Jueves, 29 de Septiembre de 2016
01:28 CEST.
Opinión

Guatemejor

Que un general retirado ganara una elección presidencial en Guatemala era ya algo insólito. Pero lo más sorprendente fue que, en su toma de posesión el 14 de enero, ese militar recibió el apoyo de la inmensa mayoría de los líderes de opinión del país. Una frase del nuevo presidente, parece haber tocado una fibra sensible en una sociedad que intenta sanar las heridas del conflicto interno que ensangrentó el país durante treinta años (1966-1996): "Sueño con que la mía sea la última generación de la guerra y la primera generación de la paz en Guatemala".

El optimismo desatado por la llegada al poder del general Otto Pérez Molina, contrasta con los ataques que le dedicaron sus adversarios antes de las elecciones. El militar, retirado del Ejército desde el año 2000, fundó el Partido Patriota (PP, conservador) y estuvo muy cerca de llegar a la presidencia de la República en su primer intento, en 2007. Perdió en la segunda vuelta contra el socialdemócrata Álvaro Colom, después de una campaña de difamación que lo presentó como un "genocida" por su actuación militar contra la guerrilla en las zonas indígenas del altiplano. Un escritor estadounidense llegó, incluso, a publicar un libro donde le acusaba de haber sido uno de los autores intelectuales del asesinato, en 1998, del obispo Juan José Gerardi, un reconocido defensor de los derechos humanos.

Hay otra versión de la biografía del general, más apegada a la realidad. Combatió la guerrilla en los años 80, apoyó la destitución del presidente Jorge Serrano, que intentó un autogolpe en 1993 sobre el modelo del peruano Fujimori. El entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León, fue designado democráticamente para terminar el periodo de Serrano y escogió a Pérez Molina para dirigir el Estado Mayor Presidencial. Y, en diciembre de 1996, el general firmó los acuerdos de paz con la guerrilla en representación del Ejército. O sea, el militar retirado no es un demócrata improvisado.

¿Qué ha pasado entre las elecciones de 2007 y las de 2011 para que el supuesto genocida se transformara en el único candidato cualificado para curar las dos enfermedades que corroen el país, una criminalidad desatada y un altísimo índice de pobreza? Pasaron varias cosas. Primero, la gestión de su antecesor, Álvaro Colom, fue un desastre, entre otros motivos por la actuación de su esposa, Sandra Torres, que administró sin la más mínima transparencia los fondos millonarios destinados a los programas sociales. Una parte de esos subsidios fue derivada, ilegalmente, a la financiación del partido oficial y a la promoción de la primera dama, que quería suceder a su marido en el poder. Como la Constitución prohíbe la candidatura de familiares del presidente, la pareja optó por el divorcio, en un intento desesperado por eludir la ley. Los magistrados rechazaron esa pantomima, y el partido oficial se quedó sin candidato.

Los adversarios de Pérez Molina perdieron toda credibilidad a raíz de ese incidente. El camino se despejó para el general retirado, que pudo dedicarse a la presentación de su programa en lugar de defenderse de las campañas negras sobre su pasado. No cabe la menor duda de que sus propuestas de "mano dura" para luchar contra la criminalidad le granjearon el apoyo de la mayoría de los guatemaltecos, agobiados por una de las tasas más altas de violencia en el mundo. En ese país de apenas 14 millones de habitantes, mueren cada día 16 personas a manos de los mareros o de los narcotraficantes, o sea, mucho más que en los años de guerra. Otro militar retirado, Mauricio López Bonilla, que hizo buenas migas con la izquierda después del conflicto, dirigirá el ministerio de Gobernación. Le tocará coordinar la actuación de la policía con las tropas de élite del Ejército para luchar contra los narcotraficantes, especialmente Los Zetas y el cártel de Sinaloa, que controlan varios departamentos del país (entre el 20% y el 30% del territorio nacional).

Según el nuevo presidente, la lucha contra la criminalidad y la violencia no puede limitarse a matar delincuentes. Implica también una reforma de la justicia —el 98% de los crímenes queda en la impunidad— y un gran esfuerzo a favor de la inclusión social. El 53% de la población vive en la pobreza y el 50% de los niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica. Nadie espera que Pérez Molina resuelva esos enormes problemas en cuatro años, pero muchos guatemaltecos necesitan creer que, con un poco de buena voluntad, se podrá mejorar algo en lugar de retroceder.