mas impulsa una dinámica que le costará frenar más adelante. En lugar de sumar a los catalanes para relanzar la economía, el discurso nacionalista solo contribuye a aumentar las divisiones y las tensiones. Los empresarios, que tienen todo que perder, no ocultan su inquietud ante la deriva independentista. Los partidarios de la creación de un nuevo Estado son una minoría hasta que se demuestre lo contrario. Y, para demostrarlo, CiU ha dado los primeros pasos con la presentación en el parlamento regional de una resolución que autoriza la organización de un referéndum de autodeterminación en la próxima legislatura. Los nacionalistas de izquierda se han unido a CiU para votar este texto, cuya primera víctima ha sido el Partido Socialista de Cataluña, dividido entre independentistas y "federalistas". Los diputados del PSC se abstuvieron después de un debate agrio entre las dos tendencias. Es el primer aviso de la tormenta que se acerca.

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