Sábado, 1 de Octubre de 2016
10:44 CEST.
América Latina

Ocurrencias argentinas

Cuando enfrentan problemas internos, los gobiernos tienen la mala costumbre de buscar enemigos externos para desviar la atención de los ciudadanos. El recurso es antiguo pero sigue vigente. En 1982, en un intento de dotarse de legitimidad popular, la Junta militar argentina invadió las islas Malvinas. Le salió mal porque no esperaba una respuesta tan contundente de parte de Gran Bretaña. Treinta años después, le toca a un gobierno electo democráticamente buscar un chivo expiatorio para culparle de las turbulencias económicas que acechan Argentina. La presidenta Cristina Kirchner y su entorno peronista apuntan ahora sus baterías contra la empresa española Repsol, que es el principal productor de hidrocarburos en el Cono Sur.

Como ocurrió con los ingleses, España ha reaccionado con una firmeza inusitada cuando se enteró de la existencia de un proyecto de ley que obligaría a Repsol a ceder al gobierno argentino casi la mitad de su inversión en ese país. Según el texto filtrado a la prensa local, la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), controlada en un 57% por Repsol, sería declarada de "interés público" y, por tanto, objeto de nacionalización. El gobierno argentino compraría, a un precio por determinar, la totalidad de las acciones de YPF que posee una empresa local, Petersen Energía, lo que le permitiría ejercer el control sobre la compañía, con el 50.01% del capital.

¿Dónde está el escándalo? ¿Por qué Argentina no podría nacionalizar una industria estratégica que está en manos extranjeras? YPF es la mayor empresa del país, con 46.000 trabajadores, 1.600 gasolineras y unos yacimientos muy importantes descubiertos recientemente. Por otro lado, es también la joya de la corona para Repsol, que, al comprarla en 1999, se convirtió en el octavo productor de crudo del mundo. YPF aporta la mitad de la producción total de Repsol, casi la mitad de sus reservas y un tercio de su beneficio bruto. Una expropiación, incluso parcial, pondría en peligro el funcionamiento de la compañía española. Además, se trataría de un cambio unilateral de las reglas del juego que atenta contra la seguridad jurídica exigida, con razón, por las empresas extranjeras para invertir en un país.

Ante lo que consideran como una actitud hostil hacia España, por lo menos tres ministros del gobierno conservador de Mariano Rajoy han hecho declaraciones contundentes. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha calificado el asunto de "agresión". Y, para otro ministro, "Argentina se va a convertir en apestado internacional" si no rectifica. Todos los partidos políticos, con excepción de los comunistas de Izquierda Unida, han reaccionado de la misma manera. Hasta la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y se ha decantado claramente a favor de Madrid.

Las autoridades argentinas están desconcertadas por esa condena unánime. No la esperaban. La presidenta Cristina Kirchner y sus ministros guardan silencio. La prensa oficialista ha escogido una extraña estrategia de defensa, que consiste en desmentir la existencia del proyecto de nacionalización de YPF. Se trataría de un texto fabricado por la oposición. ¿Con qué objetivo? No se sabe. El proyecto, que circula en internet, tiene 18 páginas, 62 artículos y refleja perfectamente el pensamiento del gobierno peronista. La nacionalización de YPF sería, además, parte de una estrategia política para hacer frente a la crisis que amenaza a Argentina después de un largo periodo de bonanza. Los populistas en el poder van a necesitar recursos para financiar sus redes clientelares y mantener la paz social, como lo está haciendo Hugo Chávez en Venezuela con PDVSA.

Ahora bien, la filtración del proyecto de ley a la prensa podría complicar la nacionalización de YPF. No sería sorprendente que la propia Repsol tuviera algo que ver con esa maniobra. El momento escogido para reventar el asunto no podía ser más perfecto. Ocurrió cuando Cristina Kirchner se preparaba a viajar a la Cumbre de las Américas de Cartagena, donde no podía llegar con semejante escándalo en la maleta. España ha pedido a varios de los participantes en esa reunión que tomen una posición pública sobre el asunto. Entre ellos Colombia y México, que tiene una participación de cerca del 10% en Repsol. Además, el 17% de YPF pertenece a fondos de Estados Unidos, que se sumará sin duda a la condena generalizada. Cristina Kirchner lo va a tener difícil.