Martes, 12 de Diciembre de 2017
01:53 CET.
Argentina

Ensañamiento humanitario

Se acabó hace mucho tiempo la época gloriosa de Amnistía Internacional, cuando movilizaba a decenas de miles de ciudadanos comunes y corrientes para denunciar la represión en cualquier rincón del planeta, sin que importara la ideología del opresor. Hoy, ese ejército de voluntarios ha sido desplazado por grupos supeditados a una agenda política y movidos por intereses económicos. Es particularmente obvio en América Latina, donde han proliferado. Además de Colombia y Guatemala, Argentina es el paradigma de esa perversión, como lo está demostrando la actuación penosa de dos de las más prestigiosas organizaciones del continente, las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.

A lo largo de tres décadas, las Madres y las Abuelas realizaron una tarea encomiable. Primero, con su lucha contra la dictadura militar en Argentina (1976-1983) y, más adelante, con su campaña a favor de la reunificación familiar de los hijos de los "desaparecidos", arrancados a sus padres y entregados ilegalmente en adopción. Los problemas empezaron hace más de diez años, con la deriva totalitaria de una de sus pioneras más conocidas internacionalmente, Hebe de Bonafini, que se enamoró de repente de los líderes represores y de las causas más impresentables, desde Fidel Castro a los terroristas vascos o a los autores de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York —"Sentí alegría", comentó entonces en La Habana, donde estaba de visita.

La carrera de Bonafini, de 82 años, ha tocado fondo con las recientes revelaciones sobre su extraña relación materno filial con Sergio Schoklender, un parricida de 53 años que estuvo en la cárcel y está ahora bajo investigación por el supuesto desvío de cuantiosos subsidios públicos destinados a financiar un proyecto de viviendas de las Madres. Lo peor, sin embargo, ha sido la alianza política que Bonafini selló con los esposos Kirchner cuando éstos llegaron al poder en 2003. A partir de esa fecha, las Madres y, en menor medida, las Abuelas se ponen al servicio del Gobierno peronista, que usa los derechos humanos como arma arrojadiza en contra de sus adversarios, y especialmente en contra del poderoso grupo de prensa Clarín.

Cristina Kirchner acaba de perder una importante batalla en su guerra contra la principal accionista de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, de 85 años y viuda del fundador del grupo. La presidenta apoyaba ruidosamente una demanda de las Abuelas, que exigían el cotejo del ADN de los dos hijos adoptivos de la dueña de Clarín con los perfiles genéticos de las familias de varios desaparecidos. Con el regreso de la democracia en 1983, las Abuelas de Plaza de Mayo emprendieron la búsqueda de unos 500 niños nacidos en cárceles clandestinas, donde sus padres fueron asesinados, y dados en adopción a parejas cercanas a los militares. Hasta hoy, 102 menores han sido devueltos a sus familias biológicas, y las Abuelas estaban convencidas de que las pruebas genéticas permitirían encontrar a los verdaderos padres de Marcela y Felipe Noble Herrera, ambos de 34 años.

Los resultados, anunciados hace unos días, revelan sin embargo que el ADN de los dos hermanos no es compatible con ninguna de las 57 familias con nietos que pudieron haber nacido el mismo año que ellos, en 1976. Es una gran decepción para las Abuelas y un varapalo para el Gobierno, que usaba ese caso para ajustar cuentas con Clarín a unos pocos meses de las elecciones. Las declaraciones hechas semanas antes a la BBC por un apparatchik de los Kirchner, un periodista llamado Orlando Barone, son reveladoras y preocupantes: "El Grupo Clarín no podrá seguir existiendo si los resultados [de las pruebas de ADN] son positivos". Queda claro que el objetivo del Gobierno no era la reunificación familiar, sino la destrucción de un medio incómodo.

Además de las Abuelas, otras organizaciones, como la Asociación Argentina de Juristas y el Instituto Espacio para la Memoria, que viven de la industria humanitaria, no se dan por vencidas y exigen que no se cierre el caso. Quieren más pruebas, con otras familias. Esto es ensañamiento y persecución política. Los hermanos ya fueron coaccionados para someterse a varios exámenes genéticos —una ley de 2009 obliga tanto a los imputados como a las víctimas de la represión a entregar su ADN—. ¿Dónde quedan los derechos de dos adultos que están felices con su familia adoptiva? Es inaudito que un Gobierno, con el apoyo de sectores afines, pueda obligarles a buscar a sus padres biológicos.

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