Martes, 27 de Septiembre de 2016
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Opinión

Corrupción de alto vuelo

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Los franceses aún no se lo acaban de creer. El ex presidente Jacques Chirac, que ocupó el palacio del Elíseo durante doce años (1995-2007) y goza todavía de una gran popularidad en su país, acaba de ser condenado a dos años de cárcel por malversación de fondos públicos. Con la excepción del mariscal Pétain, que fue juzgado en 1945 por colaboración con los nazis, ningún jefe de Estado francés había sido llevado ante un tribunal hasta ahora. A pesar de la diferencia sustancial entre los dos casos —Chirac ha sido sentenciado por actos cometidos en su época de alcalde de París (1977-1995)—, el fallo del Tribunal de París es histórico porque desacraliza a una figura intocable y abre la puerta a una modificación del artículo 67 constitucional que garantiza la inmunidad absoluta del presidente de la República durante su mandato.

Los jueces de instrucción y los tres magistrados de la sala 11 del Tribunal Correccional de París tienen mucho mérito: se empeñaron en llevar el proceso hasta el final, pese a la decisión de la fiscalía de retirar los cargos en septiembre pasado. Chirac y los otros inculpados, entre los cuales figura un nieto del general Charles de Gaulle, condenado a tres meses de prisión, estuvieron a punto de librarse de la acción de la justicia. El ex alcalde de París estaba acusado de haber permitido la creación de 21 empleos municipales ficticios, entre 1992 y 1995, para pagar sueldos a miembros de su partido, el Reagrupamiento por la República (RPR, predecesor de la Unión por un Movimiento Popular, que hoy encabeza Nicolas Sarkozy). El daño para la administración pública había sido cuantificado en 2,2 millones de euros (unos 3 millones de dólares), que han sido devueltos el año pasado por el propio Chirac y su partido.

La defensa se escudó en las deficiencias de la antigua ley de financiamiento de los partidos políticos para justificar esas prácticas. El tribunal, en cambio, considera que "Jacques Chirac propició la confusión entre la administración territorial y el partido político [y] faltó a la obligación de probidad que pesa sobre las figuras públicas encargadas de la gestión de fondos o bienes que les son confiados". Los jueces admiten, sin embargo, que el ex mandatario "no se enriqueció personalmente". Este atenuante y otras consideraciones —la edad del acusado, de 79 años, su estado de salud deficiente y "sus eminentes responsabilidades como jefe de Estado"— llevan al tribunal a dictar una pena de cárcel suspendida.

Chirac no pisará la cárcel y no tuvo que asistir a su juicio, lo que le salvó del calvario de enfrentar las numerosas cámaras presentes en el tribunal en el momento del veredicto. Se trata finalmente de una condena simbólica —y demasiado tardía, dicen algunos—, pero puede ser también el inicio de una nueva relación entre los políticos y los ciudadanos franceses, que no habían encontrado hasta ahora un cauce judicial para pedir cuentas a sus dirigentes. Francia está lejos todavía de la rendición de cuentas tal y como existe en Estados Unidos, donde Richard Nixon o Bill Clinton —el primero más que el otro— han vivido en carne propia el rigor de las reglas democráticas.

Los franceses están tomando medidas drásticas contra la corrupción en política. Pocas horas antes del fallo contra Chirac, un tribunal de apelación confirmó y agravó una condena dictada contra el ex primer ministro socialista Pierre Mauroy, también por un viejo asunto de empleo ficticio. Un golpe a la derecha, otro a la izquierda. En todos los partidos se cuecen habas, pero hay diferencias abismales entre los 27 países de la Unión Europea. Mientras los europeos del norte son implacables, los del sur son demasiado tolerantes con los pillos. Además de Grecia, donde la corrupción es un modo de vida, España no es un ejemplo de transparencia. Tanto el Partido Popular (conservador), como los socialistas o los nacionalistas catalanes, están regularmente sacudidos por escándalos que copan las portadas de los medios. Y ahora el lodo salpica a la Familia Real a raíz de una investigación sobre el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, que habría recurrido al tráfico de influencias a gran escala con varias administraciones del país.

"¿Cuándo seguiremos los pasos de Francia?", se preguntaban muchos españoles en el ciberespacio y en los programas de radio después del anuncio de la condena de Jacques Chirac. Muy pocos, sin embargo, confían en que esto ocurra a corto plazo, y menos aún desde que un miembro de la Familia Real está en la picota.