Una parte importante de la sociedad venezolana apuesta por el inicio inmediato de una transición liderada por la Asamblea Nacional en la persona de su presidente, el diputado Juan Guaidó. Un proceso que debe depurar las instituciones copadas por el autoritarismo, en especial el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo, y guiar al país hacia un Estado de derecho.
La transición, que debe pasar por la inevitable salida del país de Nicolás Maduro y el círculo que le acompaña en su dedicación de reprimir y empobrecer a sus conciudadanos, así como la conformación de un Gobierno provisional de unidad y reconciliación nacional, pareciera ser la única solución política interna que le queda a los venezolanos.
Atrás quedan los diálogos Gobierno-oposición, patrocinados entre otros por José Luis Rodríguez Zapatero, que han sido una burla a los ciudadanos, de la que siempre ha salido ganando el régimen. Hoy es una vía solo defendida por un grupo reducido de gobernantes, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, quien se escuda detrás de la Doctrina Estrada para no criticar la represión, a la vez que apoya a su socio del Socialismo del Siglo XXI. Por su parte, un adelanto electoral sería un error si antes no se oxigenan las instituciones, en especial el ente electoral.
Sin embargo, Maduro parece no entender la complejidad de su situación ni quiere ceder; ha subido la agresividad de su discurso y continúa reprimiendo, encarcelando y matando a ciudadanos que solamente ejercen su derecho a la libre manifestación.
Igualmente, al negarse a recibir asistencia extranjera, sigue condenando a los venezolanos al hambre, la escasez de medios básicos de subsistencia y medicinas. Un panorama que atenta contra la integridad física y moral de millones de venezolanos y que está a punto de abrir la puerta a una posible intervención humanitaria.
Ciertamente, esta no es una opción popular, sin embargo, pareciera tomar fuerza y sentido en las últimas semanas. Más allá de su oportunidad y efectividad, variables que también se deben tener en cuenta ante este tipo de medidas, cabría preguntarse si se dan las causales que justificarían una acción como esa.
Repasando el magisterio de San Juan Pablo II en esta materia, encontramos que en un discurso el 5 de diciembre de 1992 en la apertura de la Conferencia Internacional sobre Nutrición de la FAO, el papa polaco se refirió a la existencia de situaciones como la ausencia de paz (por guerras nacionales o conflictos internos) o la existencia de una justicia escarnecida, que hacen que poblaciones enteras corran el gran peligro de no poder satisfacer sus necesidades de nutrición y se condene a civiles sin defensa a morir de hambre. Para el papa, este tipo de situaciones haría que se convirtiera en "obligatoria la injerencia humanitaria". Esta intervención estaría justificada por la existencia de una profunda crisis social que afectara la subsistencia de la generalidad o de una parte significativa de la población, víctimas de situaciones como las que se mencionan.
El otro supuesto fue desarrollado el 16 de enero de 1993 en un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede; tiene que ver con la existencia de tiranos, asesinos y represores: en estos casos señala que, "una vez que se han intentado todas las posibilidades ofrecidas por las negociaciones diplomáticas y los procesos establecidos por las convenciones y las organizaciones internacionales y que, a pesar de ello, las poblaciones corren el riesgo de sucumbir a causa de los ataques de un agresor injusto, los Estados ya no tienen el 'derecho a la indiferencia'. Parece más bien que su deber es el de desarmar a ese agresor, si todos los otros medios se han mostrado ineficaces".
Y cierra esta idea con una frase que no da lugar a la duda: "Los principios de la soberanía de los Estados y de la no injerencia en sus asuntos internos —que conservan todo su valor— no pueden, sin embargo, constituir una pantalla detrás de la cual se tortura y se asesina".
El Gobierno de Nicolás Maduro, producto de la implementación de un sistema económico fracasado y de la escandalosa corrupción, ha provocado una crisis humanitaria alarmante, tanto desde el punto de vista alimentario como sanitario en Venezuela, que afecta a la mayor parte de la población, provocando grandes movimientos migratorios hacia los países vecinos, adquiriendo el problema una dimensión regional.
Por otro lado, los niveles de violencia y represión política ejercidos por Maduro son escandalosos. La propia ONU en 2017 condenó el "uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva" durante las protestas y responsabilizó al régimen de la muerte y tortura de decenas de manifestantes.
Entre los días 23 y 24 de enero de 2019 fueron asesinadas 26 personas por parte de las fuerzas represivas de Maduro, y otros tantos han sido detenidos y torturados.
En todo caso, pareciera que la represión violenta por parte del régimen irá creciendo en la medida en que se vea más acorralado y carente de apoyos internacionales. De ser así, la situación debería hacer que otros Estados comiencen a pensar en una forma de intervenir humanitariamente, para garantizar la vida humana, la paz y el orden en Venezuela.