Lunes, 18 de Diciembre de 2017
00:36 CET.
'Jornada Mundial de la Juventud' católica

Intolerantes

Primero, fueron los vándalos de la periferia de París. Luego, los bárbaros de Londres. Y ahora tenemos a los intolerantes de Madrid. La misma agresividad, las mismas frustraciones, aunque con un grado infinitamente menor de violencia en España. Los ingleses saquearon e incendiaron cientos de tiendas, mientras los madrileños se limitan en esos días a hostigar e insultar a los peregrinos —más de un millón, según los organizadores— que han llegado de todos los continentes para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) con el papa Benedicto XVI. ¿Qué les pasa a las sociedades europeas, que van dejando el debate de ideas por el alboroto callejero?

Con una tasa de desempleo superior al 40% —dos veces más que en Inglaterra—, los jóvenes españoles han aguantado porque, a diferencia de lo que pasa en otros países, muchos viven con sus padres hasta los 30 años cumplidos. Parecían resignados, hasta el surgimiento, en mayo pasado, del movimiento de los Indignados, inspirado por un panfleto, algo demagógico, del intelectual francés Stéphane Hessel. Hicieron una acampada, multitudinaria e ilegal, en la Puerta del Sol para llamar la atención y, además, pasárselo bien. Denunciaron a políticos y banqueros, pero evitaron atacar al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, al que otros sectores de izquierda acusan de haber tomado medidas "neoliberales" a favor de los empresarios.

Llegó Benedicto XVI, que no tiene ninguna responsabilidad en la crisis económica, y se armó la de Troya. Varias organizaciones marginales, incluyendo los Indignados, vieron una oportunidad para ventilar tantas frustraciones acumuladas. Pagaron inocentes por pecadores. La emprendieron contra los jóvenes que se habían adelantado al Papa y se paseaban en grupos por las calles de Madrid, con la indumentaria del peregrino: pantalones cortos, camiseta amarilla y mochilita con las siglas de la JMJ. "Dame tu mochila, que la he pagado yo con mis impuestos", les increpaban algunos energúmenos, convencidos de que el Estado había financiado el evento. Las agresiones subieron de tono en el transcurso de una manifestación convocada para denunciar el uso de fondos públicos.

De nada sirvieron los desmentidos de las autoridades y de la Iglesia. El Estado aporta el dispositivo de seguridad, con más de 10.000 policías, y se encarga de las tareas de limpieza. Es la práctica habitual para los grandes acontecimientos. Así se hizo el año pasado cuando la selección española celebró su victoria en el Mundial de fútbol en el centro de la capital. Y así se hace cada año para el Orgullo Gay, celebración que, esa sí, recibe subsidios públicos. Los organizadores de la JMJ han dejado claro que el presupuesto del evento, unos 70 millones de dólares, está financiado por los propios participantes y por una aportación sustancial del sector privado. Es cierto que hay otros gastos que corren a cargo del erario público, como el alojamiento de miles de peregrinos en los colegios y la ayuda al transporte. En cualquier caso, según los cálculos más conservadores, esas jornadas dejarán un beneficio de más de 100 millones de dólares para la economía de la capital, y a esto se debe que casi 1.500 restaurantes hayan decidido hacer descuentos a los peregrinos.

En cualquier caso, era obvio desde el inicio que las protestas contra la visita papal tenían muy poco que ver con el uso de fondos públicos, y sí mucho con la obsesión anticatólica de un sector de la población española, minoritario pero ruidoso. Se trata de una extraña mezcla que reúne a ateos militantes, a algunos curas opuestos al Vaticano, a los restos del viejo Partido Comunista y a varias organizaciones gays, como el grupo Transmaricabollo que, según el diario El País, "agrupa a los miembros del Movimiento (de los Indignados) dedicados a la defensa de la libertad sexual".

Esos resabios anticlericales de la guerra civil, que ha terminado hace más de 70 años, no tienen gran cosa que ver con la sociedad española de hoy, pero siguen envenenando el clima político. En julio pasado, el 72% de los españoles se declaraba católico, pero sólo el 13% iba a misa cada domingo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, que depende del Gobierno. Hace algo más de un año, entró en vigor la nueva ley del aborto, que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin justificación médica. Las parejas homosexuales pueden casarse y adoptar niños. El Vaticano y la Iglesia española han sido derrotados y no hay vuelta atrás. Quizá, no sería mala idea la de preocuparse ahora por la creación de empleos, en lugar de perseguir a peregrinos por las calles de Madrid.

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