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Represión

'Violación del cerco', multas, detenciones al sol: el castrismo amplía su 'repertorio' represivo

La destrucción del opositor es la garantía del resto de las destrucciones: la de la libre empresa, la de la familia, la de la fortuna de la nación, la de los derechos ciudadanos.

La Habana

El pasado 23 de julio de 2017 Lourdes Esquivel Vieyto iba a asistir, como cada domingo, a misa en la iglesia de Santiago de las Vegas, en el municipio de Boyeros, donde nació y reside. También como cada domingo, un operativo concentrado alrededor de su casa la detuvo en su propósito y la llevó a la estación de la Policía de Santiago de las Vegas. No salió en libertad hasta el día siguiente. Recibió una multa de 100 pesos "por violación del cerco", precisamente el cordón de la Policía y la Seguridad del Estado que no podría haber evadido aunque hubiera querido, porque el número de agentes y la constitución física de Lourdes, de 56 años y abuela de cuatro nietos, lo habrían hecho imposible.

Dos semanas antes, "el domingo 9 de julio, me habían tenido en una patrulla cuatro o cinco horas en la loma del Cacahual (…). Los policías estuvieron a la sombra, debajo de una mata, y no fue hasta que llegó uno de los que dirige la persecución contra nosotras y les dijo que me soltaran, que ellos me soltaron. Todo ese tiempo estuve en carro con las ventanillas cerradas y cuando saqué un abanico para echarme fresco, me lo quitaron".

Lourdes Esquivel es Dama de Blanco. Esta es la historia que se repite cada domingo para las integrantes del movimiento cuando salen de su casa para dirigirse a misa, su actividad característica.

El 20 de marzo de 2016, el día que llegó a Cuba en visita oficial el entonces presidente estadounidense Barack Obama, fue, según Berta Soler, "el último día que las Damas de Blanco llegaron a la iglesia. Después de eso, hacemos la tentativa saliendo de nuestras casas o de la Sede Nacional de las Damas de Blanco, pero nunca logramos llegar".

El procedimiento seguido contra Lourdes Esquivel es parte del repertorio de asedio y tortura de que disponen la policía política contra las miembros del Movimiento, comenta Berta Soler. "Cuando no las llevan al calabozo, las mantienen en carros patrulla al sol, con los cristales cerrados. En lugares apartados para que no sean visibles. Varias veces se lo han hecho a Cecilia Guerra Alfonso, Iris Llerandi, Daisy Artiles del Sol. A mí me lo hicieron dos veces el sábado 22 de julio. Me detuvieron porque decían que había una orden de que yo no podía salir de aquí, de la sede. Me tuvieron al sol primeramente una hora más o menos dentro de la patrulla con todas las puertas cerradas y las ventanillas subidas, y ellos, las y los guardias, afuera. Y la segunda vez me tuvieron una hora y media, casi dos horas, esta segunda vez no me tuvieron al sol, pero sí estaba cerrada completamente. Sobre las multas, en estos últimos dos meses a casi todas las Damas de Blanco le han puesto algunas".

Otras organizaciones relacionadas con la lucha por la libertad de los presos políticos cubanos, reunidas en la Campaña #TodosMarchamos, han denunciado de manera sistemática la imposición de multas, la prisión ulterior por no pagarlas y el confinamiento en vehículos cerrados al sol.

Según el exprisionero de conciencia Ángel Moya, miembro de la campaña y esposo de Berta Soler, "encerrar a las mujeres en vehículos y exponerlas al sol es una práctica común de los militares cubanos contra las Damas de Blanco. También contra los activistas de derechos humanos en general. Yo mismo fui víctima de eso el pasado 20 de julio, cuando la misa por Oswaldo Payá. Nos arrestaron a Berta y a mí al salir de la sede sobre las 3:30pm, y a mí me tuvieron casi dos horas encerrado en una patrulla al sol en Vía Blanca. Berta pudo asistir pero yo no".

La imposición de multas, no solo injustificadas sino acompañando acciones represivas y vejatorias por parte de la Seguridad del Estado o la Policía, puede tener también como consecuencias que, una vez vencidos los términos legales para su pago, el activista vaya a prisión.

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha sufrido con especial intensidad esta manera particular de agresión. Semanas atrás, Carlos Amel Oliva Torres, líder del Frente Juvenil de la UNPACU, comentó a DIARIO DE CUBA el caso de Tomás Núñez Magdariaga, de 66 años, quien sufrió una injusta prisión de seis meses por una multa impuesta por su actividad política. En vísperas de salir en libertad, el pasado 25 de julio, lo sancionaron nuevamente a cuatro meses de prisión, esta vez por una multa que nunca existió, como pudieron corroborar sus familiares en las oficinas de control correspondientes en Palma Soriano.

Otros dos miembros de la UNPACU, Jesús Sánchez Romero y Alexis Rodríguez Chacón, están amenazados con la cárcel. El monto que tiene pendiente de pagar Jesús Sánchez asciende a cerca de 9.000 pesos, pero luego de la última detención le comunicaron que el total a pagar se había duplicado.

"Yo estaba filmando un acto de violencia policial y alguien se los comunicó. Alguien de ellos mismos, pues la presencia policial en Santiago de Cuba por estos días es enorme. Me golpearon, me ahorcaron, me hicieron de todo. Me decomisaron una cámara y me llevaron para una celda de la Segunda Unidad, aquí en Santiago. Allí estuve detenido 72 horas y al salir me multaron nuevamente con 150 pesos. Eso fue el día 16 de julio. Me dijeron que todas las multas estaban duplicadas, que yo no iba a hacer una más. Que iba para la prisión. Yo y Alexis, los dos".

Alexis Rodríguez tiene pendientes de pago 5.030 pesos. "Esa cantidad se concentra en unas seis multas. Una de ellas es de 2.000 pesos. Pero ahora me dicen que la cantidad se ha duplicado, entonces debo tener por pagar unos 10.000 pesos".

La destrucción del opositor político y del defensor de derechos humanos es un objetivo prioritario del castrismo. Es la garantía del resto de sus destrucciones: la de la libre empresa, la de la familia, la del patrimonio, la de la fortuna de la nación, la de los derechos ciudadanos. El repertorio y la disponibilidad de recursos para su ejercicio son enormes y el fin es el quiebre moral y la extinción física del activista. Los procedimientos son todos ilegales, precisamente porque en la consecución de semejante "cerco" es que el castrismo se consagra como tiranía.

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