Martes, 19 de Marzo de 2019
Última actualización: 01:55 CET
REPRESIÓN

Las detenciones políticas en Cuba se duplicaron en febrero, confirma la CCDHRN

Tropas especiales de la Policía. (CUBANET)

Las detenciones por motivos políticos en Cuba ascendieron a 310 en febrero, en comparación con las 144 de enero, denunció la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) en su informe mensual publicado este miércoles.

Según el grupo opositor, antes del referendo constitucional celebrado el pasado 24 de febrero, tuvo lugar una "gran movilización" de las fuerzas policiales y parapoliciales, capaces de ejercer "represión preventiva e intimidación" sobre los ciudadanos clasificados como desafectos o no simpatizantes del Gobierno cubano.

Asimismo, cita como dos nuevos casos de presos políticos los de Yasser Rivero Boni, de La Habana, y Salvador Reyes Peña, de la provincia de Matanzas, arrestados en la capital cubana los días 10 y 16 de febrero, respectivamente, e internados en prisiones de alta seguridad.

En su lista de presos políticos actualizada el pasado diciembre, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que encabeza el opositor Elizardo Sánchez citaba entre 130 y 140 personas internadas en alguna de las 150 prisiones y campos de internamiento de la Isla.

En el nuevo balance mensual de la CCDHRN también denuncia "48 actos de hostigamiento y 12 agresiones físicas", acciones represivas que habrían sido ejecutadas u orquestadas por la Policía política.

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional es el único grupo que registra este tipo de incidentes dentro de la Isla. En 2018, contabilizó 2.873 detenciones que considera arbitrarias, en su mayoría de carácter temporal, para un promedio de 240 por mes.

En febrero de 2018 ocurrieron 347 arrestos de activistas, 37 más que las cuantificadas por la organización opositora en el mismo mes de este año.

De entre esos acontecimientos, sobresale la ofensiva contra UNPACU en Santiago de Cuba, que los mantuvo asediados durante semanas, e incluyó arrestos, allanamientos y agresiones físicas, y el acoso a diversos observadores electorales independientes que intentan hacer valer un derecho recogido en la Ley electoral del país.