La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al preso político Edilberto Arzuaga Alcalá, debido a que "no estaría recibiendo atención médica oportuna tras 85 días de huelga de hambre".
La resolución 23/2019, que certifica la medida cautelar número 81-19, solicita al Estado cubano "la adopción de las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida y la integridad personal".
Una vez que recibió la solicitud de intervenir en el caso, la CIDH solicitó información sobre el caso al Estado cubano el 22 de febrero de 2019, pero a la fecha no recibió respuesta de las autoridades.
Arzuaga Alcalá es un activista de UNPACU que fue condenado a prisión el 24 de diciembre de 2018, luego de un supuesto juicio sumario donde lo condenaron a 14 meses de prisión.
Tras su detención, el activista entró en huelga de hambre, pero la policía política hostigó a su familia, en especial a su hijo menor de edad, tras lo cual Arzuaga Alcalá abandonó la huelga.
Sin embargo, tras ese periodo quedó con diversas secuelas de salud y no recibió la atención médica necesaria para su recuperación.
El 15 de marzo, Arzuaga Alcalá fue trasladado a la prisión Santa Isabel, en Camagüey, desde donde denunció las pésimas condiciones de internamiento, además de que lo obligaban a hacer trabajos forzados, en una llamada telefónica a UNPACU.
Después de ese día, las autoridades del penal le prohibieron hacer llamadas y amenazaron al resto de los reclusos con prohibir las suyas si Arzuaga Alcalá lograba hacer alguna denuncia. Esto último provocó animadversión hacia el activista, que sufrió agresiones y amenazas.
Hasta el día de hoy, no se tienen noticias de Arzuaga Alcalá, que desde el 15 de marzo no tiene contacto con el exterior.
En su última comunicación, además, señaló que su situación de salud había empeorado.
La CIDH recordó que las medidas cautelares se deciden para "situaciones que son graves y urgentes, y en las cuales tales medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a las personas".
Advierte que la situación de Arzuaga Alcalá "se enmarcaría dentro del clima de hostilidad, persecución y hostigamiento que generalmente existe en contra de los defensores de derechos humanos en Cuba, particularmente respecto de aquellos que habrían manifestado su oposición al actual régimen".
Recuerda que más de 85 días después de abandonar su huelga de hambre, la situación de salud del preso político es decononocida y lamentó "la falta de respuesta de parte del Estado".
La Comisión solicitó al Gobierno cubano que informe sobre las acciones adoptadas para proteger la integridad física de Arzuaga Alcalá. La Habana no suele responder a este tipo de reclamos.