Cuban Prisioners Defenders (CPD), junto con la Fundación para la Democracia Panamericana y el Foro Patmos, presentó este lunes en la sede de Fundación Transición Española, en Madrid, un procedimiento especial de denuncia al régimen cubano ante las Naciones Unidas por "expatriaciones forzosas masivas" que en los últimos seis meses han escalado de forma alarmante.
Las organizaciones demandantes inscriben estas expatriaciones dentro de "gravísimos hechos constitutivos de horribles violaciones de los derechos humanos, absolutamente aberrantes, inhumanas y degradantes, con gravedad que requieren de un tratamiento urgente por ocurrir actualmente y debido a sus efectos irreversibles sobre familias enteras".
En un extenso y fundamentado informe, CPD identifica dos grupos de víctimas: los que denomina "Expatriados Forzosos", ya fuera de la Isla, y los "Amenazados con la Expatriación Forzosa". De ambos la organización ha obtenido no solo la localización de 77 de estos casos, sino la completa declaración jurada de una gran mayoría.
Los casos han sido recopilados en tan solo 11 días por lo que representan solo una pequeña parte de todos los expatriados que han salido de Cuba en las mismas condiciones que detalla la denuncia.
Para los demandantes "es evidente que se trata de algo que está sucediendo a escala masiva y alarmante en la actualidad en Cuba y que es imperativo detener".
CPD concluye que "los casos se producen por cientos cada año, y que el acumulado ha afectado a miles de activistas de derechos humanos, periodistas independientes, artistas contestatarios, religiosos y otros grupos pacíficos organizados, pero que la cantidad de aquellos que no pertenecen a estos grupos, y de los que nadie tiene noticia, pueden alcanzar varias veces la cantidad que se deduce por este estudio".
Entre los testimonios de 35 "expatriados forzosos" que recoge el informe aparecen nombres como Eliécer Góngora Izaguirre, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), uno de los casos más extensamente fundamentados; Daniel Llorente Miranda, el opositor que estuvo meses en el Hospital Psiquiátrico de Mazorra por correr delante de un desfile del Primero de Mayo en la Plaza d la Revolución con una bandera de EEUU.
También aparecen José Lino Asensio López, Ramón Arbolaez Abreu, Yaneisy Santana Hurtado, Onelia Alonso Hernández (FANTU); Joanna Columbié Grave de Peralt, activista del movimiento Somos+; Raúl González Manso y Niurcy Acosta Pacheco, miembros del proyecto Amigos de la Rosa Blanca; Lianelis Villares Plasencia, activista y miembro del Instituto PATMOS; Félix Yuniel Llerena López, de CubaDecide y otras organizaciones, por solo citar algunos.
Amenazados con la expatriación forzosa existen numerosos casos, pero en el informe de Cuban Prisioners Defenders están documentados 42, entre los que destacan la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler; Leticia Ramos, Mayelin Peña Bullain, Gladys Capote Roque y otras mujeres, también del grupo opositor femenino; Jorge Cervantes, Ovidio Martín Castellanos y Zaqueo Báez, de la UNPACU; el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, hasta alcanzar casi la media centena.
El informe señala como presuntos autores de las violaciones de derechos humanos y responsables políticos a la alta jefatura del Estado, por un lado, con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a la cabeza, y por otro a funcionarios al frente de los Ministerios implicados (Interior, Transporte y Justicia).
Pactos violados
En su argumentación, CPD señala que los hechos denunciados son competencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puesto que quebrantan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que La Habana es firmante y ha ratificado; la Convención de los Derechos del Niño, de la que Cuba es firmante y ha ratificado; y los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Sociales y Culturales.
Estas violaciones a los diferentes artículos de cada pacto y convenio están descritos y justificados jurídicamente en el informe.
Además, recoge un dictamen independiente de un abogado y notario en ejercicio que ha tomado declaración jurada a una muestra de los expedientes y fundamenta las violaciones a la legislación internacional de aviación comercial en casos específicos.
"Si bien esto ocurría de forma sistemática pero selectiva desde hace años, es desde hace seis meses aproximadamente que el Gobierno de Cuba lo está ejecutando de forma masiva e indiscriminada contra todo este colectivo, con el propósito de no aumentar la lista de presos políticos y eliminar a los activistas, usualmente a los más valiosos, obligándoles a expatriarse, pero impidiéndoles a la gran mayoría de ellos salir con sus hijos y familiares, y relegándolos al destierro sin sus hijos menores, padres, cónyuges, hermanos y cualquier familiar o allegado", añaden los denunciantes.
Para CPD, "aunque la persecución en sí es suficientemente grave, hacerlo de la manera indicada significa que el nivel de impunidad y ferocidad con el que se persigue a dichos activistas es un crimen de Estado concreto, asilable, tipificable y que traspasa todos los límites de crímenes que pueden ser considerados como de lesa humanidad, por los que la legislación y organizaciones supranacionales deben actuar a la mayor celeridad, tras estudiar y comprobar los hechos" documentados.
Aclara que "por motivos diversos y ante la urgencia de presentar el caso por su gravedad, solo una parte de ella han podido, además, acceder al formulario de declaración online que permite tabular sus violaciones de derechos: 26 de entre los expatriados, y 30 de entre los amenazados, un total de 56 casos".
Procedimientos de actuación del régimen
En el informe se describe los métodos de actuación del régimen para silenciar las voces contestaras, entre ellas una "feroz y concentrada persecución y violencia sobre los activistas de derechos humanos más efectivos; coacciones y presiones a los familiares; ofrecimientos de pagar los pasajes de salida en caso de dejar la Isla, dotarles de cierto dinero, y, solo en casos excepcionales, a los familiares a que abandonen Cuba de por vida junto con el activista".
También identifica la "obligatoriedad de abandonar la organización de derechos humanos de forma pública; eliminación repentina de la prohibición de viaje al extranjero; y por último expulsiones forzosas y directas".
El procedimiento especial abierto por Cuban Prisioners Defenders, que "cumple todos los requisitos jurídicos necesarios para ser admitida a trámite por las Naciones Unidas y, en primer término, por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos" ha sido enviado ya a Ginebra a la Oficina que hoy dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet".