Viernes, 15 de Diciembre de 2017
22:28 CET.
Paraguay

Entre la legalidad y el desastre bananero

Paraguay ha cambiado de presidente con la ley en la mano. Pero, ¿qué tipo de ley?

El artículo 225 de la Constitución de la República estipula el juicio político contra el presidente, el vicepresidente, los ministros, los jueces de la Corte Suprema, el fiscal general, el Defensor del Pueblo y otros funcionarios públicos. Las condiciones son, genéricamente, "mal desempeño de sus funciones" o "delito común", y la sentencia exige una mayoría absoluta de dos tercios.

De entrada, la teoría del golpe de Estado no se sustenta, por más que ciertos sectores interesados, a ambos lados del espectro ideológico, pretendan convertir un problema interno en el folletín del verano. Empezando por Hugo Chávez, autor de la intentona golpista de 1992, que dejó 14 muertos, hasta Rafael Correa, defensor de "sacar por la fuerza a los presidentes que no cumplen".

¿Aprendió Paraguay de Honduras? Sí, aunque el problema trasciende lo estrictamente procesal. El entonces presidente Manuel Zelaya fue acusado de 28 delitos. Luego los militares decidieron, con mal criterio, deportarlo por la fuerza, convirtiendo en golpe de Estado un proceso previamente legal.

Por salud democrática, Paraguay debió derogar hace tiempo un instrumento jurídico tan nefasto como el juicio político en el Senado.

La moción de censura forma parte esencial del régimen parlamentario: los ciudadanos votan en su distrito por una lista de diputados, y la elección del jefe de Gobierno se decide, según las mayorías, en el Congreso. Extrapolarla al presidencialismo, de modo vinculante, es hurtar la decisión soberana del ciudadano. La moción de censura parlamentaria contra un presidente electo directamente por los ciudadanos, es un despropósito que no tiene cabida en las sociedades modernas.

En Paraguay, y en cualquier otro país con elección directa del jefe de Estado y de Gobierno, el juicio político no debería conducir a la destitución, sino al cuestionamiento público, al debate. Incluso, en delitos comunes, la última palabra con efectos prácticos (sanción, destitución) tendría que pronunciarla la justicia ordinaria, y no el parlamento.

La decisión de las cámaras paraguayas, aunque legal, es una de las mayores chapucerías del año en América Latina. Y las reacciones de los vecinos, absolutamente desproporcionadas. Invocar la cláusula democrática de la OEA contra Asunción, a la par que se exige la readmisión de La Habana, es un contrasentido ya habitual.

También lo es que Hugo Chávez, uno de los mayores críticos del embargo de Estados Unidos a Cuba, decrete ahora un bloqueo petrolero a Paraguay.

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