Domingo, 17 de Febrero de 2019
Última actualización: 00:23 CET
represión

Las autoridades carcelarias del régimen usan a reclusos violentos para reprimir, denuncia un exprisionero

El Combinado del Este, prisión de alta seguridad en La Habana. (AFP)

La utilización de reclusos violentos dentro de las cárceles cubanas es un método para paliar la necesidad de funcionarios de orden interior, denunció desde Camagüey el exprisionero político Virgilio Mantilla Arango a Martí Noticias.

El entrevistado dijo que, "para quitarse la responsabilidad", los oficiales penitenciarios "le han dado una especie de autoridad" a los reos que él llama "paramilitar", ya que "son más guardias que los mismos guardias", afirmó.

Mantilla Arango, líder del grupo opositor Unidad Camagüeyana, explicó que lo narrado lo vivió en carne propia en la prisión conocida como Kilo 9.

"Ellos, fielmente, como si fueran militares, son los que nos mandan a formar, los que nos ponen en firme, los que llevan los presos al comedor (...) y les van a pagar 200 pesos, dentro de lo penal, por este trabajo", relató Mantilla Arango.

"Los guardias no quieren trabajar por la pésima vida que llevan ahí, por la corrupción", señaló Mantilla Arango.

Los miembros de los temidos Consejos de Reclusos, tienen todos características similares. "Grandes, fuertes, tienen que ser violentos, tienen que haber entrado (a prisión) por lesiones, por muertos, y están autorizados a dar golpes, a partir cabezas, y no pasa nada", aseveró el expreso político.

La responsabilidad, denunció Mantilla Arango, recae directamente en la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios.

"Todos los problemas que se dan en la prisión, de agresiones, de puñaladas, de muerte, son propiciados por la misma dirección de prisiones. Ningún preso tiene que tener autoridad sobre otro preso", concluyó Mantilla Arango.

El reciente caso de un detenido que fue "asesinado" por guardias en una unidad policial de Placetas, Villa Clara, fue "solo una ventana a la matanza sistemática en los calabozos de Cuba desde hace casi seis décadas", denunció en esa ocasión la organización Archivo Cuba y advirtió que los "asesinatos extrajudiciales de presos" persisten en la Isla.

La organización, que "documenta la pérdida en vidas y la explotación humana" por parte del régimen cubano, se refirió así al caso de Alejandro Pupo Echemendía, de 46 años, fallecido el 9 de agosto pasado.

Precisó que se trata de "509 ejecuciones extrajudiciales, 22 muertes en huelgas de hambre, 312 muertes por falta de tratamiento médico o razones de salud, y 107 suicidios o supuestos suicidios", de los cuales "muchos podrían ser asesinatos extrajudiciales".

"Esta dramática cuenta incluye mujeres y menores", advirtió Archivo Cuba.

"La gran mayoría de las muertes de reclusos no se reportan, pero se piensa que las víctimas suman cientos cada año", indicó la organización. Recordó que el Gobierno "no permite monitoreo o acceso por parte de organizaciones independientes de derechos humanos, silencia a los testigos y familiares de las víctimas y persigue a los defensores de los derechos humanos".

Añadió que se calcula existen "alrededor de 500 instalaciones penales que, aparte de las cárceles más conocidas, incluyen campos de trabajo forzado, correccionales e instalaciones especializadas para menores, personas con SIDA, prostitutas y militares".