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Tribunales

El abogado Julio Ferrer pide una respuesta al Consejo de Estado sobre su demanda al canciller Bruno Rodríguez

Una funcionaria de esa entidad le dice que 'no tienen jurisdicción ni facultad para transmitir eso a Raúl Castro'.

La Habana

El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo acudió este miércoles a las oficinas de Atención a la Población del Consejo de Estado a indagar sobre el estado de su demanda contra el canciller Bruno Rodríguez.

La funcionaria que lo atendió y que dijo ser abogada, le informó a Ferrer Tamayo que "habían decidido enviar la documentación y solicitar una atención especial a esta demanda de parte del presidente del Tribunal Supremo Popular", explica el jurista a DIARIO DE CUBA.

"Cuando le expresé que la Justicia ya se había pronunciado y correspondía única y exclusivamente al presidente del país hacer un pronunciamiento sobre este particular, esta funcionaria admitió que ellos no tenían jurisdicción ni facultad para transmitir eso a Raúl Castro", agregó Ferrer Tamayo.

"Yo les dije que si era así entonces ese organismo (Consejo de Estado) era una ficción. Ello demuestra el doble rasero de las autoridades cuando hablan en la nota enviada a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de que existe esta institución, entre otras, donde todos los ciudadanos pueden acudir si ven violados sus derechos", ripostó Ferrer Tamayo.

Este abogado independiente entabló una demanda ante los tribunales contra el canciller Bruno Rodríguez Parrilla por "perjuicio y daño moral" al considerar que el Ministerio de Relaciones Exteriores brindó información "no veraz" sobre su persona a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2016 solo tres meses después que la sede de Cubalex, donde Ferrer trabajaba, fuera allanada.  

Ferrer Tamayo exige del canciller cubano una retractación pública.

Anteriormente, el abogado solicitó en dos ocasiones al Ministerio de Relaciones Exteriores una rectificación, pero en ambas ocasiones la cancillería evadió su responsabilidad y remitió el escrito a la Fiscalía General y al Ministerio de Justicia, respectivamente.

En la nota enviada a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la diplomacia del régimen señala que Ferrer estaba "circulado por el Tribunal Provincial de La Habana por no presentarse a cumplir una sanción de cinco años de privación de libertad (…) por los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos".

Califican además a todo el equipo de abogados del proyecto Cubalex como "vulgares delincuentes comunes bajo el ropaje de defensores de derechos humanos".

En su pedido de rectificación a las autoridades Ferrer Tamayo hace notar que no estaba circulado por Tribunal alguno, que solo fue acusado de falsificación de documentos públicos y condenado a tres años de cárcel en "un proceso sumamente amañado e ilegal donde se le impidió autodefenderse".

Ferrer ha subrayado a DIARIO DE CUBA que en esta demanda contra este alto funcionario del régimen intenta "demostrar cómo las autoridades cubanas mienten todo el tiempo a organismos internacionales sobre asuntos internos sobre todo en relación con violaciones de derechos humanos hacia sus ciudadanos".

Por su labor de asesoramiento a la sociedad civil y por tratar de defender a su esposa la abogada presa Marienys Pavó Oñate, Ferrer Tamayo ha estado preso en dos ocasiones y aún se encuentra impedido —debido a su última sanción— de salir del país.

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