Miércoles, 13 de Diciembre de 2017
02:18 CET.
Opinión

Derechos humanos y partidismo

La confusión entre la defensa de los derechos humanos y la política partidista está llevando al descrédito a muchas de las organizaciones que dicen luchar contra los abusos de poder y los malos tratos en América Latina. El descalabro es especialmente notorio en Argentina, donde se creía que la asociación Madres de Plaza de Mayo y su presidenta, Hebe de Bonafini, habían tocado fondo con el escándalo de corrupción que implica a su exapoderado, Sergio Schoklender. Esta semana han aflorado nuevas acusaciones que involucran a las Madres con una estructura para canalizar la financiación ilegal del partido oficial. Lo que explicaría, según la oposición, los intentos desesperados del Gobierno de Cristina Kirchner para desactivar el caso judicial e impedir así revelaciones dañinas a un mes de las elecciones generales.

Es probable que nada pueda impedir la reelección de la actual presidenta, que domina claramente el panorama político argentino ante una oposición dividida e incapaz de hacer sombra al peronismo oficial. A la Casa Rosada no le conviene, sin embargo, que se ventilen en la plaza pública las tropelías de sus aliados más cercanos, menos aún si pertenecen al sector de los derechos humanos, su principal bandera política. Desde la llegada al poder, en 2003, de Néstor Kirchner y luego de su esposa Cristina, las combativas Madres de Plaza de Mayo dejaron atrás su independencia y se transformaron en un puntal del Gobierno. No hay una manifestación oficialista donde no esté Hebe de Bonafini, micrófono en mano, para defender a los Kirchner, ya sea en la guerra contra los medios críticos, como el grupo Clarín, o en los conflictos con los agricultores o los jueces.

Para recompensar esa lealtad, el Gobierno invierte 300 millones de dólares en un proyecto de viviendas de las Madres a favor de familias sin recursos. Hebe de Bonafini, cuyos dos hijos fueron víctimas de la dictadura militar (1976-1983), confía la gestión a un extraño personaje, Sergio Schoklender, que pasó 15 años en la cárcel por haber matado a sus padres a golpes en 1981. Esa relación materno filial con un parricida pertenece a la vida privada de Bonafini, pero no así el mal manejo de las finanzas del proyecto de viviendas. El Gobierno cierra los ojos y la fiscalía archiva las denuncias que le llegan. Las Madres son intocables. Y cuando estalla finalmente el escándalo, a raíz de una denuncia pública de la oposición, las autoridades intentan controlar los daños y arropan a Hebe de Bonafini, a pesar de la sospecha sobre un posible desvío de fondos públicos de parte de su hija para la compra de un apartamento.

Sergio Schoklender es el culpable ideal, que permite deslindar a las Madres de toda responsabilidad, pero se rebela y recurre al chantaje porque él también quiere beneficiarse del paraguas de los derechos humanos. Y lo más probable es que lo logre, porque amenaza con revelar las pruebas de una supuesta financiación ilegal del partido en el poder. Acaba de contar ante una comisión del Congreso que un funcionario de la Secretaría de Inteligencia le había pedido, de parte de la Presidencia de la República, que guardara silencio hasta las elecciones. A cambio, obtendría la garantía de que la fiscalía archivaría el caso contra él.

Ciertas o no, las acusaciones de Schoklender son un claro indicio de que la más prestigiosa organización de derechos humanos de América Latina ha caído en manos de individuos sin escrúpulos y de políticos con una agenda totalmente ajena a las demandas iniciales de las Madres de Plaza de Mayo, que lucharon por conocer el paradero de sus familiares desaparecidos. Lo mismo pasa en otros países del continente, especialmente en Colombia y Guatemala, donde la defensa de los derechos humanos se ha transformado en una actividad lucrativa y en un trampolín político, además de un aparato de venganza para ajustar cuentas de conflictos pasados.

En Guatemala, por ejemplo, hemos visto cómo un hombre que había hecho toda su carrera en la defensa de los derechos humanos, Edgar Gutiérrez, se convirtió de un día para el otro en jefe del servicio de inteligencia del presidente Alfonso Portillo (2000-2004), acusado de haber matado, en 1982, a dos estudiantes mexicanos al calor de una discusión y actualmente detenido en su país, a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos por blanqueo de fondos públicos. Todo muy edificante.

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