Martes, 25 de Junio de 2019
Última actualización: 01:53 CEST
Derechos humanos

La presión diplomática logra la liberación del prisionero político Hugo Damián Prieto

Hugo Damián Prieto. (CUBAN PRISONERS DEFENDERS/TWITTER)
El documento de su liberación. (CUBAN PRISONERS DEFENDERS)

El prisionero de conciencia Hugo Damián Prieto Blanco, líder del movimiento de derechos humanos Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), fue excarcelado este viernes, informó Javier Larrondo, de Cuban Prisoners Defenders.

"Su liberación ha sido resultado de la presión diplomática y de la solidaridad", dijo Larrondo a DIARIO DE CUBA, y aseguró que "estamos muy contentos".

Prieto Blanco fue excarcelado bajo lo que el régimen denomina "suspensión de medida", que equivale a que ha cumplido su sanción íntegra.

En declaraciones a Martí Noticias, el opositor explicó que fue amenazado tras salir de la cárcel. "Me dejaron caer amenazas de que el Primero de Mayo no me van a trancar, pero sí me van a rodear (la vivienda) porque hay convocatoria para la plaza; que esté tranquilo con mi gente, que ya no coja más las calles", contó.

En un informe sobre su caso dado a conocer en marzo, Cuban Prisoners Defenders advirtió del riesgo que corría la vida del activista, aquejado de una dolencia cardíaca para la que no recibió la atención médica necesaria, y que se agravó en la prisión.

En el informe jurídico se indica que Prieto Blanco ha sido sometido a más de 210 detenciones sin cargos en apenas seis años, una de ellas de tres meses de duración, y todas con innumerables violaciones de sus derechos y el uso de violencia física en su contra.

Según ese informe, finalmente el activista fue detenido el 3 de diciembre de 2018, y el régimen le celebró un juicio sumario bajo los cargos de "peligrosidad social predelictiva", figura legal usada por las autoridades cubanas que permite condenar sin delito.

Tras un proceso amañado, Prieto Blanco fue condenado a un año de trabajos forzados.

"Acusamos al Gobierno de Cuba de ser responsable de cualquier situación que le ocurra en su confinamiento, así como le exhortamos a devolverle su libertad", puntualizó Cuban Prisoners Defenders.

A raíz de ese llamado, señaló Larrondo, se produjeron "acciones diplomáticas al más alto nivel con el Gobierno de Cuba."

Entre ellas, la de Javier Nart, vicepresidente del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) del Parlamento Europeo, quien dirigió una carta al embajador de Cuba ante la Unión Europea interesado por la situación de Hugo Damián.

Javier Nart comparó en su misiva la condena por "peligrosidad social predelictiva" con la Ley de Vagos y Maleantes de la época franquista, que proviene de la República de Azaña, y que Franco usó para meter en prisión a todos los que no eran afectos al régimen.

"En Cuba se utiliza de forma idéntica para mantener a miles de presos políticos, o con medidas cautelares, anónimos, porque no están protegidos, no saben a quién acudir", señaló Larrondo.

"Ha sido una labor muy ardua", indicó Larrondo acerca de las gestiones diplomáticas, puntualizando además que todas se hicieron con bajo perfil. "Esas gestiones se están haciendo sin luces y sin taquígrafos."

Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción para recabar información sobre la situación y promover la liberación de todos los presos políticos cubanos.

Gracias a la colaboración de todos los grupos de oposición de la Isla y los familiares de los presos políticos, esta organización mantiene actualizadas semanalmente las listas de presos de conciencia, condenados de conciencia, presos políticos y presos más longevos en las cárceles del régimen cubano.

Varios grupos e instituciones internacionales han presionado al régimen cubano para que cese la represión contra los activistas pacíficos y periodistas. 

Hace apenas dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para los periodistas de DIARIO DE CUBA Manuel Alejandro León Velázquez, Osmel Ramírez Álvarez, Adriana Zamora García y sus familias, por considerar que sus derechos a la vida y la integridad personal "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia".

Esta semana, la propia CIDH hizo lo mismo con el preso político Edilberto Arzuaga Alcalá, debido a que "no estaría recibiendo atención médica oportuna tras 85 días de huelga de hambre".