Domingo, 24 de Marzo de 2019
Última actualización: 04:46 CET
REPRESIÓN

Viven albergadas y el régimen las declara ilegales: la tragedia de cuatro Damas de Blanco

Un albergue de damnificados. (AFP)

Después de la catástrofe provocada por el tornado que azotó varios municipios de La Habana, las autoridades aprovechan para arremeter contra los "ilegales", personas que no están anotadas en el Registro de Direcciones con que el régimen controla a cada cubano.

Por esa razón, cuatro integrantes de las Damas de Blanco podrían quedarse en la calle con sus hijos debido a esta situación, según denunciaron las afectadas a Radio Martí.

"La revolución no da refugio a los contrarrevolucionarios", así dijeron las autoridades a las Damas de Blanco, que tras haber perdido sus viviendas por derrumbes, se refugiaron en albergues estatales.

El viernes fue citada a la estación de Policía de Calabazar, en la capital, la Dama de Blanco Lizabeth Cuevas, a quien el jefe de sector de su localidad amenazó con enfrentar un proceso legal si no abandonaba el refugio de forma voluntaria.

"Tú estás ilegal. Si no sales a las buenas, sales a las malas, con una multa de 500 pesos y a tribunales", contó Cuevas, madre de tres hijos, que le había amenazado el funcionario policial.

De igual manera procedieron con la activista Maité Alfonso y con Yarebis Alcántara, albergadas en el mismo local.

"Para ellos yo estoy ilegal", señaló Alcántara, quien lleva casi dos años en el albergue. También le dijeron "que si no salía por las buenas me iban a meter presa o a sacarme por las malas", recalcó.

En el mes de diciembre, la también activista Tania Anaya fue desalojada a la fuerza de un albergue en La Habana Vieja.

"Esperaron que todas las Damas se fueran para romper el candado. Me rodearon agentes de la Seguridad, policías, hasta una ambulancia", explicó Anaya a Radio Martí.

Debido a que no han podido hacer el cambio de dirección desde que se les derrumbaron sus casas, las cuatro Damas de Blanco son calificadas como ilegales y carecen de libreta de abastecimiento. Por esa razón, las autoridades que procesan los casos afectados por el desastre, toman ventaja para represaliarlas.