Jueves, 14 de Diciembre de 2017
15:56 CET.
Colombia

Falsas víctimas

Seis años después de haber conseguido una condena internacional del Estado colombiano por una matanza cometida en 1997 con la complicidad del Ejército, el pequeño pueblo amazónico de Mapiripán acapara de nuevo las portadas de la prensa en estos días. Y lo hace a su pesar, a raíz del escándalo desatado por las revelaciones de una de las supuestas víctimas sobre la manipulación del caso por parte de un grupo de abogados dedicados a la defensa de los derechos humanos. En su afán por debilitar al Gobierno, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo infló el número de muertos de 6 a 49 y logró, en 2005, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Bogotá a pagar indemnizaciones por más de tres millones de dólares a las familias de las víctimas.

El escándalo estalló la semana pasada de la mano de Mariela Contreras, que era objeto de una investigación de la Fiscalía. Esa mujer de 65 años aseguró que los abogados la engañaron cuando los fue a ver en su desesperación por encontrar a dos de sus seis hijos. "Yo nunca dije que mis hijos estuvieran muertos, yo les dije que estaban desaparecidos". Y también les contó que su marido había sido asesinado por paramilitares, pero en otras circunstancias y en otro momento. Varios años después, Mariela se encontró con sus hijos. Uno de ellos había estado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tenían entonces mucha presencia en la zona de Mapiripán. "Lo traje a Bogotá y lo presenté ante el Colectivo de Abogados y les dije aquí está mi hijo, ellos se mostraron sorprendidos". Ella les preguntó "cuál era el paso a seguir". Le contestaron que no moviera nada.

Ahora, Mariela Contreras tiene miedo. Teme represalias y que se le exija el reembolso de la cuantiosa indemnización que compartió con su familia. En cualquier caso, ella es víctima de la violencia y puede argumentar que actuó de buena fe, a diferencia de sus abogados. El caso de Mapiripán ha agudizado el debate sobre la instrumentalización de los derechos humanos por parte de las FARC a través de organizaciones legales, como ese colectivo de abogados, que reciben recursos del exterior y tienen excelentes conexiones internacionales para organizar campañas, en general bastante exitosas, contra el Estado colombiano.

Le toca al Estado defenderse, y la mejor defensa consiste a poner orden en la casa, como lo ha hecho en los últimos años, con la desmovilización de más de 30.000 paramilitares, responsables de crímenes atroces. Y también con el castigo ejemplar a los miembros del Ejército que han cometido atropellos. En el caso de Mapiripán, un general y dos coroneles fueron condenados a penas de 40 años de prisión por haber permitido la actuación de unos 80 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que sometieron el pueblo a cinco días de violencia, en julio de 1997. Cuando el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, el Gobierno colombiano aceptó su responsabilidad.

Lo más sorprendente ocurrió, sin embargo, ante los tribunales colombianos, que condenaron al jefe de la brigada regional, el general Jaime Humberto Uscátegui, a pesar de la ausencia total de pruebas en su contra. Como lo contó a principios de octubre la excelente revista Semana, ese general fue víctima de una maniobra del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en contubernio con el coronel Hernán Orozco, que comandaba la base más cercana a Mapiripán y, él sí, facilitó los movimientos de los paramilitares. A cambio de declarar en contra de su superior, el coronel Orozco consiguió el apoyo de los abogados para obtener un salvoconducto y salir a Estados Unidos, donde sigue viviendo.

El ex guerrillero Gustavo Petro, que fue senador y acaba de ganar la alcaldía de Bogotá, ha resumido esta aberración jurídica en el transcurso de un debate que organizó en 2006 en el Congreso. "Orozco está libre porque una ONG de izquierda le ayudó a salir del país con tal de que atestiguara contra Uscátegui. A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión nacional e internacional, la condena del general que la del que verdaderamente había propiciado la masacre". Esto habla muy mal de la justicia colombiana y de algunas organizaciones de derechos humanos, que no dudan en confabularse para fabricar víctimas y culpables según las necesidades políticas del momento.

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